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Junto con revelar la cantidad y los montos de las boletas y facturas “ideológicamente falsas” emitidas por los imputados —entre los que se encuentran el gerente general de SQM Patricio Contesse, el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami—, la defensa del Servicio de Impuestos Internos (SII) manifestó que buscarán acreditar, no solo los actos específicos que cometieron cada uno, también que conocían el tipo de servicio que aparecía en las glosas y que sabían el “destino irregular” de esos documentos. “Creemos que, mediante todas las pruebas e indicios, podremos llegar a determinar, por el tribunal, que los imputados conocieron de la existencia de un riesgo penalmente relevante. Pese a ello, tuvieron una voluntad distinta o un querer distinto, sabiendo que infringían normas, sin saber en detalle la norma, sino sabiendo la materia a la que se refiere, sabiendo que pusieron en peligro el bien jurídico protegido, es decir, la Hacienda Pública”.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó sus alegatos ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en lo que fue la tercera jornada de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el denominado caso SQM. Uno de los abogados del SII, Manuel Navarrete, detalló la trama de boletas y facturas ideológicamente falsas, con el fin de acreditar ante la Justicia todos los ilícitos cometidos bajo el concepto de dolo.
El funcionario del Departamento de Defensa Judicial de la Dirección Nacional del SII, manifestó ante el tribunal oral que todas las pruebas que va a presentar el organismo a este juicio apuntan a un tema: los indicadores de dolo. Este, de acuerdo al defensor, y según la doctrina moderna, se debe atribuir en base a indicios. Por tanto, dentro de esos indicios, “vamos a acreditar distintos conocimientos que eran propios de los roles de los sujetos que participaron en estos hechos”, planteó Navarrete.
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Recordemos que, entre los imputados, además del gerente general de SQM Patricio Contesse, están el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O). “Vamos a acreditar, mediante pruebas, actos específicos que cometieron cada uno”, sentenció el abogado del SII. En ese sentido, adelantó que también se acreditará el “conocimiento situacional” de los acusados. Es decir, “se acreditará que conocían la falsedad de las facturas y boletas, servicios que no existieron, mediante distintas pruebas”.
Además, “se acreditará que conocían a grandes rasgos cómo funciona una boleta o una factura, sin necesidad de conocimiento técnico acabado, simplemente lo propio de alguien que ha trabajo en negocios y empresas o con experiencia en ámbitos que le han permitido tener ese conocimiento base”, agregó. El abogado fue enfático en señalar que se buscará probar que los imputados tenían conocimiento del tipo de servicio que aparecía en las glosas, y que “sabían el destino de esos documentos, el curso irregular”.
“En definitiva, creemos que, mediante todas las pruebas e indicios, podremos llegar a determinar, por el tribunal, que los imputados conocieron de la existencia de un riesgo penalmente relevante. Pese a ello, tuvieron una voluntad distinta o un querer distinto, sabiendo que infringían normas, sin saber en detalle la norma, sino sabiendo la materia a la que se refiere, sabiendo que pusieron en peligro el bien jurídico”, complementó el abogado.
Cabe mencionar que el bien jurídico protegido en esta materia es derechamente la billetera fiscal. “Yo sé que, si entrego una boleta relacionada a operaciones que no se han realizado, no cabe duda que sé que estoy poniendo en riesgo a la Hacienda Pública. Puede, que no sepa los detalle de ello, pero sé que esa conducta no es neutra”, argumentó Navarrete.
Se buscará probar, además, especialmente en el caso de Patricio Contesse, que él tenía absolutamente el “control” del hecho. En palabras de la defensa, “tenía el control del hecho a nivel de la empresa SQM S.A., SQM Salar y SQM Industrial. Y, no obstante eso, hay un enfrentamiento a la norma, por lo tanto todo nos indica que se le puede atribuir el acto”.
Captura de Pantalla. El perjuicio fiscal total, entre los años mencionados, asciende a más de mil millones.
El abogado querellante del SII sostuvo que, en su calidad de gerente general de SQM S.A., Patricio Contesse, contribuyente sujeto a impuestos, durante los años tributarios 2009 al 2015, “utilizó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad”, junto con declarar que buscaba “burlar el impuesto que como contribuyente debía pagar”.
“Decimos doloso porque él resolvió e instruyó el registro de incorporación en la contabilidad de la sociedad de 898 boletas de honorarios y 182 facturas ideológicamente falsas”, expuso Manuel Navarrete, explicando que el concepto “ideológicamente falsas” responde a por cuanto dan cuenta de “operaciones y servicios que jamás se realizaron ni prestaron sus emisores”. Eso implica, añadió, “la falsedad de las declaraciones de impuesto presentadas ante la autoridad tributaria mediante los respectivos formularios”.
Lo documentos, de acuerdo al SII, se presentaron, pero fueron “rebajados” a titulo de gastos, disminuyendo la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría. En base al sistema y la Ley de Renta, “como si se tratara de pagos o servicios que si se hubieran prestado”. Con ello, precisó el abogado, se evadieron impuestos causando perjuicios a la Hacienda Pública.
El perjuicio fiscal total, entre los años mencionados (2009 al 2015), asciende a más de mil millones de pesos ($1.857.281.025).
Contesse también habría realizado, “maliciosamente”, maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos que tenían derecho a hacer valer, lo que según el abogado del SII tuvo como consecuencia aumentar “indebidamente” créditos fiscales que tenía derecho a hacer valer la empresa SQM S.A.. Estos créditos fiscales, durante los años comerciales 2009 y 2010, alcanzaron una suma de IVA por más de 80 millones de pesos ($88.725.235).
Por otro lado, se señala que Patricio Contesse, esta vez en representación de SQM Salar S.A,, durante los años tributarios 2012, 2013 y 2014, realizó procedimientos dolosos, al “resolver e instruir el registro de incorporación de la contabilidad de la sociedad, en declaraciones juradas respectivas, 14 boletas de honorarios y 72 facturas ideológicamente falsas”. En este caso, el perjuicio fiscal ocasionado, en total, asciende a casi 300 millones de pesos ($293.015.589).
Finalmente, se apunta a Contesse por delitos tributarios en su calidad de representante legal de SQM Industrial S.A,. El SII sostiene que empleó, durante los años tributarios 2010 y 2011, “procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de operaciones realizadas por la sociedad”. Aquí, se acusa que Contesse resolvió e instruyo el registro de incorporación en la contabilidad de la sociedad, y en declaraciones juradas respectivas, 42 boletas de honorarios y 6 facturas ideológicamente falsas cuya presentación de declaraciones están “maliciosamente incompletas”. En total, respecto de esta operación, el perjuicio fiscal ocasionado, es de casi 70 millones de pesos ($69.377.819).
El abogado del SII relató que, durante los años comerciales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, la imputada Marisol Cavieres Romero—exsecretaria de la UDI—facilitó 142 boletas de honorarios falsas, las cuales fueron emitidas por 27 contribuyentes a SQM S.A., con el objeto de “posibilitar que esa sociedad rebajara de forma indebida la carga tributaria que le correspondía soportar en el impuesto a la renta”. La acusada, por calificación jurídica, habría cometido estos delitos en calidad de autora.
El abogado incluyó en el mismo grupo de hechos al exasesor de ME-O Cristian Warner Villagrán, y al mismo excandidato presidencial. Warner, de acuerdo a la defensa del SII, facilitó documentación tributaria falsa a SQM Salar S.A,. En efecto, expuso Navarrete, durante los periodos comerciales febrero 2011 a enero de 2014, el acusado facilitó 36 facturas falsas provenientes de la sociedad “Cristian Warner Publicidad y Marketing”, por un monto que asciende a poco más de 391 millones de pesos ($391.200.000).
Además, se le acusa la facilitación de documentos falsos emitidos efectuados por la sociedad Cono Sur Research a Cencosud Retail S.A. y a la Sociedad Agrícola OGF Limitada. Durante los años comerciales 2013 y 2014, el acusado, Warner Villagrán, en calidad de representante legal de la empresa Cono Sur, emitió 14 facturas falsas las cuales fueron facilitadas por él a dichas empresas, por servicios que nunca se prestaron, por un monto total de 88 millones de pesos, según cálculos del SII.
Warner también habría facilitado documentación tributaria falsa a Inmobiliaria El Peñón SA y a la Sociedad SW Consulting. Durante el año 2014, se índica al imputado como emisor de una factura falsa, la cual fue facilitada por servicios que tampoco nunca se prestaron, por 130 millones de pesos.
En tanto, el SII acusa a Marco Enríquez-Ominami luego de “facilitar”, durante los periodos comerciales comprendidos entre febrero 2011 a enero de 2014, 36 facturas falsas a SQM Salar S.A., por un monto que asciende a la suma de $391.200.000. Y además por dos facturas falsas provenientes de la sociedad de Cristian Warner Comunicaciones a SQM S.A., por un monto de $29.155.000, con el objeto de “posibilitar que dichas sociedades rebajaran en forma indebida su carga tributaria”.
A juicio del acusador, ME-O cometió delitos, según artículos del Código Tributario, en grado de consumado y de carácter reiterado, con una participación como autor de acuerdo al Código Penal.
La defensa del SII finalmente abordó los casos del profesor de Filosofía y conocido militante DC Marcelo Rozas López, del agrónomo Roberto León Araya, y de la exsecretaria de Longueira Carmen Luz Valdivieso. El primero, involucrado en la emisión de 203 boletas de honorarios falsas, las que fueron facilitadas a SQM S.A., y el segundo en la facilitación de 55 boletas de honorarios ideológicamente falsas a SQM S.A. con “prestaciones de servicio inexistentes”.
A Valdivieso, de acuerdo al SII, se le acusa de facilitar a la empresa SQM S.A. 57 boletas de honorarios falsas emitidas por 31 contribuyentes distintos que “daban cuenta de servicios que jamás se prestaron a dicha empresa, posibilitando que la referida sociedad rebajara en forma indebida su carga tributaria”.
El abogado Manuel Navarrete dijo que se van a requerir 487 personas en calidad de testigo, 12.639 documentos —entre los que destacan informes de recopilación de antecedentes relevantes para acreditar las infracciones cometidas—. Y, dentro de esos informes, 59 son de recuperación de antecedentes respecto a solicitudes de otras instituciones. Todo, en definitiva, buscará ilustrar al tribunal cómo estas irregularidades se concretaron desde un punto de vista fáctico.
