Opinión
Una vez que se apruebe por ambas cámaras el reglamento que definirá el funcionamiento del Consejo Constitucional, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile deberán coordinar un procedimiento que, adecuándose a lo ya regulado, permita canalizar las preocupaciones ciudadanas. En ese marco, todas las universidades acreditadas deberíamos disponernos activamente para facilitar nuestras infraestructuras, capacidades operativas y humanas, para lograr la más avanzada y profunda participación que se pueda alcanzar en el acotado calendario que tendrá este nuevo proceso constituyente.
El nuevo proceso que debe llevarnos a una nueva Constitución exige a todas las instituciones que ejercen un rol público disponer de todas sus energías para facilitar el logro de un pacto constitucional que sea amplio, representativo y adecuado ante los desafíos y demandas de nuestra sociedad.
El acuerdo alcanzado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias a fines de diciembre se ha traducido en la promulgación de la Ley 21.533, que habilita un nuevo ciclo deliberativo y electoral que deberá permitir la construcción de una Carta Fundamental que supere los atávicos lastres de la institucionalidad vigente.
El acuerdo alcanzado es muy parco respecto a las posibilidades de incidencia de la ciudadanía en este proceso, más allá de la participación electoral. Sin embargo, en su artículo 153, la ley señala lo siguiente: “El reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas. Dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”.
Esta acotada mención transfiere a las universidades una enorme responsabilidad. Los procesos de transformación y cambio constitucional se juegan su viabilidad en la capacidad de legitimación social que alcancen. En ese ámbito, la implementación de mecanismos eficaces de participación constituye un elemento característico y definitorio, que hace la verdadera diferencia de una mera reforma constitucional.
El mandato de la Ley 21.533 exige que cuanto antes se empiece a diseñar un mecanismo que responsa a este mandato. Una vez que se apruebe por ambas cámaras el reglamento que definirá el funcionamiento del Consejo Constitucional, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile deberán coordinar un procedimiento que, adecuándose a lo ya regulado, permita canalizar las preocupaciones ciudadanas. En ese marco, todas las universidades acreditadas deberíamos disponernos activamente para facilitar nuestras infraestructuras, capacidades operativas y humanas, para lograr la más avanzada y profunda participación que se pueda alcanzar en el acotado calendario que tendrá este nuevo proceso constituyente.
Esta responsabilidad no se identifica con las legítimas aspiraciones de las comunidades universitarias de incidir en los debates constitucionales. Es evidente que cada universidad tiene el derecho a aportar en el debate sustantivo, haciendo las contribuciones conceptuales y políticas que considere adecuadas. Pero el mandato del legislador apunta a otro aspecto: las instituciones de educación superior deben ser facilitadoras de la participación de quienes no forman parte de sus comunidades, y ser catalizadoras de espacios de diálogo, apoyando la participación en los procesos cívicos que se programen. Incluyendo los mecanismos de iniciativa popular de norma, lo que añade complejidad a este desafío.
En ese ámbito, cabe a las universidades un rol informativo y formativo, en tanto capacitadoras para el ejercicio participativo, que no podrá desarrollarse sin una tupida red de instituciones que, desplegadas en todo el territorio nacional, puedan convocar a la diversidad de la sociedad civil chilena. Las dificultades radican en que en este momento el país vive un ciclo de desmovilización y frustración producto del rechazo a la propuesta anterior. Será necesario vencer cierta percepción instalada que afirma que es mejor no participar, ya que no se logran resultados. Esa conclusión se une a la desconfianza generalizada en la política, en los partidos y, en general, ante el Estado.
Ante este complejo panorama, las universidades ofrecen un punto de apoyo que no es despreciable. Basta recordar que la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio de 2022 señaló que los más altos porcentajes de confianza por parte de la ciudadanía los obtuvieron las universidades (54%). Este capital de confianza nos endosa a las universidades una responsabilidad que no podemos eludir y respecto de la cual debemos estar a la altura de la historia.
