MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
Según un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto público experimentó una caída del 23,1% real, lo que permitió un reequilibrio de las cifras macroeconómicas tras el fuerte desembolso realizado en plena pandemia del COVID-19. Además, los ingresos registraron un aumento del 6,3% real. Considerando esos factores, el balance efectivo de cierre de 2022 arrojó un superávit de 1,1% del PIB. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que «si en 2022 tuvimos una serie de factores que nos permitieron mejorar por una vez los ingresos fiscales, tenemos que ser realistas respecto de 2023. Una vez que desaparecen esos efectos, tenemos que fijar metas fiscales que sean alcanzables».
La Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó ayer un informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno durante el 2022. El balance arrojó un superávit fiscal de 1,1% del PIB ($2.959.383 millones), el mejor resultado desde el 2011.
El gasto público experimentó una caída del 23,1% real, lo que permitió un reequilibrio de las cifras macroeconómicas tras el fuerte desembolso realizado en plena pandemia del COVID-19.
El ajuste fiscal del 2022 se concentró en el gasto corriente (-26,3% real anual), en particular en el ítem de subsidios y donaciones, asociado en mayor medida al pago del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE) y el Bono Clase Media en 2021, entre otros.
Considerando esos factores, sumados a ingresos que registraron un aumento del 6,3% real, el balance efectivo de cierre de 2022 arrojó un superávit de 1,1% del PIB.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó ayer que «si en 2022 tuvimos una serie de factores que nos permitieron mejorar por una vez los ingresos fiscales, tenemos que ser realistas respecto de 2023. Una vez que desaparecen esos efectos, tenemos que fijar metas fiscales que sean alcanzables».
«Ya teníamos definida una trayectoria año a año, desde abril del año pasado, cuya trayectoria para 2023 mejora, aunque no signifique un cambio de signo a cifras de superávit fiscal», añadió el secretario de Estado.
En esa línea, dijo que «tenemos que ser responsables en relación a qué es lo que es posible alcanzar y lo que no, pero va a ser de todas maneras un año de consolidación fiscal en el sentido de que después de los grandes desequilibrios que tuvimos en 2020 y 2021, vamos a tener durante todos estos años una trayectoria que va a ir convergiendo a un balance cercano a cero al final de este período presidencial».
Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señaló que «pusimos bastante énfasis durante todo el año para lograr una consolidación del gasto fiscal, lo que se observa principalmente en la disminución del gasto corriente, liderado por la contracción de subsidios y donaciones, asociado al IFE Universal”.
Dentro del Gobierno Central Presupuestario, el gasto corriente cayó 26,3% real acumulado a diciembre de 2022, comparado con igual período del año anterior; mientras que el gasto de capital aumentó 4,7% real.
En cuanto al gasto corriente, la caída anual tiene su mayor explicación en el menor gasto en subsidios y donaciones (-45,6% real) a causa de la alta base de comparación por el IFE Universal en 2021.
Por otro lado, la variación del gasto de capital se explicó por una caída anual de la inversión (-18,0% real), lo que fue compensado por el alza de las transferencias de capital (31,3% real), principalmente debido a la implementación de una nueva estructura presupuestaria en los Gobiernos Regionales, en donde la imputación de las iniciativas de inversión no se registra en inversiones, sino que en transferencias de capital.
Por su parte, a diciembre de 2022, el nivel de deuda bruta del Gobierno Central Presupuestario se ubicó en 37,3% del PIB estimado para el año.
En tanto, los ingresos totales del Gobierno Central acumulados a diciembre de 2022 alcanzaron los $68.133.281 millones, equivalentes a un 25,5% del PIB estimado para el año, registrando una variación real anual de 6,3%.
Estos estuvieron incididos, principalmente, por la mayor tributación del resto de contribuyentes y rentas de la propiedad, mientras que, en menor medida, por una mayor tributación de la gran minería privada (GMP10).
