Opinión
Este 2022 ha sido clave para la política comercial de Chile. El gobierno del Presidente Boric heredó dos procesos en estado avanzado. Estos, con sus luces y sombras, marcaron la agenda: el CPTPP y la modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el caso del primero, el acuerdo se encontraba firmado y en pleno trámite legislativo, mientras que el segundo se encontraba en un estado avanzado de negociaciones luego del fallido intento del gobierno anterior de acelerarlas y cerrarlas durante su mandato, sin sopesar en lo que se estaba cediendo. En este contexto, el gobierno dio un giro importante. De ahora en adelante, en la evaluación de los acuerdos se priorizará la defensa de la autonomía estratégica del Estado para definir políticas a favor de la sustentabilidad y el cambio productivo.
Si bien el comercio exterior no es un ámbito de mi atención diaria, sí tiene mi preocupación permanente por su directa relación con el sector agropecuario, alimentario y forestal, así como sobre la vida rural y la gente de la región que represento y de gran parte del país.
Terminando este año 2022, quiero destacar que en materia de política exterior y política comercial internacional este fue un año de importantes cambios en beneficio del país. En efecto, este año tuvimos un importante logro en la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto del caso del Río Silala, al terminar el año los EE. UU. confirman la permanencia de la visa waiver para los chilenos. Asimismo, se aprobó en el Senado el tratado CPTTP (TPP 11) y la Cancillería viene de depositar la ratificación de éste en Nueva Zelandia, y la Canciller Urrejola y el Subsecretario Ahumada cerraron formalmente las negociaciones para el acuerdo de modernización del tratado con la Unión Europea, el Acuerdo Marco Avanzado.
He sido crítica a los TLC; el único tratado que he votado a favor es el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2003. Como Diputada y como Senadora voté en contra el CPTPP, no vi que en el acuerdo firmado nuestros intereses estuviesen plenamente asegurados. No soy contraria al libre comercio, por el contrario, un país como el nuestro necesita de éste para su desarrollo. No obstante, si estos procesos de apertura no se hacen bien, el costo para el país puede ser muy alto.
Siempre he pensado que al mismo tiempo de negociar y firmar un TLC se deben diseñar e implementar las medidas de compensación a los sectores más desfavorecidos y apoyar su reconversión o mejorar su competitividad. Se requiere una política de modernización, reconversión y competitividad sectoriales que nuestro país no ha desarrollado ni fuerte ni sistemáticamente. Lo que ha hecho Chile en esta materia ha sido muy insuficiente.
Sin entrar en detalles, el ejemplo de nuestro sector agrícola es evidente. Se han beneficiado los sectores orientados a la exportación como la fruticultura, las carnes blancas, los vinos y la agroindustria, que son importantes, sin duda, pero no son la mayoría ni están en todo el territorio. Por su parte, la agricultura productora de alimentos, orientada al mercado nacional, realizada básicamente por pequeños y medianos agricultores, se ha visto desfavorecida o desprotegida, sin que tampoco haya podido reconvertirse por falta de medios. Hoy importamos carne, trigo, arroz, maíz, leguminosas, aceite, etc. Tenemos miles de hectáreas sin cultivar y cada día importamos más. No hemos desarrollado sustantivamente la capacidad de modernizar y mejorar la competitividad de estos sectores desplazados o en rezago.
Sin una política de desarrollo de la capacidad productiva nacional no saldremos adelante. Este tema lo conversé varias veces con el gran senador Gabriel Valdés, quien me decía que el problema no son los TLC sino la falta de política de desarrollo de la producción nacional para hacer buen uso de ellos.
Por ello, quisiera señalar que este año en materia de política comercial internacional, se antepuso la mirada de autonomía estratégica de Chile, en claro contraste con el gobierno anterior.
En efecto, este año 2022 ha sido clave para la política comercial de Chile. El gobierno del Presidente Boric heredó dos procesos en estado avanzado. Estos, con sus luces y sombras, marcaron la agenda: el CPTPP y la modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el caso del primero, el acuerdo se encontraba firmado y en pleno trámite legislativo, mientras que el segundo se encontraba en un estado avanzado de negociaciones luego del fallido intento del gobierno anterior de acelerarlas y cerrarlas durante su mandato, sin sopesar en lo que se estaba cediendo.
En este contexto, el gobierno dio un giro importante. De ahora en adelante, en la evaluación de los acuerdos se priorizará la defensa de la autonomía estratégica del Estado para definir políticas a favor de la sustentabilidad y el cambio productivo. Este gobierno analizó los acuerdos en negociación y elaboró estrategias bajo este nuevo prisma. Algunos críticos han planteado que se perdió tiempo o que las estrategias no generaron resultados. Sin embargo, durante este año observamos importantes logros en los objetivos planteados.
En primer lugar, tal como han planteado la ministra Urrejola y el Subsecretario Ahumada (y como han mostrado la experiencia internacional e importantes académicos en el mundo), los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados son utilizados por las multinacionales como una forma de frenar las políticas y regulaciones ambientales. Tal como se ha demostrado, la impredecibilidad e inconsistencia del sistema disuade a que los Estados impulsen sus regulaciones. Ello, incluso ante meras amenazas de demandas, sabiendo que iniciar este tipo de litigios puede terminar en resultados de altísimo costo para el Fisco.
Por esta razón, para el desarrollo del país es fundamental la estrategia de la Subrei orientada a buscar proactivamente reformas a estos mecanismos. Estas reformas, sin embargo, no solo deben circunscribirse al CPTPP; también deben impulsarse en otros acuerdos en que el país está sometido a tribunales ad-hoc. Con ese propósito, me alegro que se haya seguido la estrategia de las side letters que, aunque no se han logrado ampliamente si se ha obtenido el compromiso de Canadá y Australia para reformar el capítulo de inversiones en el acuerdo bilateral y en el CPTPP; también ha logrado una side letter con México que aborda tanto la suspensión del capítulo de resolución de controversias inversionista-Estado del CPTPP como del acuerdo bilateral; acordó una side letter con Malasia para suspender el obsoleto acuerdo de protección de inversiones (API) con dicho país; y comprometió otra con Nueva Zelandia, suspendiendo el mecanismo del CPTPP. Lo anterior, junto al reemplazo de los 15 Acuerdos de Protección de Inversiones con países europeos por un nuevo acuerdo con la UE, es el camino por el que debemos avanzar. Chile, como país mediano inserto en la economía global, debe ser un actor clave que aglutine y coordine esfuerzos de países con intereses similares.
Complementariamente, también debe resguardarse la autonomía estratégica de las restricciones que imponen los acuerdos comerciales. Como mencioné anteriormente, en su fallido intento por cerrar las negociaciones con la UE, el gobierno anterior aceptó restricciones a las políticas públicas que iban más allá de lo aceptable y que este Gobierno debió subsanar. En el caso del litio, el estratégico mineral de Chile, el gobierno anterior aceptó fuertes restricciones a las políticas productivas que Corfo lleva adelante hace dos gobiernos, incorporando entonces insólitas prohibiciones para que el Estado solicite a inversionistas extranjeros invertir en I+D, mientras que en lo relativo al sector farmacéutico se habían expandido los horizontes de protección hacia nuevas entidades biológicas.
Gracias al trabajo de este 2022 ha sido posible resguardar el espacio de políticas públicas y frenar esas exigencias de la contraparte. Ello permitirá que Chile siga avanzando en políticas productivas para que los beneficios económicos derivados de la extracción del litio se queden en mayor medida en las comunidades del país y no mayormente en las empresas internacionales.
El año 2023, luego del proceso de revisión jurídica, traducción y otros aspectos, se deberá firmar el nuevo Acuerdo Marco Avanzado con la UE, el que será el tratado más moderno que Chile tendrá, y probablemente para la UE también, lo que nos dará la gran oportunidad de desarrollar nuestras capacidades nacionales con comercio y cooperación bajo los principios de la democracia, el estado de derecho, el libre comercio, la sustentabilidad y la equidad de género, entre otras importantes materias.
Así, el año 2023 será un año en que nuestra Cancillería siga “haciendo la pega”, y Chile podrá asumir un rol protagónico en las urgentes reformas al sistema multilateral de comercio de la OMC y en las relaciones económicas internacionales en general. Esta es una urgente reforma que debe asegurar la autonomía estratégica de los países para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo en beneficio de las personas.
