Opinión
La situación de los CFT estatales, en algunos casos posiblemente agravada por falencias de gestión, parece provenir de un error de diseño grave en la política. ¿Cómo, de otra manera, se explica que 1 de cada 5 programas ofrecidos por estos centros ya existiera en la misma comuna y horario previo a su implementación? ¿Es coherente con una “alternativa real y de calidad” ofrecer lo mismo y sin ninguna acreditación?
Durante el último año, uno de los puntos frecuentes en la discusión sobre educación superior ha sido la situación de los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales. La política que estableció al menos un CFT del Estado por región fue aprobada en 2016 y se comenzó a implementar al año siguiente. En la actualidad, todas las regiones del país cuentan con este tipo de instituciones, y en lugar de hablarse de una política exitosa, las noticias son por sus problemas financieros, de oferta y la baja eficiencia en el uso de recursos.
Toda política pública debe ser evaluada en el cumplimiento de sus objetivos (su eficacia) y en los recursos que efectivamente utiliza para lograrlos (su eficiencia). La política de centros de formación técnica estatales buscaba, como se dijo en la promulgación de la ley, crear una “alternativa real, de calidad, para que los jóvenes –sea cual sea la región donde vivan– puedan cumplir sus sueños y sus metas” (Archivo MBJ, 2016). El logro de ese objetivo está en duda desde que se comenzó a implementar la ley: la baja matrícula, alta capacidad ociosa y problemas financieros de los centros estatales indican que, por un lado, no existe un interés en su oferta académica, o, por otro, ella no se encuentra situada en forma pertinente (Acción Educar, 2022).
Algunas voces del mundo político han apuntado responsabilidades en este problema: el senador Espinoza (PS) indicó que la situación ha derivado de una falta de apoyo durante la administración del Presidente Piñera (El Mercurio, 23 de enero de 2023). Ello no se condice con los datos de financiamiento: el monto de las transferencias corrientes y de capital destinado a los centros estatales durante dicho Gobierno alcanzó un promedio de 17,6 mil millones de pesos anuales, superior al de los años anteriores (Contraloría General de la República, 2021). La situación de los CFT estatales, en algunos casos posiblemente agravada por falencias de gestión, parece provenir de un error de diseño grave en la política. ¿Cómo, de otra manera, se explica que 1 de cada 5 programas ofrecidos por estos centros ya existiera en la misma comuna y horario previo a su implementación? ¿Es coherente con una “alternativa real y de calidad” ofrecer lo mismo y sin ninguna acreditación?
El hecho de que se trate de una política de educación técnica superior de carácter estatal implica que la revisión y el aseguramiento del uso eficiente de los recursos deben ser máximos. Los recursos fiscales son limitados y el país se encuentra en una crisis económica profunda. Por esto, las medidas tendientes a solucionar el problema de los CFT estatales no pueden consistir en sobreexigir la billetera fiscal, por ejemplo, destinando el gasto en su infraestructura a gasto corriente, como sugiere el presidente de la red de los centros del Estado.
Al contrario: la solución de problemas financieros, operacionales y de demanda pasa por realizar una evaluación independiente, que identifique las principales debilidades de los centros. Se debe asumir que el diseño de la política fue deficiente y que su implementación profundizó dichas fallas; que la cantidad de dinero fiscal invertida en los CFT estatales puede haber sido ineficaz y su gasto ineficiente; y que los grupos de interés formados alrededor de la implementación de la medida deben ser atendidos en su justa medida.
Luego de dicha evaluación, las medidas tomadas pueden variar en magnitud y naturaleza. Si el problema es que los centros fueron situados en lugares donde la demanda simplemente no era suficiente para hacerlos financieramente viables, entonces se les deberá trasladar a otros sectores de su región o colocar sus carreras bajo la administración de otras instituciones. Los programas redundantes, por otro lado, que repiten la oferta y ponen en riesgo la estabilidad financiera de todos los CFT de las regiones afectadas, tanto privados como estatales, deben ser examinados y su pertinencia evaluada.
De no formularse políticas para asegurar la sustentabilidad de los CFT del Estado, este problema, que surgió durante los últimos años, y que se trató en la reciente discusión del Presupuesto de la Nación, aparecerá nuevamente en los próximos períodos. La eficiencia y eficacia de las políticas públicas son objetivos clave de su diseño, y dejarlas de lado significa perder recursos fiscales que pueden ser mejor utilizados. Con todo, este proceso debe realizarse sin olvidar a los principales afectados: los estudiantes y sus familias.
