BRAGA
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A casi 12 meses desde que el Presidente Gabriel Boric asumió el liderazgo del país, organizaciones y líderes del feminismo evalúan qué tanto se cumplió la promesa de campaña de hacer de este un gobierno feminista. Si bien reconocen avances en temas puntuales como el cobro de deuda de alimentos y la visibilización de diversas expresiones de violencia, advierten que están atentas a que las acciones y políticas públicas sean con perspectiva de género y que cuando consideren que deben manifestar su desacuerdo, lo harán sin titubear. ‘‘Durante años las organizaciones feministas hemos subsanado las deudas que el Estado ha tenido con las mujeres y las niñas, y eso lo vamos a continuar haciendo’’, señalan.
El ‘Gobierno Feminista’ del Presidente Gabriel Boric fue una de sus grandes promesas de campaña. De acuerdo a cifras electorales, habría sido la clave de su elección considerando que fueron las mujeres quienes más votaron por el actual mandatario (68% de las mujeres de menos de 30 años que fueron a sufragar lo respaldaron).
De hecho, la primera acción de la administración Boric se tradujo en conformar un gabinete ministerial integrado por mayoría de mujeres. En esa misma línea, nombró a la primera titular de Interior y Seguridad Pública en la historia del país. Además, de sumar al comité político al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Créditos: Gobierno de Chile
Y si bien a casi un año de gobierno, la paridad se ha mantenido en las cabecillas de los ministerios, la paridad no es lo único que define un gobierno feminista. En este sentido, académicas y pensadoras de estas corrientes han sido claras al señalar que los Estados tienen un carácter patriarcal y colonial intrínsicamente.
La escritora, antropóloga y activista feminista, Rita Segato —que asistió al cambio de mando del Presidente Boric— ha opinado anteriormente sobre los límites de una excesiva confianza en el Estado en materia feminista y de género. Ya sea mediante la representación en altos mandos o en la elaboración de políticas públicas. Pensamiento que comparten desde la Coordinadora Feminista 8M, quienes —si bien fueron claras en expresar su apoyo al actual mandatario durante la época de elecciones— manifiestan que la institucionalidad no representa un todo para ellas.
‘‘Nosotras, así como parte importante de las organizaciones del movimiento feminista, tomamos posición en la segunda vuelta presidencial porque nuestras vidas estaban bajo amenaza ante la posibilidad de que la ultraderecha se instalara en La Moneda de la mano de Kast. En ese sentido, no depositamos una promesa feminista en los gobiernos, pues desde nuestra perspectiva el feminismo es una fuerza política y social que está dada, ante todo, por la movilización social, por la capacidad de trenzar nuestras luchas y poner nuestras vidas como mujeres y disidencias en el centro’’, dicen las voceras Karina Nohales y Alondra Carrillo.
En conversación con El Mostrador Braga, representantes del movimiento feminista indican los temas centrales trabajados durante este primer año. En primera instancia, los deudores de pensión de alimentos, lo que se volvió urgente de abordar luego de las reveladoras las cifras que salieron a flote a través de la retención del 10% a los ‘‘papito corazón’’ durante la crisis sanitaria.
En segundo lugar, la tramitación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ha permanecido en el Congreso Nacional desde el 2017. Un tercer punto, el sistema nacional de cuidados, lo que también se relevó durante la pandemia.
‘‘Imagínate que el tema del endurecimiento de las sanciones para las y los deudores de alimentos nosotras lo venimos solicitando desde el año 2016, siete años buscando e intentando poner el tema de las pensiones sobre la mesa’’, opina la vocera de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma.
Desde la CF8M concuerdan con este punto, en principio porque es la autoridad pública quien finalmente debe velar por el cumplimiento de la Ley y las mujeres cuentan con un apoyo concreto que no recae en su exclusiva responsabilidad, como era antes. ‘‘Valoramos que al fin sea el Estado el que asegure el pago por parte del deudor y no las mismas madres’’, dicen Nohales y Carillo.
Por su parte, Palma cree que la valoración en este punto se debe, principalmente, al trato contrario que se daba a estos temas en la administración anterior. Ya que, según señala la vocera, con las autoridades pasadas era más difícil relacionarse en temas de género.
Concuerda en ello la representante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, quien dice que “incorporar el diálogo con la sociedad civil es algo que valoran. Pero de ahí a poder decir si el gobierno es feminista o no, es algo prematuro’’.
Por su parte, desde la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, María Soledad Acuña, destaca la visibilización de las diversas expresiones de violencia: económica, suicidio femicida, entre otros.
‘‘Creo que hemos avanzado bastante en temas de nombrar y hacer cosas efectivas con respecto a violencias que han estado desde siempre y a las que por fin les ponemos nombre. Pero, obviamente, hay muchas políticas que están empezando y que tienen la mejor intención, pero tampoco basta con la buena voluntad. Tenemos que tomar medidas reales y muy efectivas ya, para proteger a las mujeres’’, comenta Acuña.
Así como reconocen “buenas voluntades desde la institucionalidad para realizar políticas atravesadas por la perspectiva de género”, son claras al momento de hacer reparos a esta gestión.
Un ejemplo, recuerdan, se dio al anunciar el ingreso de un proyecto de ley de aborto libre, justamente cuando la oposición y el oficialismo estaban en tensos debates para lograr los acuerdos constitucionales. Esto derivó finalmente en que se comunicó desde el Ministerio de la Mujer y EG que “tal materia no era prioridad”. Una situación que incluso habría desestabilizado la posición de poder de la ministra Orellana en el Comité Político.
‘‘Quizá como movimiento feminista, queremos correr esta maratón lo más rápido posible, porque también venimos siendo desplazadas hace mucho tiempo. Entonces dijimos que queríamos esto sobre la mesa de inmediato. Pero creo que también hay que considerar los momentos adecuados para llevar a efecto ciertas materias y, en el caso del aborto libre, quizás hay que buscar la instancia política más adecuada’’, reconoce Palma.
Otro de los temas que marcó estos casi 12 meses en materia feminista, fue la designación de Ángel Valencia como Fiscal Nacional, lo que despertó rápidamente las alarmas de los movimientos de mujeres debido al historial de casos en que el abogado asumió el papel de defensa: secuestros, acoso sexual, abuso, entre otros.
Desde la Coordinadora 8M son claras en expresar que tal designación confirma sus opiniones sobre la confianza en los gobiernos feministas. Ya que, contar con Valencia en tal puesto es una mala señal para las mujeres y viene a continuar con el legado de impunidad del Poder Judicial en materia de persecusión y sanción de delitos vinculados con violencia de género.
‘‘El nombramiento de Valencia muestra no solo la acción del gobierno, sino la acción concertada de todos los poderes del Estado de actuar activamente en contra de la integridad de mujeres y niñas’’, dicen Nohales y Carrillo.
En esa línea, agregan, ‘‘vemos con gran preocupación la tendencia del gobierno a sostenerse cada vez más en los sectores que han sido responsables de la administración de las condiciones precarias de vida que se han agudizado fuertemente en estos años, y que están a la base de la crisis social que hoy se mantiene sin respuesta en nuestro país’’.
Sobre lo mismo, Siomara Molina cree que ‘‘es un tema bastante preocupante’’, sin embargo, apunta con mayor responsabilidad al Poder Judicial. ‘‘Nosotras pensamos que hay que mirar instituciones como la Corte Suprema, qué sucede que toman decisiones como ocurrió con el caso de Martín Pradenas y Nicolás López’’.
Por otra parte, respecto al rol del Poder Judicial, María Soledad Acuña, rescata que desde el Ministerio de la Mujer lograron incorporar el Ministerio Público al Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF). ‘‘La idea es que todo el Estado actúe rápido frente a las denuncias y me parece bien unificar criterios y educar a quienes tengan contacto con estos casos, o sea, Carabineros, PDI, entre otros’’. Sin embargo, subraya que es necesario fiscalizar —tanto desde el mismo Gobierno como las organizaciones — que esta iniciativa sea llevada a cabo de manera integral y correcta. ‘‘Que esto no sea tampoco como una cosa mal hecha, sino que ojalá de verdad estén todos coordinados, que todos entiendan lo que está expreso’’.
Las voceras advierten que el rol del movimiento feminista siempre irá más allá de la institucionalidad y ante cualquier acción que retroceda los derechos de las mujeres, expresarán su opinión.
‘‘Cuando tengamos que manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo, lo haremos. Durante años las organizaciones feministas hemos subsanado las deudas que el Estado ha tenido con las mujeres y las niñas, y eso lo vamos a continuar haciendo’’, comenta Molina.
‘‘Planteamos la urgencia para este año de confrontar la continuidad de las violencias patriarcales, y exigir respuesta ante una crisis económica que ha impactado con mayor crudeza en las mujeres y disidencias de los sectores populares y en las personas migrantes. Junto a ello, la insostenible crisis de los cuidados es algo que exige ser respondido, así como la desmilitarización de Wallmapu’’, comentan desde la CF8M.
Desde la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, esperan que se trabaje en profundidad el reconocimiento y protección a las trabajadoras sexuales.
‘‘El trabajo sexual autónomo debe ser protegido y debe ser también nombrado. No está penalizado, no es un delito. Entonces ellas tienen que ser objeto de protección. Es necesario educar en eso y también poder distinguir entre la trata y el comercio sexual autónomo’’, señala María Soledad Acuña.
Virginia Palma pone expectativas en el reconocimiento de la violencia económica hacia las mujeres mediante un proyecto de ley y el cobro efectivo a los deudores de alimentos. ‘‘Si bien a la fecha hablamos de la violencia económica —por ejemplo, la mujer que no percibe los ingresos de un pago de pensión de alimentos—, no existe ninguna resolución hasta el momento que diga que esa mujer tiene la calidad de víctima. Por ende, estamos trabajando ahora una presentación que, esperamos, se pueda materializar en un proyecto de ley’’, finaliza.
