El Coordinador Económico de Cambio Climático de Clapes UC fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador. Señala que la modificación al MEPCO que se aprobó en enero implica el riesgo de romper la neutralidad fiscal histórica de una buena política pública y va en contra de los planes de descarbonizar la matriz energética. Afirma que los cambios fueron forzados por las presiones de grupos de interés de los transportistas. “Los camioneros no están pagando las externalidades de la contaminación que generan”, dice Gonzales. Y a modo de ejemplo explica que, bajo el nuevo modelo, estamos subsidiando las emisiones de los transportistas en US$ 107 por tonelada de CO2 emitida. Y, por otro lado, les cobramos a las empresas contaminantes US$ 5 por tonelada, “un total contrasentido”, sostiene. El economista agrega que los casi US$ 3.000 millones que se gastaron en subsidios para la bencina y el diésel en 2022 equivalen a casi 1 punto del PIB y a tres veces lo que el Estado aporta a la RED (Transantiago).
