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A través de un oficio que determina prisión preventiva para extranjeros detenidos sin documentos, reaccionó tardíamente la Fiscalía Nacional ante la crisis de seguridad. Una medida apoyada por los fiscales regionales, pero cuyo criterio no es compartido por todo el sistema de justicia. En una misma jornada, el Poder Judicial -vía apelaciones- dejó en prisión preventiva a un indocumentado en Maipú, pero en Concepción una jueza de Garantía desechó la solicitud del Ministerio Público, y dejó en libertad a otros cuatro. Con esta medida, más la colaboración con la comunidad mediante los llamados “sujetos de interés”, Ángel Valencia buscó salir del aletargamiento al que sumió a la Fiscalía durante toda la discusión a la ley Naín-Retamal. Una muestra del estilo de Ángel Valencia, que anunció un cambio radical al asumir, pero que ha mantenido una lenta marcha blanca, tanto así que, fuentes internas de la Fiscalía señalan que ha cedido espacios de liderazgo ante Xavier Armendáriz, el fiscal regional Centro Norte. Sin embargo, el despido de 16 personas hace unos días, la creación de nuevas unidades, redistribución de funciones, enroque de cargos, la llegada de nuevas jefaturas, podrían comenzar a perfilar un sello.
El pasado jueves 6, el mismo día en que el suboficial (póstumo) Daniel Palma Yáñez muriera por un disparo en la cara, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, convocó a un reunión urgente a los fiscales de la Región Metropolitana. El jefe del Ministerio Público salía así de la pasividad -para algunos incomprensible- en la que se había mantenido durante toda la discusión nacional por la crisis de seguridad. En el encuentro, los persecutores acordaron solicitar la medida cautelar de prisión preventiva a aquellos extranjeros que sean detenidos cometiendo un delito y no porten cédula de identidad nacional.
Esta orden se amplió a las regiones mediante el oficio Nº298/2023. El documento señala que “en consideración a la creciente problemática que se ha detectado en relación a la individualización de imputados nacionales y extranjeros que cometen delitos y que no cuentan con un documento oficial chileno que permita acreditar su identidad”, se dispuso “a todos los fiscales del Ministerio Público solicitar la medida cautelar personal de prisión preventiva establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal”.
“La medida fue respaldada por la totalidad de los fiscales, pero hubo inquietud por las distintas realidades del Registro Civil para enrolar imputados sin cédula y también para responder los requerimientos de las fiscalías. Es difícil imaginar que se mantengan personas privadas de libertad en espera de los trámites que pueden durar semanas”, señala una fuente.
“Una medida populista y sin respaldo jurídico”, señala otro abogado. “Valencia se mantuvo al margen de la discusión por la crisis de seguridad. No dijo nada sobre la nueva ley Naín-Retamal. Muchos esperábamos su pronunciamiento porque esto podría tirar por tierra las investigaciones de los altos mandos, por ejemplo. Es como si estuvieran las defensas de las policías detrás de esta ley… Defensas que han atacado a fiscales, que se han querellado. Cuando hay una ley nueva vale por sobre otras cuando va en beneficio del imputado. Se puede pedir la revisión de la condena. Eso es lo complejo de la nueva ley. Y el Fiscal nacional no aportó una línea ahí”, agrega el abogado penalista.
Lo cierto, reparan otros, es que la medida más que una innovación en materia de control de la delincuencia, es un criterio que fija el FN para los fiscales adjuntos, de la pedir prisión preventiva y si no es concedida por el juez de Garantía, apelar a la Corte de Apelaciones. “Algo que resulta obvio para muchos, el de pedir una medida cautelar de restricción de la libertad para inmigrantes indocumentados que cometen delito, no se estaba haciendo. Eso es precisamente lo que haciendo Valencia, fijar el criterio”.
Esto fue precisamente lo que ocurrió con el caso de un venezolano en Maipú que atropelló a un carabinero. Como no había más testigos que el del mismo Carabinero, el imputado fue dejado en libertad por la jueza de Garantía, pero la resolución se logró revertir tras apelar a la Corte, cuyos ministros por unanimidad dejaron al sujeto en prisión preventiva.
Así lo dio a conocer la Fiscalía en un tuit: “Intento de atropello a carabinero en Maipú se transforma en primer caso del ‘criterio Valencia’ acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago: fallo unánime deja en prisión preventiva por peligro de fuga a sujeto sin RUT provisorio y con DNI venezolano aparentemente trucado”.
El criterio Valencia, sin embargo, no es compartido por todo el sistema de justicia, por lo que ya se asoma visos de dificultad en su aplicación. En efecto, durante la misma jornada de este martes, una jueza de Concepción no acogió la solicitud de dejar en prisión preventiva a cuatro extranjeros, detenidos por el delito de receptación. Aunque los imputados no tenían Rut provisorio nacional, sí contaban con pasaporte y DNI de su país de origen. Por esa razón, la jueza desechó los argumentos de la Fiscalía y los dejó en libertad, con medidas cautelares menos gravosa.
El pasado lunes 27 de marzo se vivió una jornada de máxima tensión en la Fiscalía Nacional. Temprano se reunió el Consejo de Fiscales y a media mañana comenzaron a llamar a los funcionarios desde Recurso Humanos. “Siempre está decisión se toma en conjunto con las jefaturas. Este año nadie sabía nada —ni los jefes— y por lo mismo muchas personas pensaban que podían estar en la lista de despedidos. El ambiente era de mucha angustia”, cuenta un funcionario.
Cerca de las 11 empezaron a citar a los que serían desvinculados.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, una vez al año, generalmente en marzo, el Fiscal Nacional informa al Consejo General de Fiscales los nombres de los funcionarios que serán despedidos por el artículo 81 K. Un símil a “necesidades de la empresa” que opera en el sector privado. Pero acá se llama: necesidad de la Fiscalía Nacional o Regional (racionalización o modernización, cambio en la naturaleza de funciones…). Este año fueron cerca de 30 personas en total, 16 de la Fiscalía Nacional.
Terminaban así varias semanas de rumores y temores. Sin embargo, la incertidumbre inquieta a quienes siguen trabajando en la Fiscalía. “Nadie sabe hacia dónde van las cosas. Es verdad que todo sigue funcionando porque hay gente que está hace mucho y el trabajo se hace casi de manera automática, pero entre los mismos jefes se miran y preguntan qué es lo que se quiere, porque el Fiscal no da muchas instrucciones”, cuenta una administrativa.
Pero recién comienza la instalación de Valencia, quien prefirió esperar el paso del 81K para “realizar una selección natural” y saber con quiénes contará desde abril. Y sumar a quienes ya tenía fichados.
El 6 de enero, el Consejo de Fiscales aprobó la propuesta de reestructuración de las unidades especializadas del Ministerio Público. Así pasaron de cinco a siete las reparticiones que apoyan las labores de persecución penal. Y para echarlas a andar el nuevo fiscal nacional reclutó profesionales de distintas instituciones y a otros los cambió de unidad.
Un ejemplo de ello es Eugenio Campos, exfiscal regional de Magallanes encargado de la investigación denominada “Verde Austral” que implicó una malversación de más de 28 mil millones de pesos al interior de Carabineros y que involucra a ex altos mandos y oficiales de esa institución, además de civiles. Fue nombrado por Valencia en la dirección de la Unidad Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociado (parte del cargo que tenía Marta Herrera). Campos era el Fiscal Regional más cercano a Abbott y bajo su mirada estarán temas como las investigaciones en las municipalidades de Vitacura y lo Barnechea, por nombrar algunas. En la misma línea —un ex Abbott— está el fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz quien mantiene su designación de Fiscal Nacional subrogante —también lo era de Abbott— aunque en este caso, aseguran, no hay tanta cercanía, “más bien Armendáriz parece imponerse por sobre Valencia”, comentan al interior del Ministerio Público.
Al interior de la fiscalía sostienen que en los primeros 100 días Valencia ha cedido liderazgo ante Xavier Armendáriz y, que entre varias razones, la dilación de Armendáriz en la formalización de Torrealba estaría aumentando la tensión entre ellos.
La jefa de gabinete de Abbott, Alejandra Seguel, estuvo en un comienzo asistiendo a Valencia en ese mismo puesto, pero luego asumió como jefa de DDHH, unidad que fue dividida en tres: Responsabilidad Penal Adolescente a cargo de Alejandra Mera González-Ballesteros, que se desempeñaba como académica e investigadora de la Universidad Diego Portales; Género, aun vacante (aunque se dice que llegará la ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz) y Derechos Humanos. En esta última es donde hay importantes causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, con querellas contra políticos y Carabineros. Mauricio Fernández, quien dirige la Unidad de Delitos Económicos, fue ratificado en su puesto. También la directora de la Unidad de Planificación, Mónica Naranjo y la Gerente División de Administración y Finanzas: Sandra Díaz Salazar.
Hace unos meses se sumó Marcos Pastén, quien era jefe de asesorías jurídicas de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y mano derecha del entonces fiscal Raúl Guzmán Uribe (hoy Guzmán es el secretario del Senado y fue clave en impulsar la campaña de Valencia ante el Congreso). Cuentan que Pastén llegó como asesor jurídico porque Valencia no confiaba en nadie y poco a poco fue ganando espacio y hoy es jefe de la Unidad Jurídica, que estará por sobre varias divisiones, entre ellas un grupo de abogados que será el enlace con las fiscalías regionales. Lo que no tiene nada de contentos a los Fiscales Regionales, que suponen existirá una barrera de comunicación con Valencia.
A propósito de regiones, como encargado de las causas de falsas identidades financieras que ofrecen préstamos por internet, designó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
También llegó el abogado Ignacio Castillo Val, otro hombre de Raúl Guzmán y que se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en el Congreso y hoy dirige la nueva Unidad de Crimen Organizado. Desde Paz Ciudadana llega a la División de Estudios, Ana María Morales Peillard. Como gerente de Recursos Humanos fue nombrado Christian Hansen Cruz, quien ha trabajado en la Dirección de Servicio Civil, SII e IPS. El nuevo gerente de Informática, Marcelo Gómez Concha viene de la Fiscalía Centro Norte. Como jefa de Gabinete quedó la abogada de la Universidad de Los Andes, Catalina Wilder Zambra. Como jefe de Delitos Sexuales, Maurizio Sovino, era el subdirector de la misma Unidad y fue ascendido. Y en el cargo más fuerte, por ser la mano derecha del Fiscal Nacional asumirá como Directora Ejecutiva Nacional, la ingeniera civil, Ximena Rivas Asenjo, exdirectora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) durante el último gobierno de Sebastián Piñera.
Según fuentes cercanas a la Fiscalía, hasta ahora el círculo de influencia de Ángel Valencia estría formado por Marcos Pastén, Mónica Naranjo, Ana María Morales, Sandra Díaz y Alejandra Seguel.
De esta manera comienza a moverse el engranaje de la Fiscalía Nacional en la era Valencia, a quien todavía le pesa al interior del Ministerio Público el haber llegado desde el ejercicio privado. No solo por las causas que llevó, también porque “estaría remodelando la Fiscalía como si fuera un estudio de abogados, lo que incluye ‘ejecutivos de cuenta para atender a las regiones’”, se quejan desde provincia y también desde Santiago.
