El imperio de la seguridad

La peor amenaza a la gobernabilidad en América Latina, y también en Chile, es el crimen organizado. Y cuando se habla de crimen organizado, no se trata solo de narcotráfico. Por cierto, el narcotráfico lo es, pero es mucho más que eso: es un foco de delitos y persecución penal compleja. Esto, porque además de implicar bandas violentas, corrupción de las policías, de jueces, asesinatos y barrios liberados, cárceles corrompidas, amén de una pandemia de violencia casi incontrolable, el crimen organizado también es más amplio y sutil. Implica redes financieras complejas, lavado de activos, uso de sistemas digitales transfronteras, y se infiltra como corrupción en el cuerpo político y social. En su detección es fundamental la investigación financiera, el control de los sistemas de transporte y de comunicaciones digitales. Inteligencia más que fuerza, pues ahí está la información dura también sobre el narcotráfico.

La semana pasada en Chile estuvo marcada por una tensa actividad político-legislativa sobre seguridad policial, y por el tercer asesinato de un carabinero en acto de servicio en menos de un mes. Un antes y un después en la crisis de seguridad que experimenta el país. A nivel político, decantó una abierta crisis del oficialismo, con acuerdos transversales entre fuerzas opositoras y partidarios del Gobierno, así como una explosión de solidaridad ciudadana con la policía de Carabineros, que estrecha la capacidad de maniobra política oficialista.

La presión social persuadió a las fuerzas del oficialismo y al propio Ejecutivo para concurrir a un acuerdo en el Parlamento sobre modificaciones legales que, si bien no son la solución a los problemas institucionales que agobian al sector seguridad, por lo menos implican un estímulo de confianza en que es posible trabajar juntos y que no es tarde para enmendar.

Pero el país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia. Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es. Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

La valorable disposición de la Hacienda Pública a inyectar importantes recursos financieros para fortalecer el funcionamiento policial y hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia, no debe pasar por alto que a la situación actual no se ha llegado de improviso. Y que no es solo un tema de dotación tecnológica, poder de fuego o cantidad de funcionarios, sino también de diseño y organización, algo que el Alto Mando institucional de Carabineros ha sido renuente a mejorar. Hace más de diez años que se tiene registro claro sobre el aumento permanente de la violencia y crímenes de sangre en el país, con bandas armadas y sicarios, y nuestra policía de Carabineros  sigue actuando prácticamente igual, con los mismos procedimientos de antaño, sin mejorarlos ni adaptarlos. Por supuesto que esto también es responsabilidad del poder civil –gobiernos sucesivos, de distintos colores políticos–, del cual depende dicha institución.

Un ejemplo: Carabineros aún no tiene entrenamiento táctico SWAT, que es netamente policial (no militar), y que se viene aplicando en casi todo el mundo desde los años 60 del pasado siglo. Desarrollado primariamente en Los Angeles (EE.UU.), el enfoque SWAT implica un puente técnico entre la dotación de cercanía y patrullaje, con la operación de alta complejidad que tiene una policía en el Estado moderno. Este enfoque no evita las muertes, riesgo propio de la profesión, pero las disminuye y hace más eficientes a las policías.

Para colmo, en vez de diferenciar las funciones de seguridad policial y militar, el Estado chileno ha insistido el último tiempo en mezclarlas.

Los cambios en los escenarios globales de seguridad, particularmente en lo que se refiere a la acción del crimen organizado, y el amplio desarrollo de delitos complejos en determinados entornos territoriales, o procesos como los migratorios, no pueden enfrentarse eficazmente si no se cuenta con inteligencia estratégica adecuada. Ello afecta la calidad de los medios de fuerza que se selecciona y los diseños de unidades requeridas. En este mismo momento, aunque suene absurdo, existe una alerta pública respecto a que en los Puertos de Antofagasta, San Antonio y ZEAL de Valparaíso, hay un total de 8 camiones escáner sin operar u obsoletos. Mientras tanto, la ONU, en un informe anual, ha declarado como puerto rojo por narcotráfico a San Antonio (el cual no tiene ningún escáner operativo).

En el caso de las migraciones, muchos de los delincuentes que las infiltran provienen de países de alta letalidad por acción policial, como Venezuela y Colombia, por lo que se trata de delincuentes avezados en la violencia. Ello expone tanto a policías sin entrenamiento táctico como a sistemas carcelarios lábiles, basados en el control perimetral de los recintos y no en la segregación y rigurosidad de alta seguridad. En este contexto, no se entiende si la decisión del Fiscal Nacional de instruir a los fiscales para que soliciten prisión preventiva para extranjeros indocumentados es una medida “para la galería” o, realmente, tiene base técnica y jurídica, y si fue conversada previamente con los ministerios de Justicia y del Interior, así como con el Poder Judicial –surgen muchas más preguntas, por ejemplo: ¿existen lugares de detención adecuados y suficientes?–.

Es verdad que se requieren acciones prontas y concretas (siempre dentro de la legalidad) cuanto antes, pero también se necesita una mirada sistémica, multisectorial, liderada por una autoridad pública responsable, aunque esto lleve algo más de tiempo.

En este escenario, es imprescindible contar con el apoyo de la población civil, pues la policía es parte sustancial en la tutela tradicional de las libertades civiles, como la libertad personal, política, económica y de expresión. Por lo tanto, las policías no pueden corporativizarse ni en el uso discrecional de sus fondos institucionales ni, menos, en la lesión de espacios fundamentales que están llamadas a defender, como la libertad de prensa e información. En tal sentido, y no obstante la solidaridad que merece la institución de Carabineros de Chile por las sensibles muertes de miembros de sus filas, este medio no concuerda en absoluto con el exabrupto del general Álex Chaván, que vetó de participar en una conferencia de prensa a una periodista de TV por el mero hecho de haber usado “al aire”, en un evidente lapsus lingüístico, el concepto coloquial “paco” –de lo cual, por lo demás, la profesional se disculpó de inmediato, también “al aire”–.