PAÍS
Crédito: Defensoría Penal Pública
El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, cuestionó la efectividad del oficio ligado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el que es apoyado por fiscales regionales, pero no es compartido por todo el sistema de justicia. Mora Jano señaló que la prisión preventiva es una medida excepcional que solo se debe aplicar si se cumplen ciertos requisitos legales y de derechos humanos. Además, recalcó que la política de persecución penal del Ministerio Público no es vinculante con las decisiones de los tribunales y que el derecho penal no es la solución para los problemas migratorios. La iniciativa es apoyada por diputados de la UDI, quienes buscan establecer la obligación de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que cometan delitos en el país.
El jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora Jano —designado por el expresidente Sebastián Piñera en 2021 tras el respectivo concurso de Alta Dirección Pública—, emitió una declaración apuntando al denominado “criterio Valencia”, oficio que busca la prisión preventiva para extranjeros detenidos sin documentos. Una medida apoyada por los fiscales regionales, pero cuyo criterio no es compartido por todo el sistema de justicia.
Ayer, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó los lineamientos del criterio emitido por el Ministerio Público y liderado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, señalando que se trata de un criterio interno y que por el momento no es legal. Además, explicó que cada caso se resolverá individualmente, por lo que puede haber diferencias en la decisión de aplicarlo. “En algunos casos, es posible que ese criterio prospere y en otros no”, sentenció.
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Hoy, Mora Jano cuestionó la iniciativa que ahora un grupo de diputados de la UDI buscan convertir en la “Ley Valencia”. “No es el camino para hacerse cargo del problema migratorio”, afirmó el titular del servicio público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
“Las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público no son vinculantes con las resoluciones de los tribunales y menos en lo que dice relación con las medidas cautelares personales como es la prisión preventiva que es excepcionalísima conforme a lo señala la ley y los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo el jefe de la DPP, explicando que para que sea aplicada debe cumplir con presupuestos materiales, como la existencia del delito y presunción de participación, además de la necesidad de cautela bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad.
“La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país. El derecho penal no soluciona los conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal crear expectativas en ese sentido”, advirtió el Defensor Nacional.
Los parlamentarios de la bancada gremialista, Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida, Renzo Trisotti y Marlene Pérez, anunciaron que presentarán en los próximos días un proyecto denominado como “Ley Valencia”, en referencia al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y que tiene por objetivo establecer la obligación de los Tribunales de Garantía de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros que hayan cometido algún delito y que estén indocumentados en el país.
Los diputados UDI explicaron que la iniciativa legal apunta a “establecer que cuando un extranjero esté siendo imputado por un delito, se presumirá que su eventual libertad podría implicar un peligro de fuga y, por consiguiente, terminaría afectando gravemente la investigación del Ministerio Público y una posible condena”. Por lo tanto, sostienen, para evitar aquello, “la ley dispondrá que el juez a cargo estará obligado a decretar una cautelar de prisión preventiva, al menos hasta que las autoridades competentes puedan dar con la identidad real del extranjero”.
“Hemos decidido como bancada presentar un proyecto de ley que viene a otorgarle sustento legal a la propuesta del Fiscal Nacional, para que todos los extranjeros indocumentados que cometan un delito queden en prisión preventiva por el tiempo que sea necesario hasta conocer su verdadera identidad. La descontrolada migración irregular que vivimos en nuestro país ha provocado que un número indeterminado de extranjeros ingresen con el único propósito de delinquir, quienes además se van cambiando reiteradamente de nombre para eludir el sistema”, manifestaron los congresistas, quienes por lo mismo agregaron que “es fundamental que, mientras las autoridades no den con su verdadera identidad, queden en prisión preventiva y no sean puestos en libertad, porque eventualmente podríamos correr el riesgo de dejar libre a un verdadero criminal sin saberlo”.
Leal, Fuenzalida, Trisotti y Pérez señalaron que el proyecto se debe a la discrecionalidad que hoy tienen los jueces para acoger o no la solicitud del Ministerio Público, de modo que aseguraron que “con esta iniciativa, en caso de aprobarse, ningún magistrado podrá volver a ignorar la petición de la Fiscalía y tendrá la obligación de decretar la prisión preventiva”.
“Lo que ha planteado el Fiscal Nacional es de toda lógica, porque los extranjeros que han ingresado irregularmente a delinquir se van cambiando de identidad todas las semanas, evitando así que puedan aparecer con antecedentes. Y como ya hemos visto que en algunos casos los jueces no han acogido la petición del Ministerio Público, creemos que la mejor alternativa es regularlo a través de un proyecto de ley y así establecer dicha obligación”, reiteraron los gremialistas.
