PAÍS
Casi 2 millones de chilenas y chilenos viven con condiciones permanentes de discapacidad mental. La mitad tiene más de 59 años, porque tanto la edad como la pobreza son factores que la potencian. Hoy se lanza “Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad”, una publicación-estudio que es parte de la serie “Del Dicho al Derecho”, realizada por el área de Discapacidad Mental del Hogar de Cristo. En cuatro capítulos –a través de una mirada cuantitativa y cualitativa– presenta la realidad de la discapacidad en Chile, dándoles más voz a las personas que la viven que a los expertos. Se trata de un tema que se ha dicho es prioritario para el Gobierno y que, sin embargo, cuenta con un presupuesto del 2,2% del total destinado a salud mental, menos de la mitad del mínimo (5%) que, en 2010, recomendó la OMS para el país.
“Las personas con discapacidad mental buscan lo mismo que las que no la tienen: un lugar seguro en el que vivir, trabajar, estudiar, tener una vida social y comunitaria, amistades, amar. Como sociedad, sin embargo, muchas veces somos parte de los obstáculos para que consigan todo esto”, expresa parte de la introducción del libro Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad, escrita por el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Pablo Norambuena.
El libro –el sexto estudio de la serie “Del dicho al Derecho”–, que será presentado durante esta mañana en el Centro Cultural La Moneda, señala a la discapacidad mental como factor de exclusión social en Chile. Diversos factores adversos son reforzados por el efecto que ejercen los contextos socioeconómicos desfavorables, marcados por la pobreza o la vulnerabilidad. La pobreza impide a las personas con discapacidad mental el despliegue de todo su potencial humano, con consecuencias negativas en su autonomía, cumplimiento de anhelos, autoestima, y bienestar en general en el largo plazo.
La publicación del Hogar de Cristo busca darles voz y consideración a personas normalmente no consideradas, invisibles. En el mejor de los casos, infantilizadas y, en el peor, temidas, abusadas, marginadas, escondidas al fondo de un patio, en condiciones lamentables.
La discapacidad mental está definida en la Ley 20.422 de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad mental. “Se habla de aquellas personas que presentan una discapacidad asociada a temas cognitivos o intelectuales y/o temas psicosociales o psiquiátricos. Como es amplia la definición, la discapacidad como concepto no está determinada por el diagnóstico de las personas, sino por las barreras que tienen para incluirse socialmente. Por eso se utiliza en algunas legislaciones este concepto amplio que habla de salud mental e incluye a todas las personas que presentan alguna discapacidad asociada a estas causas”, explica la jefa técnica nacional de la línea Discapacidad Mental del Hogar de Cristo, María Isabel Robles.
-¿Cuáles son esas barreras indicativas de discapacidad?
-Por ejemplo estar, desde la primera infancia, en el sistema regular de educación, tener acceso a inclusión laboral para habilitación y rehabilitación, poder acceder a algún tipo de tratamiento para recuperación intelectual. Una persona no tiene discapacidad mental porque tiene esquizofrenia, depresión, TEA o síndrome de down, tiene discapacidad por la dificultad para ser parte de la sociedad.
Como no hay un indicador formal que mida la discapacidad mental en Chile –situación que contribuye a hacer invisible su situación y dificulta realizar diagnósticos adecuados para el diseño de las políticas públicas atingentes a sus necesidades–, el estudio caracterizó a la población a partir del último Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II), y de la versión 2017 de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
Con estos datos, es posible identificar a 1.955.156 personas con condiciones permanentes o de larga duración con discapacidad mental. De ellas, 390.938 están asociadas a alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, y 155.786 presentan simultáneamente discapacidad. De las 155.786 personas con discapacidad mental, el 43,7% son hombres y el 56,3% mujeres, mayor proporción femenina que puede explicarse por su concentración en la tercera edad (el 48,9% de las personas con discapacidad mental tiene 59 y más años), la que a su vez suele concentrar una mayor proporción de mujeres que de hombres.
Sobre la educación, se encontró que el 35,4% de las personas con discapacidad mental no sabe leer ni escribir, mientras que solo el 3,3% de las personas sin discapacidad mental presenta analfabetismo. Los años de escolaridad promedio para las personas con discapacidad mental alcanzan los 5,5 años, en contraste con los 11,2 años para las personas sin situación de discapacidad. El 91,6% de los niños y niñas (6 a 13 años) sin discapacidad mental asiste a enseñanza básica regular, el 40,4% de los niños y niñas con discapacidad mental asiste a educación básica regular, con el 45,9% cursando educación diferencial, todos datos de la CASEN 2017.
Otras cifras arrojan que solo el 8,1% de las personas con discapacidad mental tiene trabajo, obteniendo un promedio de $398.878 en contraste con los $517.649 en promedio que reciben las personas sin discapacidad.
“Mire, a mí me falta en la vida más… más amistad. No tengo amigos, los tuve… Lo que pasa es que tomé remedios, me dio otra mentalidad. No soy el mismo, las pastillas le cambian la personalidad de uno”, dice un hombre de 52 años.
Una mujer de 30, explica: “Desde que me enfermé, me he excluido un poco de la sociedad, como se dice. Antes era más amistosa, me juntaba con gente. Me enfermé y la gente desapareció”.
Otra, de 35, dice: “Ella, por cualquier cosa me pegaba, es que le daba vergüenza tener una hija que se transformó. Usaba una palabra que todos siempre usan… loca. Después, mis papás me echaron a la calle. Y pasé en la calle como siete meses”.
Como estos testimonios, el libro contiene 28 entrevistas hechas a hombres y mujeres con diversos tipos de trastornos, tanto psicosociales como cognitivo-intelectuales, y distintos grados de dependencia, desde leve a severa. “El ejercicio busca hacer efectivo el derecho de las personas a ser escuchadas, y nutre el diseño de políticas públicas al privilegiar las necesidades, expectativas y demandas de sus principales beneficiarios”, indica el texto. Además, es un elemento cualitativo que complementa lo cuantitativo.
“Lo primero es la generación de políticas públicas, si no hay una definición desde el Estado de lo que significa la inclusión de las personas con discapacidad mental, es muy difícil generar procesos que sean efectivos y que mejoren la calidad de vida de esas personas y, en especial, en quienes están en situación de pobreza y exclusión. Las personas en situación de pobreza que tienen problemas de salud mental son doblemente excluidas. Por eso hay que partir por tener políticas públicas robustas, universales y con financiamiento estable y progresivo”, señala María Isabel Robles.
Pero advierte que es más importante generar un cambio cultural. Algo que no ocurre por decreto. “Sucede en la medida que nos relacionamos cotidianamente con personas con discapacidad. Cuando aislamos a las personas y no generamos una educación inclusiva desde la primera infancia, no nos encontramos en el barrio, en la plaza, en el supermercado, en el trabajo, en el colegio, las probabilidades de que ese cambio cultural no se genere es muy alta. Y la falta de vínculo genera estigmatización, desconfianza y eso es caldo de cultivo para la discriminación”, subraya.
El presupuesto es también clave. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó para 2010 que se destinara al menos un 5% del presupuesto de Salud para salud mental. Hoy, en 2023, en Chile un 2,2% del presupuesto es para salud mental. En los países de la OCDE la inversión en salud mental va del 9 al 11% del presupuesto.
“Tenemos aún brechas importantes, hay avances, pero esos avances no logran resolver el problema. Hoy estamos en una crisis en materia de salud mental, hemos aumentado nuestras tasas de índices de suicidio en los jóvenes, también tenemos altas tasas de suicidio en personas mayores en relación con otros países de Latinoamérica. Hay aumento sostenido de licencias médicas por salud mental, transformándola en la primera causa de ausentismo laboral. Estamos en una situación compleja y, aunque tenemos un buen plan de salud mental, su nivel de implementación no es el que se requiere y, por otro lado, el financiamiento se ha mantenido por debajo de las recomendaciones de la OMS”, agrega Robles.
En general, en este estudio se comprueba que la pobreza es determinante de la salud mental.
“Las personas y familias que enfrentan más dificultades de vida: si llego a fin de mes, si puedo perder el trabajo, si voy a poder cuidar a mis hijos, el barrio donde vivo, etc. Esas personas tienen la tendencia de desarrollar 4 veces más trastornos de salud mental que la población general. Por lo tanto, si nos ocupamos de resolver problemas de pobreza, de alguna manera, estaremos impactando positivamente en el curso de vida de esa población y evitando trastornos que puedan generar discapacidad en el futuro”, concluye.
Si quieres saber más, descarga aquí el libro completo.
