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El Mostrador conversó con los abogados penalistas Cristián Riego y Mauricio Duce, y con la experta en seguridad ciudadana Alejandra Mohor, para analizar los efectos del frenesí legislativo que se produjo tras la muerte de la sargento Rita Olivares. Para Riego, en lugar de insistir nuevamente en el aumento de penas, sería más importante apoyar a uniformados procesados, porque “hoy no cuentan con apoyo institucional”, además de fortalecer su entrenamiento y seguridad. En tanto, Duce advierte que “lo que estamos viendo es que hay una presión por ir hacia cuestiones que exceden los márgenes de racionalidad”. Y la socióloga Alejandra Mohor, por su parte, pone el acento en que, por razones políticas, “estamos dispuestos a sacrificar las libertades individuales bajo la falsa premisa de que esto va a venir a disminuir la criminalidad”.
El homicidio –en la madrugada del domingo– de la sargento 2° Rita Olivares, generó gran conmoción pública. Fuera del habitual aprovechamiento político en los temas de seguridad por parte de la derecha (que responsabiliza al Gobierno) y de la izquierda (que asegura no ser responsable de la caída libre en respaldo ciudadano en que se halla la institución), el dramático hecho impulsó un acuerdo unánime de los parlamentarios para legislar aceleradamente leyes que endurezcan las penas por violencia contra Carabineros.
El transversal apoyo a legislar en esta materia motivó la poco frecuente decisión en el Congreso de cancelar la semana distrital de diputados y senadores, para que los parlamentarios permanecieran estos días en Valparaíso trabajando un paquete legislativo contundente, que demostrara a la opinión pública y las policías que había preocupación por los últimos eventos que han afectado a efectivos de la institución policial.
Así comenzó ayer el frenético trabajo legislativo en la Cámara con el objetivo de tramitar leyes emblemáticas, como la Ley Sargento Retamal y Ley Naín 2.0, además de la antisicariato y antiextorsión. En cosa de horas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro cuando la detención o encierro se prolongue por más de 48 horas, además de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en Chile (Ley 17.798), y que aumenta la pena por el delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. En ambos proyectos, no hubo discusión, planteamiento de mejoras ni reflexión. Se aprobaron por unanimidad y sin abstenciones.
El voluntarismo parlamentario, muy dado a endurecer de forma exprés normativas penales que, en tiempos normales, requieren de una discusión pausada para evitar la colisión con las libertades individuales, fue dando paso –según diversos expertos– a un “peligroso populismo punitivo”. La difusa línea entre la voluntad de mejorar la legislación vigente para enfrentar con vehemencia la violencia delictual y el autoritarismo, quedó reflejada en ideas de varios parlamentarios que buscan reinstalar el Estado de Excepción en la Región Metropolitana, una medida ampliamente usada durante y después del estallido social, en pandemia, en la región de La Araucanía y en el norte del país, y que convirtió al país en una de las naciones del mundo con el uso más prolongado de esta medida constitucional de excepción.
Uno de los primeros en plantear la idea de poner a los militares en las calles para inhibir la acción delictiva y restringir, a la vez, el derecho a la libre circulación de personas mediante el toque de queda, fue el senador socialista Juan Luis Castro (PS), quien tuiteó: “Apoyo el Estado de Excepción en la Región Metropolitana, ¿si incluye toque de queda, por qué no? Hay comunas capturadas por la delincuencia, es necesario que haya un factor disuasivo potente”.
También se subió a este carro el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien señaló en la misma red social: “Por lo menos vemos en el Estado de Excepción una forma de apoyar a Carabineros en su labor cotidiana, que en el caso del Gran Valparaíso podría ser de contingente de la Armada”, algo que también sugirió el candidato a consejero constitucional y exministro del Interior, Rodrigo Delgado, en días anteriores. En esta lista de propuestas destacó igualmente la realizada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que propuso acelerar la tramitación de un nuevo Código Penal.
Es en este contexto de propuestas legislativas y de solicitudes de endurecimiento de penas y medidas de seguridad, que dos expertos penalistas llaman a evitar medidas más bien “efectistas” y tener la precaución de cuidar los derechos individuales básicos y esenciales. Tanto los abogados Cristián Riego como Mauricio Duce coinciden en que esta batería de proyectos es más de lo mismo y que se está volviendo a legislar en leyes destinadas a aumentar las penas por delitos contra Carabineros, restringir las penas alternativas o que se retipifiquen penas en algunas categorías delictuales. En tanto, para la experta en seguridad ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, lo visto en el Congreso es la confirmación de que el populismo punitivo se ha instalado, ya que las medidas planteadas no han demostrado ser efectivas en la reducción de las tasas de criminalidad.
“Nadie todavía en el país ha asumido la pregunta respecto de qué es lo que explica que hayamos tenido las tasas de homicidio más altas durante 2020, pese a estar en pandemia, con condiciones de restricciones a la movilidad por el Estado de Excepción. ¿Qué explica que haya ocurrido esto?”, se pregunta.
Para el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, es muy probable que los parlamentarios estén legislando “promesas que no van a poder cumplir”, porque no está demostrado que cambios en penas reduzcan delitos o la violencia contra Carabineros y señala que sería mejor ver propuestas más orgánicas y racionales, pues “hoy día, más bien, lo que estamos viendo es que hay una presión por ir hacia cuestiones que exceden los márgenes de racionalidad”.
Duce es enfático en aclarar que “un sistema criminal tiene que construirse sobre bases con equilibrios que permitan, por una parte, entregar herramientas para la eficacia de la persecución penal y, por otra parte, defender los derechos individuales básicos de las personas. Cuando tú solo avanzas en un componente, sin equilibrar el otro, terminan pagando justos por pecadores” ·
Duce también llama la atención respecto a insistir en el aumento de las penas: “Cuando entregas un cheque en blanco, necesitas los contrapesos adecuados para el ejercicio del monopolio de la fuerza. Si no colocas los contrapesos, se corre el riesgo de abuso policial, casos de gatillo fácil, lo que tampoco es conveniente”.
“En mi opinión –agrega– la probabilidad que tienen estas leyes de efectivamente resolver los problemas de seguridad es bajísima o muy marginal, porque no se está haciendo cargo de los problemas de fondo”.
Para el también abogado penalista y profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, los problemas en seguridad “no son de tipo legislativos, son operativos” y señala que estos paquetes pro seguridad no están apuntando a ayudar a los carabineros en su trabajo diario: “Sería mucho más importante lograr mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales y el resto del sistema. Hay que mejorar el entrenamiento, el respaldo a los policías que son objeto de un cuestionamiento o han sido imputados penalmente, porque en estos casos el carabinero no tiene una defensa apropiada, queda suspendido del cargo y no tiene un respaldo institucional importante”.
Riego considera además que sería mejor apoyar el entrenamiento de los carabineros para encarar situaciones violentas, mejorar sus prácticas de defensa propia y en uso de armas. “Lo lógico sería hacer un estudio con los propios policías, en que les preguntes a ellos cuáles son las dificultades que encaran y sobre esa base realizar una propuesta de cambios destinada a resolver las falencias”, puntualiza.
La socióloga Alejandra Mohor, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, también es crítica del trabajo legislativo que se ha visto esta semana: “Me preocupa muchísimo este refundido de los proyectos de ley que han denominado Naín y Retamal. En particular, me genera mucha preocupación la legítima defensa privilegiada (…). Puede ser una garantía procesal respecto del uso de la fuerza letal. Lo que vemos en la experiencia de Estados Unidos es que este tipo de medidas solo han redundado en una mayor letalidad, sin que con eso se reduzca para nada la criminalidad (…). Creo que el tenor de la discusión que tenemos hoy día esta lejísimo de acercarnos a los verdaderos caminos para mitigar los problemas de violencia y delito a los que hoy día nos enfrentamos”.
Mohor manifiesta asimismo su preocupación por la posibilidad de que terminemos “dispuestos a sacrificar las libertades individuales bajo la falsa premisa de que esto va a venir a disminuir la criminalidad”.
Para la socióloga de la Universidad de Chile, esta reacción de la clase política es resultado de las encuestas: “Creo que hoy están mandando las encuestas, encuestas que reflejan una opinión pública que se conforma a través de algunos medios de comunicación masivos y que tienen una orientación política. A Chile lo veo como un país que muy fácilmente asume que es normal e inevitable vivir bajo estados de control total, porque no nos han ofrecido muchos caminos alternativos y, cuando se han presentado, se han visto gravemente amenazados”.
En cuanto a extremar las medidas como los Estados de Excepción para controlar la violencia delictual, Mohor es categórica en afirmar que ello no da resultados.
“Basta ver lo que ocurrió durante la situación de pandemia, con toque de queda, con limitaciones a la movilidad extremas, ¿y qué pasó? Tuvimos las más altas tasas de homicidio de nuestra historia reciente. Entonces, no hay nada en la realidad empírica que respalde este tipo de afirmaciones. Nada. Sin embargo, se construyen estas falsas realidades, estas falsas seguridades, y nos desvían de los problemas reales, de los problemas que efectivamente subyacen al incremento de la violencia, al incremento de criminalidad, sobre cómo están funcionando nuestras instituciones, cómo se ha hecho durante estos años el trabajo preventivo en el territorio, en los sectores más marginalizados. La realidad que ha llevado al populismo punitivo se construye con intereses políticos”, concluye.
