Opinión
El tema de las empresas públicas requiere de serias definiciones en el futuro. Si bien las actuales entidades han ratificado la conveniencia de que mantengan su condición, se ha abierto un debate que debe ser resuelto, tanto en el programa de Gobierno del Presidente Boric, en las proposiciones actuales de algunos de sus partidarios y en la derrotada propuesta de la Convención en que se planteó la creación de nuevas empresa estatales, como podrían ser en la producción de litio, hidrógeno verde, un Banco Nacional de Desarrollo y otras actividades no muy definidas. Las nuevas orientaciones de la Corfo deben considerar que en el futuro se está pasando de la Industrialización hacia el mundo digital, si el país quiere recuperar su desarrollo y elevar su productividad promoviendo nuevas actividades y emprendimientos.
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se creó en 1939 por una ley que generó una cran controversia en el Parlamento, a causa de la resistencia de los sectores tradicionales que se oponían a una mayor intervención del Estado en la vida económica. Sin embargo, el terremoto de Chillán en 1938 facilitó su aprobación, ante la necesidad de mayores recursos fiscales para enfrentar la tragedia. Este último hecho se sumó a las crecientes presiones originadas por la Segunda Guerra Mundial, que provocó la necesidad de sustituir importaciones ante las dificultades especialmente del transporte marítimo.
Las iniciativas de la Corfo fueron fundamentales para la industrialización de Chile que marcó el Desarrollo Económico del país. En esta fase son fundamentales la creación de algunas empresas estales tales como ENDESA (electricidad), ENAP (petróleo), CAP (acero), IANSA (azúcar de remolacha), SOQUIMICH (salitre), ENTEL (telefonía) y otras. Estas empresas fueron creadas como entes autónomos, en el sentido que tenían leyes propias, con su designación del directorio y el sistema de Gobierno interno, patrimonio y capacidad de endeudamiento individual. Estas entidades generaron uno de los factores básicos del progreso nacional durante más de tres decenios.
Con la dictadura cambió la estrategia económica y social del país. La meta pasó a ser “darle espacio al sector privado”, reduciendo el papel del Estado que había caracterizado las décadas precedentes, tanto como productor como regulador de los mercados. En este proceso hubo diferentes fases: la primera fue devolver a los dueños las firmas que habían sido intervenidas y expropiadas durante la fiebre de la Unidad Popular, para después intentar vender otras a los interesados.
Pero las más grandes administradas por años por el Estado conservaban su eficiencia. Para ellas fue necesario un plan especial ante la carencia de recursos fiscales: el uso de diversos instrumentos en el período 1985-1990, en que el proceso fue encabezado por Hernán Büchi, tal como lo relata María Olivia Monckeberg en su libro El saqueo (2015).
El “capitalismo popular” permitió a los asalariados anticipar su indemnización por años de servicios, para la adquisición de acciones de su empresa y obtener créditos con la garantía de sus títulos. Además, las AFP adquirieron acciones de las empresas privatizables y participaban en las designaciones de los directorios de estas entidades. Según el historiador Rafael Sagredo, se trató de un proceso “poco trasparente”, mediante el cual dejaron de ser estatales la CAP, ENDESA-Chilectra, SOQUIMICH, ENTEL, CTC, LAN y otras. La principal crítica que se ha realizado es que los nuevos propietarios en muchos casos fueron los principales ejecutivos que estaban a cargo de las entidades, quienes aprovecharon la información y manejo, además de crear condiciones para facilitar su control patrimonial; los casos más conocidos fueron SOQUIMICH-Pampa Calichera (Julio Ponce Lerou) y ENDESA-Chilectra (José Yuraszeck y Chispitas).
Solo quedaron en el Sector Público ENAP, CODELCO, ENAMI, BECH, TVN, Metro, FFCC y algunas más pequeñas. Para estas últimas la Corfo creó un comité especial, el Sistema de Empresas Públicas (SEP), que las agrupó para facilitar normas más comunes, administración, fusiones y concesiones. Sin embargo, en estos casos se cumple una función básicamente administrativa, no de crear una empresa que dé origen al desarrollo de un sector productivo o iniciativas innovadoras.
El tema de las empresas públicas requiere de serias definiciones en el futuro. Si bien las actuales entidades han ratificado la conveniencia de que mantengan su condición, se ha abierto un debate que debe ser resuelto, tanto en el programa de Gobierno del Presidente Boric, en las proposiciones actuales de algunos de sus partidarios y en la derrotada propuesta de la Convención en que se planteó la creación de nuevas empresas estatales, como podrían ser en la producción de litio, hidrógeno verde, un Banco Nacional de Desarrollo y otras actividades no muy definidas.
En estas proposiciones está presente la creencia de que los recursos del Estado no tienen escasez ni usos alternativos y el desconocimiento de las tendencias mundiales y locales en que el papel del Estado se trasladó desde la creación de empresas fiscales a la regulación de los mercados imperfectos, que en Chile todavía muestran serias ineficiencias. Sin embargo, la añoranza de ese pasado de la creación de grandes empresas está presente en la institución creando ilusiones que perturban la misión central del fomento productivo.
Además, las nuevas orientaciones de la Corfo deben considerar que en el futuro se está pasando de la Industrialización hacia el mundo digital, si el país quiere recuperar su desarrollo y elevar su productividad promoviendo nuevas actividades y emprendimientos.
