Joseph Doyle, investigador del MIT Sloan y estudio en Chile: una fórmula para mejorar la vida de niños institucionalizados

Una investigación académica dirigida por el Sloan School of Management del MIT, Estados Unidos, descubrió que el aumento de la calidad de la representación legal de los niños en régimen de acogida en Chile acelera su salida de él y mejora el bienestar infantil en general, todo ello ahorrando dinero.

Los investigadores usaron datos facilitados por Mi Abogado, un programa especializado en defensa jurídica para niños, niñas y adolescentes del ex Servicio Nacional de Menores (Sename), que mejora su representación legal al proporcionarles un abogado con una carga de trabajo reducida, junto con el acceso a un psicólogo y a un trabajador social para facilitar el acceso a los servicios sociales.

El principal autor y vocero del estudio, Joseph Doyle, es un economista estadounidense, profesor Erwin H. Schell de Gestión y codirector de Innovación en Sistemas de Salud del MIT Sloan, además de copresidente del sector de salud del Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel. Sus investigaciones se centran principalmente en la economía pública de la asistencia sanitaria y el bienestar infantil. En conversación con El Mostrador, el profesor Doyle explica los detalles y positivos resultados del ensayo realizado en nuestro país.

— Según el estudio, en Chile, los niños en hogares de acogida pasan un promedio de 3 años en esta modalidad, un 50% más que en otros países de ingresos medios y altos. En su opinión, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Cuál es el déficit del sistema jurídico chileno?

—Los resultados muestran que la mejora de la asistencia jurídica y de la gestión de los casos puede reducir el tiempo de acogida, y que tales inversiones suponen de hecho un ahorro de dinero. Esto sugiere que la mejora de la calidad de los servicios de acogida puede reducir ese tiempo de permanencia.
Existe una variación sustancial en la duración de la estancia entre jurisdicciones, incluso entre Estados de EE. UU., según las políticas y prácticas locales. Es difícil decir cuál debería ser la duración óptima de la estancia en el régimen de acogida: más tiempo implica una mayor duración de los servicios de rehabilitación familiar, como la atención de salud mental y el tratamiento farmacológico, sumado a que existe la preocupación de que los niños pasen demasiado tiempo en acogida. Una característica de nuestro estudio es que podemos examinar si un programa diseñado para reducir los trámites burocráticos y facilitar la rehabilitación familiar, acelera la salida de los niños de los hogares de acogida y mejora otras medidas de bienestar infantil.

—¿Es esta la motivación para realizar el estudio en Chile, o hay otras razones?

—Chile es un lugar muy bueno para hacer investigación, porque el país está muy avanzado en esta materia y tiene muy buenos datos que se pueden analizar. Una gran ventaja es que las medidas de bienestar infantil pueden medirse a lo largo del tiempo de formas que son inviables en otros países. Y lo que es más importante, este innovador programa que mejora la asistencia jurídica a los niños en régimen de acogida se inició de manera estructurada, lo que permite evaluarlo rigurosamente. Al hacerlo, se aprende si los programas están realmente funcionando para mejorar el bienestar infantil, lo que debería ayudar a la toma de decisiones en políticas públicas de cara al futuro.

—¿Cuáles fueron los resultados claves de los niños que participaron en el programa?

—En primer lugar, los niños que accedieron al programa se reunieron nuevamente con sus familias más rápidamente (pasaron un 25% más de tiempo con su familia durante los 2 años que estudiamos). En segundo lugar, las medidas de seguridad infantil sugieren que los niños no fueron devueltos a hogares de entornos inseguros, ya que no tenían más probabilidades de volver a entrar en el sistema de protección infantil. En tercer lugar, también observamos que los niños tienen menos probabilidades de verse implicados en la justicia penal, con una reducción aproximada del 30% en las denuncias de delitos. Por último, el programa mejoró la asistencia escolar, sobre todo en los momentos en que los índices de asistencia eran bajos en el conjunto de las escuelas, aumentando los niveles de asistencia del 45 al 50%.

—¿Cuál sería la causa principal de las mejoras en los resultados?

—La investigación sugiere que la principal causa de la mejora de los resultados se derivó de la mayor atención del abogado asignado al caso, lo que le permitió disponer de más tiempo para visitar al menor, a la familia y al personal de la residencia, en un esfuerzo por acelerar la rehabilitación y reunificación familiar.

—En cuanto al coste de la intervención jurídica, ¿por qué sería rentable para el Estado?

—Constatamos que por cada dólar gastado en el programa, el sistema de protección de la infancia ahorra más de 3 dólares gracias a la reducción del tiempo en acogida. El régimen de acogida es caro. Si se puede reunir con seguridad a las familias más rápidamente, es probable que se pueda ahorrar dinero al mismo tiempo que se mejoran los resultados para las familias.

—Aunque el programa Mi Abogado ya existe en Chile y pretende mejorar la representación legal de los niños en acogida, ¿qué haría falta para extenderlo a todo el sistema?

—Nuestros resultados hablan de mejoras para los niños que viven en hogares de grupo. Sugieren que el programa debería continuar y, en todo caso, recibir más apoyo para mantener el menor número de casos que observamos en nuestro período de 2 años. El programa también está disponible para los niños en acogida familiar, y su aplicación debe ser evaluado en ese contexto también (investigación en la que estamos trabajando). Si el programa se amplía aún más, será importante mantener la calidad de la asistencia jurídica, por lo que sería prudente considerar la posibilidad de apoyar la formación de los abogados que se incorporen a él.