BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Por años, los movimientos feministas y de mujeres han trabajado para integrar al debate público las principales problemáticas que las afectan y son urgentes de resolver: derecho a decidir sobre sus cuerpos, prevención del femicidio, educación sexual integral, ley “papito corazón”, entre otras. Para hacer un balance acerca de estos y otros temas, El Mostrador Braga conversó con distintas representantes de organizaciones sociales sobre el avance de las demandas en espacios públicos, políticos e institucionales. Si bien cada tema es diverso, las voceras concuerdan en que aún se hace necesario abordar con mayor profundidad las demandas feministas, para lograr una sociedad inclusiva y equitativa.
Como cada 8 de marzo, en todo el mundo se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que da paso a que las mujeres y organizaciones feministas salgan a las calles para manifestarse con base en las principales demandas actuales.
Nuestro país no se queda atrás. ‘‘En los últimos años hemos visto la masividad del movimiento feminista, hemos comenzado a hablar de feminismo sin una connotación negativa. Antes era un insulto, era una palabra cargada muy negativamente’’, opina la integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González.
Este aumento de la visibilidad del feminismo, ha traído consigo también que las principales demandas se tomen la agenda nacional. En conversación con El Mostrador Braga, distintas voceras del movimiento feminista nacional entregan su opinión sobre cómo han avanzado estos temas en los últimos años.
Desde marzo de 2020 que en Chile rige la Ley Gabriela, norma destinada a sancionar la violencia contra las mujeres, además de ampliar el concepto de femicidio a los casos que ocurren fuera de una relación afectiva.
Si bien la legislación pretende poder abordar la problemática de los femicidios desde una forma más amplia, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres opina que su aplicación ha tenido falencias en el país. Principalmente, debido a que los casos que corresponden a tal expresión de violencia no son considerados como tal por la justicia.
Es decir, la Fiscalía muchas veces no formaliza el femicidio como tal sino como otros delitos, por ejemplo: homicidio. Esto se evidencia mediante el contraste entre el catastro de crímenes contra mujeres que lleva el SernamEG vs. la Red Chilena.
‘‘El aparataje alrededor de la Ley Gabriela no se ha aplicado de manera correcta, esperamos que se vaya arreglando. Como Red Chilena constatamos más femicidios que el SernamEG, porque el concepto de femicidio es mucho más amplio de lo que la legislación considera’’, dice Priscila González.
Por otra parte, González también cree que ‘‘costó bastante que la violencia femicida pasara de ser un problema social a ser abordado como un problema público’’. Sin embargo, con el tiempo han existido intenciones de llevar al debate público este tema.
‘‘Ha sido lento, ha costado que Chile como Estado reconozca que tiene obligaciones internacionales en esta materia, además, los debates han sido pobres’’, puntualiza. ‘‘En los últimos años hemos visto avances, más lento que el que quisiéramos, pero este abordaje de a poco está avanzando’’, agrega la integrante de la Red Chilena.
Por último, la vocera subraya que es necesario que el Estado apunte mucho más fuerte a la promoción de los derechos de las mujeres, a la prevención de la violencia y a una coordinación entre sectores. ‘‘Esperamos que se ponga mucho más foco en la prevención de esta violencia, queremos que deje de haber mujeres que pasen por estas situaciones. En el papel queda muy bonito todo, el marco teórico puede ser perfecto, pero eso tiene que ser aplicable en la práctica, sobre todo para las comunidades y diseñado para cada comunidad’’, finaliza.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (Ley IVE) fue publicada en septiembre del 2017. Si bien la legislación permite que mujeres y personas gestantes puedan acceder a esta prestación médica bajo sus tres condiciones, desde organizaciones encienden la alarma respecto a que, a más de cinco años de su implementación, el acceso ha sido obstaculizado.
‘‘La ley de aborto es bastante restrictiva y contiene figuras como la objeción de conciencia que definitivamente hay que cambiar. Entonces, mirando en lo inmediato, en el corto plazo, esos son elementos que hay que discutir y hay que buscar la manera de mejorarlos’’, sostiene la integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina.
La situación que comenta la vocera se puede comprobar mediante cifras publicadas hace tan solo meses. A nivel nacional, el 43% de obstetras de la red de salud pública es objetor de conciencia en caso de violación, es decir, 4 de cada 10 médicos se niegan a realizar un aborto por esta causal.
Aunque la situación descrita muestra los obstáculos para garantizar la interrupción del embarazo, Siomara Molina destaca que la temática del aborto y su despenalización sí ha avanzado hacia un buen camino en la percepción pública. ‘‘Sí hemos avanzado como sociedad, pero en la legislación los avances siempre son más lentos’’, opina, ‘‘la mayor parte de la población está de acuerdo con que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre la posibilidad de abortar o no’’, añade Molina.
Un 95,8% de las madres en Chile son cuidadoras principales de sus hijos o hijas, en comparación con un 1,4% de los padres. Por otro lado, alrededor de un 80% de las personas mayores con dependencia tienen como cuidadora principal a una mujer.
En la misma línea, según la opinión de la abogada y encargada del programa de Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Karina Vargas Hernández, la pandemia de COVID-19 agudizó la grave crisis sobre este tema. ‘‘La demanda de cuidados en pandemia llegó a su límite y se evidenció en todos lados, recayendo principalmente en las mujeres’’, subraya la vocera.
Ante la evidencia de esta problemática, desde las políticas públicas se ha buscado llevar adelante un Sistema Nacional de Cuidados, el que hasta la fecha aún no ha visto la luz, ya que actualmente solo ha comenzado a implementarse el Registro de Cuidadoras, que otorga acceso preferencial a servicios del Estado.
En esa línea, sobre el desarrollo de acciones desde la institucionalidad, Vargas comenta: ‘‘Creo que más que un avance sustantivo en políticas públicas sobre cuidados, lo que se observa es un avance en el reconocimiento de la necesidad imperante de abordar el tema de los cuidados a través de políticas públicas’’, dice la abogada.
Por último, la integrante del Observatorio Ciudadano destaca que se hace urgente generar políticas que sean acordes a la realidad de cada cuidadora. ‘‘Falta avanzar hacia un sistema integral de cuidados que considere a todas las mujeres en toda su diversidad, por ejemplo, las mujeres que cuidan no solo en las áreas urbanas sino también en territorios rurales muchas veces aislados. O también las mujeres indígenas que abordan los cuidados de forma comunitaria, e incluyen en su concepto de cuidado no solo a las personas dependientes, sino también a la comunidad, al entorno y a los animales’’, puntualiza Vargas.
Según datos de un sondeo telefónico realizado por Corporación Humanas y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al menos un 55,8% reconoció que la educación sexual recibida en su colegio fue muy mala (22,7%), mala (23,4%) o no recibió (9,7%).
Ante estas cifras, los movimientos de mujeres y feministas han alertado sobre lo necesario que se hace integrar políticas públicas concretas para enfrentar la deficiente educación sexual. A juicio de la directora ejecutiva de Niñas Valientes, Carla Ljubetic, esto se ha impulsado transversalmente.
‘‘Durante los últimos años, hemos podido avanzar como sociedad respecto a la visibilización de la importancia de contar con una política nacional de educación sexual integral (ESI). Esto se ha vuelto una demanda ciudadana, que además ha sido apoyada desde múltiples sectores: educativos, sociales, técnicos, entre otros’’, indica Ljubetic.
En esa línea, destaca que, si bien existe mayor concientización, esto aún no puede derivar en soluciones concretas desde la política pública. ‘‘Hace falta comprender las consecuencias que ha tenido la ausencia de una política de educación sexual en nuestro país. Vemos cifras sobre esto de manera aislada, pero al momento de pensar en la solución, aparecen las discusiones respecto a las diferentes creencias culturales, sociales, políticas y religiosas’’, sostiene la vocera.
Por último, al ser consultada sobre si el próximo proceso constituyente puede permitir la incorporación del reconocimiento constitucional para la ESI, Ljubetic responde que ‘‘esperamos que prontamente podamos tener avances en materia de educación sexual integral, porque nuestro país no puede seguir esperando’’, finaliza.
La abogada feminista de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, reflexiona sobre cómo ha avanzado la materia de las deudas de pensiones de alimentos en el último tiempo, específicamente el Registro Nacional de Deudores. En su opinión, el desarrollo de esta medida ha sido lenta y compleja.
Para Millán, el retiro del 10% de las AFP marcó un antes y un después para el abordaje de las deudas por pensiones de alimentos y violencia económica contra la mujer. Y cómo no, pues –según las estadísticas– entre julio de 2020 y abril de 2022, se realizaron más de 900 mil solicitudes de retención del 10% para personas deudoras de alimentos. ‘‘Quienes trabajamos en esta materia sabíamos desde antes el alto nivel de incumplimiento en el pago, que además son precarizados’’, explica la abogada.
La realidad ya no se podía tapar con un dedo, lo que prácticamente obligó al Estado a hacerse cargo. Así, en noviembre del 2021 se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Al preguntarle sobre un balance a esta norma, aclara que, si bien ya va más de un año de la legislación, todavía no es posible evaluar sus alcances, debido a que la puesta en marcha ha sido compleja. ‘‘Podíamos prever que iba a ser una situación bastante difícil de abordar por su magnitud’’, precisa.
La principal razón se debe a que –en pocas palabras– los casos de pensión de alimentos anteriores a noviembre del 2021 no pueden ser ingresados de forma automática al registro, ya que no cuentan con la información mínima que pide el sistema.
‘‘En lo que actualmente está el Poder Judicial es en complementar la información de cada una de esas causas. Y no se está haciendo. Pese a que es un sistema automatizado, igual se ha requerido que sean las partes, en general las mujeres cuidadoras o quienes las representan, quienes deben presentar la información que antes el sistema no recogía’’, explica la abogada.
En la misma línea, Millán señala que aunque el proceso ha sido lento, sí ha resultado ser un apoyo concreto para abordar la violencia económica que viven cientos de mujeres en el país. ‘‘Si antes podía evadirlo con un cierto nivel de impunidad, eso al menos se ha ido reduciendo, y se van a ver en un escenario en que en algún momento van a tener que responder económicamente’’.
Sin embargo, la abogada deja en claro que estas medidas no son un fin, ya que a su opinión el Estado debe continuar implementando y evaluando las acciones, para así entregar soluciones efectivas sobre esta materia. Por último, respecto a cómo proyecta este tema en el tiempo, la abogada estima que es crucial también abordarlo desde los estereotipos de género que hasta el día de hoy tienen como consecuencia que las mujeres asuman exclusivamente el cuidado de sus hijos. ‘‘Los hombres operan bajo sesgos y estereotipos que les hacen asumir que pueden fácilmente desprenderse de sus obligaciones respecto de sus hijos. Mientras eso siga sucediendo, evidentemente vamos a seguir viendo realidades como estas’’, recalca Francisca Millán.
Dentro del feminismo uno de los temas más importantes es la interseccionalidad, esto porque que es necesario destacar que todas las mujeres viven distintas formas de discriminación en razón de su raza, pueblo u orientación, identidad o expresión sexual.
Esto se puede observar con la lucha por el Matrimonio Igualitario, ya que, si bien constituye un avance para toda la comunidad LGBTQ+, así también lo es para las lesbofeministas. ‘‘El matrimonio igualitario es un hito fundamental. Es importante recordar que la lucha por el matrimonio empezó en los 70, demoramos décadas en conseguirlo’’, explica la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.
En esa línea, Cumplido destaca que, aun con este hito conseguido, ‘‘sigue existiendo discriminación hacia la comunidad’’. Por ejemplo, la fundación evidenció que la implementación del Matrimonio Igualitario ha experimentado diversos obstáculos: la demora excesiva en la entrega de certificados; nombres y apellidos mal escritos o eliminados; y la negación de los servicios en algunas de las sedes del Registro Civil.
‘‘Si bien el matrimonio igualitario es un avance significativo , hemos estado monitoreando la ley y persisten las falencias. Es importante que el Estado haga mejoras en la implementación para que así todos y todas podamos acceder sin trabas’’, cierra Cumplido.
