El abogado Jorge Villalobos sostuvo que no hay una motivación de parte de Carmen Luz Valdivielso y Marisol Cavieres para entregar boletas ideológicamente falsas o facilitarlas para la comisión de delitos tributarios. De acuerdo al letrado, estamos ante un hecho “atípico”, en una investigación “implacable”, que asegura “ha sobrepasado límites”.
La defensa de la exasesora de Pablo Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso, y de la exsecretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres, presentó sus alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en una nueva jornada de los alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el denominado caso SQM.
El abogado Jorge Villalobos sostuvo que van a basar su pretensión de absolución en dos cuestiones. Primero, apuntando a la ilicitud de las pruebas obtenidas en contra de Valdivielso y Cavieres, y segundo —al igual que en el caso del ex gerente general de SQM Patricio Contesse— al tipo penal que se configura respecto de las boletas ideológicamente falsas.
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Villalobos apuntó al Ministerio Público y al SII, asegurando que “nos quieren hacer creer que la conciencia o conocimiento acerca de la falsedad de los documentos es suficiente para confirmar el tipo penal”, al tiempo que recalcó que dicho tipo penal “exige una motivación”.
“Si la motivación para entregar documentos —boletas ideológicamente falsas— a la empresa es para que el gerente general cometa un delito de administración desleal o cometa un delito de cohecho privado, satisface completamente el tipo penal, pero al carecer de la motivación que es entregar estos documentos falsos o facilitarlos para la comisión de los delitos tributarios, estamos ante un hecho que es atípico o podrá incurrir en alguna otra figura relacionada con administración desleal o cohecho privado”, argumentó la defensa de Valdivielso y Cavieres, junto con expresar que sus representadas han sido parte de una investigación extensa en la que —a su juicio— “se han sobrepasado todos los límites a los plazos razonables”.
El abogado cuestionó un allanamiento al departamento en el que Valdivielso vive con su madre, por una querella del SII por facilitación de nueve boletas, en una causa cuya pena, en caso de que fuera considerada culpable de este hecho, “es incluso menor a la solicitada por el Ministerio Público”.
Para la defensa de Valdivielso y Cavieres, ha sido una investigación “implacable” en contra de dos mujeres que solamente tienen el cargo de secretarias. “Puede que el cargo de Carmen Luz tenga un nombre más elegante como jefa de gabinete o asesora, pero en definitiva, Carmen Luz y Marisol son dos secretarias que se encargaban de gestionar lo que gestionan todas las secretarias: recibir instrucciones de sus jefes”, expuso Villalobos.
“Esto lo digo sin intentar introducir una idea de exculpación por obediencia, porque sabemos que la jerarquía propia de una relación laboral no da para eso, pero sí puede ser relevante la atribución de conocimiento, de que estas boletas que se remitían a SQM para obtener un financiamiento eran para que SQM pudiera rebajar su carga impositiva. Claramente —concluyó el abogado— el ámbito de competencia de una secretaria no da para eso”.
“Una secretaria que simplemente cumple una función de ejercer instrucciones no da para esa atribución de conocimiento”, cerró. El abogado defensor de Valdivieso y Cavieres manifestó que el Ministerio Público no podrá probar dicha atribución de conocimiento.
Según la acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de boletas ideológicamente falsas, Soquimich pagó a diversos políticos de la época, entre ellos, Pablo Longueira, de la UDI, para incluir algunos párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería. El dinero también llegó, según el organismo persecutor, a Marco Enríquez-Ominami, del PRO, excandidato presidencial.