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El subsecretario Jaime Gajardo fue categórico al afirmar que no hay ninguna instrucción formal ni informal para el cierre de Punta Peuco. Esto, luego de que se señalara que él mismo había instruido al director nacional de Gendarmería sobre esta decisión, en el marco de las gestiones de la conmemoración del 11 de septiembre. Una idea que no ha sido descartada del todo por el Presidente Gabriel Boric, quien ha sostenido sobre la intención de intervenir el penal que “las cosas no se anuncian, se hacen”. Previo a lo informado por el titular de la Subsecretaría de Justicia, la diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que Punta Peuco “debió cerrase hace mucho tiempo”. Asimismo, el diputado Alejandro Bernales (PL) planteó que se trata de “una deuda de reparación que han prometido varios gobiernos y es de esperar que esa palabra empeñada se cumpla”.
Este miércoles circuló en la prensa nacional información sobre la intención del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para cerrar el penal Punta Peuco, pronto a cumplirse 50 años del Golpe de Estado. Ante esto, el propio Ejecutivo salió a aclarar la situación.
Fue el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quien descartó categóricamente que el Gobierno haya dado alguna instrucción a Gendarmería para el cierre del complejo penitenciario donde están detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
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“Quiero ser bien categórico al respecto. No hay ninguna instrucción formal ni informal para el cierre de Punta Peuco, que yo haya dado al Director Nacional de Gendarmería”, señaló el subsecretario Gajardo en una rueda de prensa.
El funcionario del Ministerio de Justicia agregó que hay una situación penitenciaria “bastante crítica”, en muchos aspectos. “Hemos tenido un aumento en el último año de prácticamente un 10% de la población penal”, afirmó Gajardo, junto con asegurar que al inicio del Gobierno habían 41 mil personas en los establecimientos penitenciarios y ahora son cerca de 47 mil.
“Estamos viendo la habilitación de distintos establecimientos penitenciarios en nuestro país, y estamos revisando permanentemente la situación de los mismos”, destacó.
Cabe mencionar que, según había consignado el medio electrónico Ex-Ante, había sido el mismo subsecretario Gajardo quien había instruido los preparativos al respecto al director de Gendarmería, Sebastián Urra, en octubre de 2022. Así, 129 criminales de la dictadura pasarían de cumplir sus penas en el penal ubicado en Tiltil a un módulo de Colina 1 que debería ser ampliado.
Previo a lo señalado por el Gobierno, la diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que Punta Peuco “debió cerrase hace mucho tiempo”. No es concordante, manifestó, con los estándares del derecho internacional y de los Derechos Humanos, “que criminales de lesa humanidad que han cometido los crímenes que más repugnan a la consciencia civilizada del mundo disfruten de una cárcel especial”.
“Espero que lo que se señala en la prensa sea una realidad y el Presidente Boric adopte esa medida tan necesaria y tan postergada”, comentó.
Por su parte el diputado Alejandro Bernales (PL) planteó que “acá hay personas involucradas en violaciones a los Derechos Humanos y crímenes contra compatriotas”. Por tanto, “cerrar Punta Peuco es una deuda de reparación que han prometido varios gobiernos y es de esperar que esa palabra empeñada se cumpla”.
“También esperamos que las instalaciones de Punta Peuco puedan ser modificadas para recibir reos comunes mirando el estresado sistema carcelario actual de Chile”, complementó el parlamentario.
La idea de cerrar el lujoso penal fue esbozada, por el mismo Presidente Boric en mayo del año pasado, a modo de respuesta a una declaración de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS). En dicha oportunidad, la secretaria de Estado sentenció que “el penal especial de Punta Peuco no debe continuar”. Ante esto, el Primer Mandatario fue determinante: “Las cosas no se anuncian, se hacen”.
Además, cabe recordar que, en noviembre del 2022, la Cámara aprobó con 67 votos a favor una moción de los diputados Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa para modificar Punta Peuco y que en esta se reciba a reos comunes, mirando el estresado sistema carcelario actual de Chile.
