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El debate sobre el “Estado social y subsidiario” fue el punto conflictivo del primer mes de la Comisión de Expertos. Desde el oficialismo se advierte que son conceptos incompatibles, sin embargo, la oposición muestra una postura dura respecto al tema e intentará defender el principio de “libertad de elección”. Por otro lado, el mayor punto de consenso de esta instancia estuvo en la subcomisión de Sistema Político, donde todos sus integrantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de terminar con la alta fragmentación de partidos representados en el Congreso. Termina el primer mes de trabajo y la principal características de este segundo intento por redactar una Constitución para Chile es el total hermetismo y recato con que trabajan sus integrantes.
El jueves tarde en la noche, la Comisión de Expertos dio término a la primera etapa del proceso y el viernes a primera hora las cuatro subcomisiones presentaron públicamente sus propuestas para el anteproyecto constitucional. Algunas subcomisiones terminaron su texto muy cerca de la hora límite de la medianoche del jueves, pero todas cumplieron con ingresar las normas que ahora deberán ser votadas en general el lunes. Está previsto que lo que entregó esta comisión se apruebe por unanimidad el día lunes en la votación del proyecto en general. Será en la discusión en particular cuando se ingresen las indicaciones y se conozcan las diferencias entre un sector y otro. El abogado Juan José Ossa, que encabezó la subcomisión de Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado, estimó que lo que se conoció el viernes es “un gran primer acuerdo, pero no hubo renuncias a temas claves por parte de los distintos actores, aunque sí las hubo en otros temas”.
De las cuatro subcomisiones, en solo una hubo un conflicto serio, que terminó con uno de los expertos parándose y haciendo amago de querer salir de la sala. Eso ocurrió esta semana y fue en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambiente, mientras se discutía el “Estado Social y de derecho…”, que una experta de derecha se paró de la mesa cuando no logró convencer sobre elevar a rango constitucional la libertad de elección de los cotizables en materia de salud y previsión social.
En contraste a lo anterior, en la subcomisión de Sistema Político no hubo grandes divergencias y desde el principio de la discusión existió total acuerdo en la composición del Congreso. Todos los expertos coincidieron en la urgencia de terminar con la actual fragmentación de partidos representados en el Parlamento.
El otro elemento que distinguió este mes de trabajo fue el total hermetismo con que trabajaron los comisionados expertos discutiendo y redactando sus propuestas. Cuando la prensa consultaba a los miembros de las distintas subcomisiones durante este mes, la respuesta habitual fue “estamos trabajando, no podemos declarar nada por ahora”. Entre los miembros de la comisión existía un pacto de silencio para no repetir los errores cometidos en la Convención Constitucional del 2022, donde fue normal que los convencionales fueran protagonistas en los medios de comunicación y las redes sociales.
La principal batalla ideológica entre los expertos este mes fue respecto a cómo se consagrará el “Estado social y democrático de derecho…” en el proyecto de nueva Constitución. Distintos personeros del Comité de Expertos cuentan que el tema estuvo presente en las cuatro subcomisiones y en cada una de estas se evaluaron las distintas variantes e implicancias que este tema trae consigo. Así, cada una evaluó en diferente profundidad el concepto, pero fue en dos subcomisiones donde la discusión resultó más ardua.
El conflicto más complejo en este tema se produjo en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambiente y lo protagonizó Bettina Horst (UDI), investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo. Voces al interior de la UDI declaran que Horst actuó a título personal y que no representa la posición del partido. La molestia de Horst se produjo el lunes pasado, cuando defendía férreamente elevar a nivel constitucional la libertad de elección de los cotizantes en materia de salud y previsión social.
El momento más álgido de este enfrentamiento ocurrió cuando ella, muy molesta, se levantó de la mesa de conversación para retirarse de la reunión. El altercado logró subsanarse cuando la presidenta de esta subcomisión, Alejandra Krauss (DC), logró conversar con la experta UDI y la convenció de reintegrarse al debate.
En este tema en conflicto, los expertos oficialistas defienden un “Estado social robusto” e insisten en la definición de “Estado social y democrático de derecho…”, tal y como quedó en las bases del acuerdo que permitió el proceso constituyente. Bettina Horst, por su parte, defiende la idea de que esto sea compatible con el principio de subsidiariedad y de libertad de elección. Los comisionados oficialistas dicen que esa idea es incompatible, pero Horst está en desacuerdo y quieren asegurar que el Estado no pueda echar mano a las cotizaciones para generar solidaridad.
Finalmente, esta discusión respecto al “Estado social y de derechos” y la medida en la que los privados participen, quedó pendiente. El lunes se votarán en general estos anteproyectos entregados por las subcomisiones, los comisionados tendrán que preparar las indicaciones respectivas, especificando qué es lo que quiere cada sector. Solo será la votación en el pleno lo que determine si la propuesta consignará un Estado de carácter social o, bien, tendrá algún matiz subsidiario.
Este tema también fue muy debatido en la subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, liderada por el UDI Máximo Pavez. Nuevamente salió a colación el interés de los representantes de Chile Vamos por relativizar el concepto y lograr acuñar la subsidiariedad, la participación de privados en los derechos sociales. Pavez fue el que tuvo la posición más dura, pero testigos señalan que no logró armar un bloque con los otros militantes de la derecha que estaban en la subcomisión. Al final el conflicto no se extendió y se decidió que las asperezas serán limadas en el pleno mediante las indicaciones que se le ingresen a esta norma.
La subcomisión de Sistema Político fue una en que la discusión se desarrolló de manera más fluida y armónica. En este sentido, este mes de trabajó en Sistema Político fue la antítesis de lo ocurrió en el proceso del 2022, cuando esta fue la comisión donde hubo más enfrentamientos y terminó siendo el centro de atención de todos los medios de comunicación.
El trabajo de esta subcomisión comenzó con un diagnóstico común que se enfocó en la incapacidad de los últimos gobiernos para gobernar y cumplir su agenda política. Luego, tras audiencias con otros expertos, aparecieron alternativas que generaron consenso por parte de todos los integrantes de la comisión y esas fueron, primero, que el Congreso está fragmentado y eso entorpece las negociaciones de las fuerzas políticas del Ejecutivo con el Parlamento y entre los mismos legisladores; segundo, que la situación de fragmentación aumenta porque los diputados pueden renunciar al partido apenas sean electos para el cargo.
“La fragmentación del sistema político nacional ha provocado un deterioro en la gobernabilidad y estabilidad política”, señala el oficio entregado por la subcomisión de Sistema Político a modo de antecedente. Además, afirma que “son casi 10% de los actuales parlamentarios los que han renunciado a sus partidos o cambiado de su original comité o bancada. Aquella es una fracción relevante que contribuye a la inestabilidad política, debilita la institucionalidad partidaria y provoca una situación de falta de rendición de cuentas ante los electores”.
Para enmendar estos vicios, los expertos y las expertas propusieron un sistema de entrada al Parlamento que asegure la presencia de menos partidos políticos, pero más grandes. De esa manera, no dividir las fuerzas en muchos colectivos, sino que concentrarse en fuerzas políticas definidas. Así dice la norma: “Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional. El cálculo del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones”. La misma exigencia quedó establecida para el Senado.
Esto quiere decir que solo podrán acceder al Parlamento los que ganen las elecciones y además hayan inscrito su candidatura con un partido político que haya obtenido el 5% de los votos a nivel nacional. Si un candidato o candidata obtiene la mayoría electoral en su circunscripción, pero su partido no tiene el 5% de los votos a nivel nacional, quedará fuera del hemiciclo, no podrá ser elegido. La otra novedad en este punto es que, si un diputado renuncia al partido por el que fue electo, también deberá renunciar a su puesto en el Parlamento.
Si esta norma se aplicase a la actual Cámara de Diputadas y Diputados, habrían quedado fuera parlamentarios democratacristianos, Evópoli y varios de los partidos chicos, porque no obtuvieron más del 5% nacional. Si esta normativa se aplicara al actual Parlamento, tendrían que salir 55 de los 155 diputados que están actualmente en ejercicio.
Juan José Ossa explica que la idea no fue dejar a parlamentarios fuera, sino que existan partidos más grandes que puedan ejercer mayor poder sobre sus parlamentarios. “Hoy existen 21 partidos políticos y dos en formación. Una configuración en que es muy difícil negociar con todos, pues cada uno tiene su precio”.
La presidenta de Evópoli y candidata a Consejera Constitucional, Gloria Hutt, asume que “a nosotros nosotros nos pone una presión”, pero valora la propuesta, ya que “obliga a formar alianzas, obliga también a encontrar acuerdos y a tener bloques representativos de la voluntad popular más equilibrados de lo que tenemos ahora”. Hutt mira con buenos ojos la medida y cree que es posible que esa propuesta “nos lleve a una estabilidad democrática y a que las decisiones que se tomen en el Parlamento tengan el soporte de una cantidad de votantes importantes”.
El presidente RN, Francisco Chahuán, sostiene que el tema de establecer el umbral de ingreso al Congreso es algo que los partidos políticos han conversado y cree necesarias estas medidas, para combatir la “atomización de la política”. Esto porque, en caso contrario, pueden aparecer “liderazgos que no responden a la ciudadanía y que, en definitiva, actúen sin responsabilidad”.
Entre académicos y especialistas en el tema constitucional hubo coincidencia en que esta parte del proceso tuvo importante avances. El académico UDP especializado en tendencias globales de constitucionalismos, Javier Couso, destaca, en primer lugar, que “un grupo de un amplio espectro político haya llegado a un mismo diagnóstico: que la fragmentación que existe en el Congreso hace muy difícil gobernar el país”. Lo más relevante, advierte Couso, es el umbral del 5% para poder tener representación parlamentaria y, con eso, “un sistema político que sea capaz de responder a las demandas de la ciudadanía”.
El hecho de que aquellos parlamentarios que renuncien a su militancia o a la bancada a la que pertenecen pierdan su calidad de legislador, es otro punto a rescatar para el experto. “Una democracia no funciona sin partidos políticos fuertes”, puntualiza el catedrático de la UDP, y cuando no hay partidos fuertes aparecen líderes carismáticos, mesiánicos y personalistas, agrega. Entonces, “hay una apuesta aquí por fortalecer los partidos, pero a su vez fortalecer que haya pocos, pero fuertes”, sostiene.
El abogado, académico y exembajador en Estados Unidos, Arturo Fermandois, tiene una visión que coincide con Couso en cuanto al umbral del 5% de votos a nivel nacional por partido. El abogado lo califica como un “acierto” y señala que “es un paso que venía siendo indispensable para recuperar un nivel básico de gobernabilidad parlamentaria” .
En cuanto a la cesación del cargo de aquellos parlamentarios que renuncien a su partido una vez que lleguen al Parlamento, Fermandois cree que es “una contribución a la gobernabilidad y a la disciplina parlamentaria”. No obstante, explica que es una medida “dura y sacrifica un principio democrático”, que lo hace buscando “una mejor previsibilidad en el ideario y en la organización parlamentaria”. Entonces, este “sacrificio” no sería tanto, pues tiene un balance, debido a que existe un “componente de representación, por cuanto el votante lo asocia al partido”.
El candidato a consejero constitucional del oficialismo y uno de los fundadores de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, cree que “la propuesta ingresada el día de ayer da una buena señal al incorporar mecanismos de democracia directa, equilibrio entre poderes para que prime la colaboración y fortalecimiento”. Sin embargo, advierte que hay materias pendientes que deberán resolver quienes integren el Consejo Constitucional, como “la paridad de género que llegó para quedarse y la consagración de escaños de pueblos indígenas en el Congreso, cuestiones que parte de la derecha comprometió en el plebiscito de salida”.
