EDITORIAL
El proceso de designación de Ángel Valencia Vásquez como nuevo jefe del Ministerio Público fue un episodio de notoria desestructuración institucional, rompiéndose –de manera difícil de reparar– el principio de legitimidad de origen y transparencia que debe acompañar la elección de las altas autoridades del Estado. Esto puede traer consecuencias graves incluso para la Seguridad Nacional del país. El abogado Valencia, para lograr su designación, le mintió al Senado de la República, lo que contraviene la fe pública, la transparencia y la legalidad misma de todo el proceso. Y esto, para colmo, con el apoyo directo o indirecto, adrede o por desidia, de la ministra Tohá, del presidente del Senado y de la mayoría de los senadores en ejercicio. En Estados Unidos, Richard Nixon perdió la presidencia de la Unión cuando se comprobó que le había mentido al Senado; ni más ni menos.
Estas semanas han estado marcadas por una aceleración y desorden de las contingencias políticas, aunque también con signos de racionalidad y búsqueda de entendimientos. Ello implica cosas positivas, pero también elementos perturbadores, que impiden concretar un camino de racionalidad y diálogo, que permita gobernabilidad en un escenario difícil.
Entre los hechos positivos está la concreción de un modo dialogante entre oposición y Gobierno, para dar curso al nuevo proceso constitucional. Si bien quedan aspectos importantes por definir –muchos de ellos al interior de las propias tiendas políticas–, sus resultados finales debieran superar la experiencia fallida de la Convención Constitucional de 2022.
Pero la irresponsabilidad, desprolijidad y chapucería política, en la cuales hay mucho de inexperiencia y maximalismo por parte del Gobierno, han empantanado y torcido cuestiones y decisiones importantes.
Un caso paradigmático y preocupante fue el proceso de designación de Ángel Valencia Vásquez como nuevo Fiscal Nacional, un episodio de desestructuración institucional. Con su nombramiento, por múltiples razones, se rompió –de manera difícilmente reparable– el principio de legitimidad de origen y transparencia que debe acompañar la elección de las altas autoridades del Estado; lo que, a menos que el país busque un mecanismo de reparación y cambio, puede traer consecuencias graves incluso para la Seguridad Nacional de Chile.
Más allá de que, evidentemente, no es una persona idónea para el cargo, por múltiples motivos, sobre los cuales hasta ahora se ha escrito bastante, ya ocurrido su nombramiento se debe poner el foco en lo central: Ángel Valencia Vásquez le mintió reiteradamente al Senado de la República para lograr su designación, lo que contraviene la fe pública, la transparencia y la legalidad misma de todo el proceso. Y esto, con el apoyo directo o indirecto, adrede o por desidia, por motivos torcidos (como, pudiere ser, lograr niveles de impunidad en delitos de corrupción) o solo por inadvertencia o error, de la ministra del Interior, Carolina Tohá, del presidente del Senado (compadre del entonces postulante) y de la mayoría de los senadores en ejercicio. De nada sirvió el oportuno reclamo, previo a la votación, de las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC), que hicieron presente a la Sala del Senado la ocurrencia de las mentiras.
Al faltar a la verdad sobre su situación e intereses privados profesionales previos, negando reiteradamente la existencia de un vínculo con el exalcalde de Lo Barnechea Felipe Guevara –hoy relacionado con graves casos de corrupción pública en municipalidades del sector oriente de la capital–, en circunstancias que fue su abogado en una causa por prevaricación y que le prestó servicios profesionales por años a la Municipalidad de Lo Barnechea, mientras la dirigía el propio Guevara, tiempo en el que le emitió más de 50 boletas de honorarios, el actual jefe del Ministerio Público les asestó un duro golpe a la legalidad y la legitimidad de origen que se requieren para ejercer el cargo de Fiscal Nacional.
Lo dicho, presiona al menos tres aspectos fundamentales de la Seguridad Nacional del país. La primera es que fractura la cadena de confianza institucional y política que debe acompañar y sostener al más alto cargo del sistema de persecución penal de Chile. No es solo un problema de imagen corporativa –tanto del país como del propio Ministerio Público, incluso ante otros países y organismos internacionales– sino también la posibilidad de que esté expuesto a ser manipulado hacia todo tipo de intereses privados, ajenos al cargo. Tanto Interpol como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y gobiernos occidentales, deben haber tomado nota del gafe ético y de seguridad en su designación, en un ambiente en el cual el país ha perdido credibilidad, como quedó demostrado con los problemas en el programa Waiver de visas para Estados Unidos.
La segunda tiene que ver con el desempeño institucional del Ministerio Público. Este, por más críticas que merezca, se basa en necesarias rutinas y protocolos que no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Pese a que los planteamientos de todos los candidatos a Fiscal Nacional, incluido Valencia, estuvieron caracterizados por referencias al crimen organizado y al narcotráfico, sus rutinas deben ajustarse de manera paulatina, so riesgo de empeorar y desestructurarse aún más. Esos delitos tienen su base en la corrupción de las instituciones públicas y las instancias políticas del país. De ahí la importancia de la credibilidad y la necesidad de una gestión ordenada. La forma en que fue designado el nuevo jefe del Ministerio Público y la aparición de situaciones que lo inhabilitarían o limitarían para ejercer el cargo, instalan la legítima duda de si el país enfrenta una operación política de impunidad frente a delitos provenientes de la corrupción pública y la política. Apenas a dos días de asumir el cargo, el nuevo Fiscal Nacional descabezó 14 direcciones nacionales, no se sabe con qué criterios y para poner a quiénes. No se descabeza un Ministerio Público llegando desde la calle y en precarias condiciones de confianza.
La tercera razón es que, en las condiciones en que se llevó a cabo el proceso y los impasses de acuerdos en materia de seguridad, resulta evidente que la potencia económica del crimen organizado, con su capacidad de comprar inteligencia e información y de usar las redes políticas y financieras legales, podría aprovechar la coyuntura para permear el principal instrumento de acción persecutoria penal que tiene el Estado. De nada sirve tener leyes de resguardo de infraestructura física, Fuerzas Armadas decididas a vigilar cada centímetro del país, si la institución superior que persigue e investiga los delitos en Chile está desestructurada, opera de manera fragmentada y lenta, y carece de confianza y legitimidad porque su autoridad máxima les puede mentir impunemente a las autoridades políticas de la República. Con el agravante que tiene una durabilidad de funciones igual a dos ejercicios de gobierno completos.
En contraste, en Estados Unidos, a mediados de la década del 70 del pasado siglo, Richard Nixon perdió la presidencia de la Unión cuando se comprobó que le había mentido al Senado.
