Opinión
¿Qué pueden tener en común las acusaciones constitucionales y los bajos índices de apoyo a los gobiernos? Pues bien, su fundamento y una consecuencia aparejada al mismo. El fundamento en común es el sistema político presidencialista y el sistema electoral que nos rige, y la consecuencia es que afectan la eficiencia en el avance de políticas públicas que requieren habilitaciones legales y ejecutivas, con el consecuente impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.
Hace algunas semanas la opinión pública fue nuevamente testigo de los espectáculos de las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. Así, el Congreso Nacional, en vez de elaborar leyes que mejoren las condiciones de las personas en salud, educación o seguridad, debe tener sesiones para escuchar alegatos jurídicos extensos sobre acusaciones y defensas, los cuales en la práctica cumplen un rol meramente formal, puesto que finalmente el destino de la acusación constitucional dependerá de otras variables.
En los sistemas políticos altamente presidencialistas, como es el caso de Chile, la acusación constitucional es uno de los mecanismos más fuertes de control jurídico y político que el Poder Legislativo ejerce sobre otras autoridades de Gobierno.
Sin embargo, es posible observar que esta herramienta es utilizada más allá de los fundamentos de control político, más bien es un gallito de fuerzas con el Gobierno, buscando negociar, influir en la agenda o, bien, simplemente buscar sacar de la esfera política a algún determinado ministro. Así, en la práctica, estamos frente a un mecanismo que ha devenido en una censura parlamentaria, de la cual se ha hecho un uso excesivo: desde el año 1991 se registran 27 acusaciones constitucionales, y este Gobierno, que aún no lleva un año, ya enfrenta dos procesos de acusación constitucional hacia el ministro Jackson y la exministra Ríos.
En paralelo a lo anterior, las encuestas muestran números poco entusiastas sobre la aprobación de la figura presencial, que ha llegado a extremos, como en el caso del ex Presidente Sebastián Piñera cuando la encuesta CEP le dio un 6% de aprobación. En simple, hubo momentos en que 6 de cada 100 chilenos apoyaban al Gobierno de Piñera, lo cual inevitablemente deviene en crisis de confianza en el sistema completo.
¿Qué pueden tener en común las acusaciones constitucionales y los bajos índices de apoyo a los gobiernos? Pues bien, su fundamento y una consecuencia aparejada al mismo. El fundamento en común es el sistema político presidencialista y el sistema electoral que nos rige, y la consecuencia es que afectan la eficiencia en el avance de políticas públicas que requieren habilitaciones legales y ejecutivas, con el consecuente impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.
Sobre el primer elemento en común, si bien las acusaciones constitucionales son propias de los sistemas presidencialistas, es necesario aclarar por qué dicho sistema político influye en la baja aprobación de autoridades gubernamentales. Esto sería debido a que no es posible obviar el hecho de que la opinión pública es esencialmente cambiante, y un sistema presidencialista no es flexible frente a dichos cambios, ya que los presidentes deben mantener sus mandatos por el periodo determinado y las coaliciones que sustentan los gobiernos, más allá de algunos vaivenes sobre la influencia en los mismos, suelen ser estáticas, a diferencia de los sistemas parlamentarios, en donde el Gobierno se arma con mayorías parlamentarias. De este modo, en los sistemas presidencialistas los gobiernos cuentan con menos herramientas para reflejar las prioridades que demanda la ciudadanía y se mantienen aun cuando no tienen una aprobación de base. Sumado a lo anterior el sistema electoral, que genera amplia dispersión de las fuerzas políticas en el Congreso.
Respecto al segundo elemento en común, vale la pena decir que el diseño y ejecución de políticas públicas se ven afectados por la incertidumbre generada cuando los ministros deben enfrentarse a acusaciones constitucionales que muchas veces no dicen relación con su gestión en la cartera respectiva y, paralelamente, el Congreso debe sesionar para la revisión de estas acusaciones. Los gobiernos tienen una agenda programática que cumplir y en el Congreso existen proyectos de ley que demoran años en tramitarse. Bajo ese entendido, el tiempo en política es un elemento escaso y preciado que debe priorizarse y enfocarse en lo más urgente.
Es de esperar que en el nuevo proceso constitucional que se inicia, este tema sea debatido con la apertura suficiente para cambiar aquellos elementos del sistema político que están en crisis y, de esa forma, no tener que estar viendo una y otra vez autoridades enfocadas en acusaciones y defensas superfluas. No hay recetas únicas, pero sin duda el presidencialismo actual, con las prerrogativas actuales del Congreso Nacional y el sistema electoral que no genera incentivos para grandes alianzas políticas, debe ser analizado críticamente. Quizás una alternativa interesante sería cambiar nuestro sistema electoral por uno que fomente las grandes mayorías y revisar la herramienta de acusaciones constitucionales.
