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Crédito: @Procesoconsti23
Tras la decisión, que fue tomada de forma unánime, la abogada Ana María García aseguró que darán “lo mejor de nuestros conocimientos técnicos, lo mejor del animo que tenemos para que el proceso tenga un total éxito”. En tanto, el jurista Claudio Grossman, que fue designado como vicepresidente de la instancia, indicó que “es un muy buen augurio que este proceso haya comenzado con acuerdos unánimes para las mesas, tanto de la Comisión Experta como el comité en que estamos participando nosotros”.
El proceso constituyente sigue tomando forma. Tras la instalación de la Comisión Experta, ahora fue el turno del Comité Técnico de Admisibilidad, órgano que estará encargado de velar por el cumplimiento de las 12 bases institucionales acordadas en el “Acuerdo por Chile”.
Tras instalarse en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, la instancia definió -de forma unánime- a su mesa directiva, eligiendo a la abogada Ana María García (cupo Evópoli) como su presidenta. Como vicepresidente se escogió al abogado Claudio Grossman (PPD).
Los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad solicitaron un receso en la ceremonia de instalación con la finalidad de llegar un acuerdo entre cada uno de los representantes y así conformar la presidencia y vicepresidencia de la instancia. He ahí la unanimidad de la determinación.
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García, de 60 años, es abogada y administradora pública de la Universidad de Chile. Es experta en derecho constitucional y ha sido presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Es académica y profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dictando las cátedras de derecho político, constitucional y administrativo.
En tanto, Grossman es abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho de la Universidad de Ámsterdam. En 2016 fue designado como agente chileno en la demanda marítima de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Además, ha sido asesor en la Corte Penal Internacional y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De esta forma, la nueva instancia será conformada por Marisol Peña, Víctor Manuel Avilés, Héctor Mery, María Cecilia Flores, Ana María García, Josefina Soto, Enrique García, Juan Carlos Ferrada, Estefanía Esparza, Claudio Grossman, Julia Urquieta, Tomás Jordán, Marco Contreras y Viviana Ponce de León.
Tras la elección, García manifestó que van a dar “lo mejor de nuestros conocimientos técnicos, lo mejor del animo que tenemos, para que el proceso tenga un total éxito y sobre todo con la colaboración de todos nosotros, de todos ustedes, y con el buen espíritu que se que a todos nos anima”.
Por su parte, Grossman apuntó que es “un muy buen augurio que este proceso haya comenzado con acuerdos unánimes para las mesas tanto el Comité de Expertos como el comité en que estamos participando nosotros. Nunca hay que dejar la oportunidad de buscar acuerdos, le dan gran legitimidad a todo proceso y es un buen anuncio para las tremendas expectativas que tiene toda la gente”.
El paso hacia un nuevo proceso constituyente se dio luego de largas negociaciones entre los partidos políticos con representación parlamentaria. En el denominado “Acuerdo por Chile” se acordó que se cumplirá con doce “bordes” institucionales, de los cuales los nuevos órganos no podrán salirse al momento de redactar la propuesta de Carta Magna.
Dentro de estos se encuentra que “la nación chilena es única e indivisible”, que Chile es un Estado social y democrático de derecho y la separación de los poderes del Estado. Para que esto se cumpla, se acordó la creación del Comité Técnico de Admisibilidad, mejor conocidos como los “árbitros” del nuevo proceso, para que estos bordes se cumplan.
Los “árbitros” deberán actuar cuando sean requeridos por miembros de la Comisión Experta, que tendrá el rol de elaborar un anteproyecto de Constitución, y el Consejo Constitucional, el que redactará el grueso de la propuesta de Constitución.
El Comité Técnico de Admisibilidad tendrá la responsabilidad de revisar las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten ante la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional para dirimir eventuales inadmisibilidades de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
En vista de lo anterior, podrán pronunciarse cuando lo requiera, al menos, una quinta parte del Consejo Constitucional (10 consejeros), o dos quintas partes de la Comisión Experta (10 consejeros expertos).
Según el acuerdo, el comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho y aplicando las bases constitucionales conforme a las normas e interpretación constitucional. En caso de acogerse la inadmisibilidad de alguna norma, esta no podrá ser parte del texto de nueva Constitución.
