PAÍS
La Asociación Nacional de Fiscales ha expresado su preocupación al jefe del Ministerio Público sobre el oficio que los instruye a solicitar la prisión preventiva de imputados extranjeros indocumentados. Cuestionan su implementación en regiones y solicitan una evaluación de la suspensión de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía y precisar el alcance del mandato en cuanto a ciertos casos como la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad. Además, advierten que “directrices rígidas” han llevado a la afectación de la imagen de la institución en términos públicos en el pasado.
La Asociación Nacional de Fiscales ha enviado una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la que expresan sus preocupaciones sobre el denominado “criterio Valencia” emitido el pasado 10 de abril, que instruye a los fiscales del país a solicitar la ampliación del plazo de detención de extranjeros indocumentados y, en última instancia, la medida cautelar de prisión preventiva para obtener la identidad de los imputados o proceder al enrolamiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación mediante la obtención del “RUT Provisorio”.
La asociación presidida por el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, Francisco Bravo, manifiesta su inquietud por la implementación de este oficio, especialmente en regiones donde el Registro Civil cuenta con una sección radicada sólo en la Región Metropolitana. Aseguran que la experiencia cotidiana indica que el proceso de enrolamiento puede demorar entre 2 y 3 meses, plazo que en muchos casos es el que los tribunales fijan como plazo de investigación. En ese sentido, la asociación sugiere que los esfuerzos deberían centrarse en instar por la mejora de los procesos de enrolamiento en lugar de someter el proceso penal a sus carencias.
También te puede interesar:
Además, los fiscales solicitan una aclaración sobre el alcance del oficio en casos como la detención de adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidades o situaciones médicas delicadas, así como la situación de los niños, niñas y adolescentes. También preguntan si la medida no admite excepción en casos de delitos con penas de multa o “delitos bagatelarios” —de menor entidad—.
La Asociación Nacional de Fiscales recalca su preocupación por las “directrices rígidas” para la solución de cuestiones jurídicas, que han generado una sobrecarga en las tareas de persecución penal y la distracción de recursos de otras materias de relevancia. Recuerdan que esto llevó a la afectación de la imagen de la institución en términos públicos en el pasado. Por lo tanto, solicitan al Fiscal Nacional evaluar la suspensión de la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía ante los que se pongan a disposición los detenidos y precisar el alcance del oficio en cuanto a las personas descritas y los delitos bagatelarios.
Consulta la misiva dirigida al fiscal Ángel Valencia, a continuación.
Carta a FN by El Mostrador on Scribd
