PAÍS
Mientras se discutía la Ley Naín-Retamal en el Congreso, dos involucrados en el escándalo “Pacogate” intentaron, sin éxito, acceder a una reducción de sus penas por el mayor caso de corrupción de nuestra historia reciente. Carabineros, que alguna vez fue una de las instituciones más prestigiosas de Chile, ha perdido gran parte de su reputación debido a acusaciones de corrupción y denuncias por uso excesivo de la fuerza, especialmente tras el estallido social de 2019. Hay más de 130 funcionarios y exmiembros del Alto Mando imputados en este caso, el que tiene sus orígenes hace más de 15 años, aunque siguen vigentes algunas causas. El “megafraude” se estima en más de $35 mil millones.
Durante décadas, Carabineros fue una de las instituciones con más prestigio en Chile. Sin embargo, en los últimos años, ha perdido esa categoría debido a casos de corrupción y denuncias por uso excesivo de la fuerza.
Entre los casos de uso excesivo de la fuerza destaca, en la historia reciente, el que ocurrió el 2015, después de que un policía dejara en coma al estudiante Rodrigo Avilés tras lanzarle agua a presión desde un camión blindado o “guanaco”, durante una manifestación por la educación en Valparaíso.
Un año después, estalló el fraude conocido como “Pacogate”, en alusión al nombre coloquial (“paco”) con el que se conoce a la policía chilena y al escándalo político estadounidense “Watergate”. El “Pacogate” es considerado el mayor fraude económico de la historia de nuestro país y tiene más de 130 personas imputadas, incluyendo a importantes exmiembros del Alto Mando de la policía uniformada.
Conocido también como “megafraude” en Carabineros, comenzó a operar el año 2006, aunque se conoció recién en 2016, si bien algunos señalan que las fórmulas para desviar recursos datan desde fines de los 80. Sus últimas esquirlas volvieron a dañar la institución, el 17 de marzo recién pasado, cuando la Corte Suprema rechazó en fallo unánime una solicitud de anulación de sentencia judicial o recurso de casación y confirmó el fallo que condenó a un oficial (r) por fraude al fisco. Se trata del exteniente Guillermo Benítez, sentenciado a 541 días de presidio e involucrado en una “maniobra” para establecer sobreprecio en el valor de los perros policiales con que trabajaba en la unidad canina de la institución.
Posteriormente, el 27 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda en contra de otro de los condenados por malversación de caudales públicos. El sargento en retiro José Alberto León, que también es investigado como coautor del delito de lavado de activos y sentenciado a pagar al fisco una suma superior a los 200 millones de pesos.
Cabe mencionar que, a comienzos del 2020, el monto total del “megafraude” fue avaluado en más de 35 mil millones de pesos, siendo señalado como el “caso más grande de corrupción” ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal iniciado en el año 2000. En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como integrantes de la institución, incluyendo a exmiembros del Alto Mando de la institución, como el otrora general director de Carabineros Eduardo Gordon.
El máximo tribunal del país rechazó por unanimidad los recursos de casación interpuestos por la defensa del sentenciado Guillermo Alfonso Benítez Paredes, contra la sentencia que lo condenó a 541 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional de la pena por el término de dos años, en calidad de autor del delito de fraude al fisco. El ilícito fue cometido entre 2009 y 2011, en la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros.
De acuerdo con el fallo, en esos años dos funcionarios públicos, uno del grado de teniente coronel de Carabineros y el otro del grado de teniente, ambos de la dotación de la referida Escuela de Adiestramiento Canino, el primero de ellos ejerciendo el cargo de director y el segundo como jefe de la Comisión Adquisición de Canes Fiscales del mencionado plantel, consintieron en defraudar al fisco. Utilizaron la modalidad de adquisición “trato directo”, basándose en informes técnicos evacuados por el señalado teniente coronel de Carabineros para eludir las normas regulatorias de licitación del portal de compras públicas. Sus operaciones consistían en acordar con proveedores formales e informales de ejemplares caninos los valores de los canes que se adquirían para la institución con un sobrevalor respecto a los precios de venta del mercado. Según los informes periciales elaborados por el Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros (OS-9) y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), las operaciones facturadas suman un total de $101.209.500, causando un perjuicio patrimonial al fisco (Carabineros de Chile) por la suma de $17.073.354.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda civil presentada por el fisco en contra de José Alberto León Cisterna, sargento en retiro de Carabineros, condenado en calidad de autor del delito consumado de malversación de caudales públicos y como coautor del delito de lavado de activos. Los ilícitos fueron cometidos entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012. También de forma unánime, el tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda y condenó a León Cisterna a pagar al fisco la suma de $225.529.406. La cifra es equivalente a la que le fue abonada en su cuenta corriente.
Según el fallo, “ninguna prueba se ha rendido, tanto para justificar que el valor apropiado por el demandado sería equivalente solo a la cantidad inferior que habría efectivamente percibido como pago por sus servicios de testaferro para otros eslabones superiores en la cadena de defraudaciones por la que se le condenó”.
“Sobre este punto, si bien se estableció que León Cisterna percibió la suma equivalente a los 12 depósitos que detalla el fallo penal, y que de esa suma descontaba una comisión antes de redistribuir o reintegrar a terceros la mayor parte de lo así apropiado, el perjuicio para el demandante equivale a los fondos públicos distraídos y no al beneficio que de ello pudo obtener este particular coautor del delito de malversación de caudales y lavado de activos”, concluye el fallo.
El “Pacogate” tuvo un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía sobre la fuerza policial. Según la encuesta Cadem, Carabineros pasó de tener un 77% de evaluación positiva en febrero de 2017 a un 52% en julio del mismo año. Por su parte, la encuesta CEP indica que la evaluación positiva de la institución bajó desde el 54% en enero de 2017 al 37% en junio de ese año. A partir de 2018, la imagen de la institución siguió viéndose dañada, sumándose también los efectos de la denominada “Operación Huracán”.
A raíz tanto del caso “Pacogate” como del escándalo de la “Operación Huracán” y la subsiguiente crisis en Carabineros, en marzo de 2018 se realizó una renovación en los Altos Mandos de la institución. En total, fueron 15 los generales que fueron pasados a retiro por decisión del entonces general director Hermes Soto.
El ex general director Mario Rozas, quien asumió dicho cargo tras la remoción de Hermes Soto por el asesinato de Camilo Catrillanca, afirmó en enero de 2019 que la crisis ocurrió “por no controlar, por no observar lo que pasa en nuestro ambiente. Por creernos autosuficientes y no observar lo que pasaba a nuestro alrededor”, y añadió que “la única forma de salir de esta crisis es escuchando críticas y asumiendo culpas, porque hay que asumir que fuimos soberbios como institución”.
El desprestigio de Carabineros alcanzó su punto máximo durante las revueltas de 2019 que dejaron miles de heridos, numerosas personas con daños oculares, y en cuyo contexto se conocieron denuncias contra el cuerpo uniformado por “violaciones generalizadas” de derechos humanos por parte de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Entre quienes cuestionaron la represión de aquellas manifestaciones populares estaba el entonces diputado Gabriel Boric y algunos de los miembros que después integrarían su Gobierno, una situación que la UDI le recordó recientemente en pleno debate legislativo, exigiéndoles una vez más que pidan perdón a la policía uniformada por sus críticas.
El futuro de la controvertida institución de Carabineros de Chile, policía envuelta en escándalos de corrupción y casos de violaciones de los DD.HH., es un permanente punto de conflicto entre la coalición de Gobierno –que apuesta por reformar la institución– y la oposición conservadora –que pone obstáculos a la posibilidad de reformarla–.
Un pulso que ha vuelto a colocarse en el centro del debate político tras la muerte, en apenas quince días, de dos carabineros en procedimientos rutinarios, pese a que el Presidente Gabriel Boric pidió a los partidos evitar politizar la seguridad, principal inquietud de los chilenos según las encuestas Cadem e Ipsos.
El repunte de la polémica ha coincidido, asimismo, con la publicación del informe anual de Amnistía Internacional, en el que la organización de defensa de los derechos humanos calificó de “preocupante” tanto la permanencia en su posición del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez –considerando que actualmente está siendo investigado por el delito de omisión ante “apremios ilegítimos” durante el estallido–, como la falta de avances en la citada reforma del cuerpo policial, una de las promesas de campaña del Mandatario.
En este tenso contexto, el Congreso acordó aprobar siete proyectos de seguridad, “legislación en caliente” –según expertos internacionales, el Gobierno y los propios parlamentarios– impulsada por Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), iniciativas entre las que se encuentra la denominada Ley Naín-Retamal.
