PAÍS
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la libertad de expresión es un tema recurrente en los litigios en los que se lleva al país a la Corte. Otro tema que vincula a Chile y a Colombia, fue una solicitud de opinión consultiva a la Corte sobre emergencia climática y derechos humanos. “Trata sobre cuáles son las obligaciones de los Estados en relación a la prevención del cambio climático y a tratar de actuar de manera que esta emergencia vaya paulatinamente atenuándose y esperemos que desapareciendo”. Por otra parte, Pérez mira con preocupación el aumento del crimen organizado en la región, asegura que algo cambió tras la pandemia, donde los Estados se replegaron y la delincuencia avanzó.
El juez uruguayo Ricardo Pérez Manriquez (75) es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta fin de año. Con sede en San José de Costa Rica, cuenta que como una manera de acercar la Corte a los ciudadanos, realizan —desde hace un tiempo— audiencias y sesiones públicas en distintas capitales del continente (donde son invitados por el gobierno y sus instituciones). En esas sesiones no se pueden tocar litigios relativos al país anfitrión. Por ello mientras estén en Chile, además de reunirse con el Presidente Boric, el canciller Alberto van Klaveren y otras autoridades, discutirán tres casos. “Dos de ellos son de pueblos indígenas, uno de Colombia y otro de Brasil. Y el tercero, de Paraguay, llamado Córdoba vs. Paraguay, tiene que ver con un juicio de sustracción de niños. Alegan que hubo una excesiva demora en la ubicación del niño para restituirlo por parte del Estado.
—¿Cuáles son los principales problemas en Derechos Humanos que encontramos en en América Latina?
—La corte empezó a funcionar en 1979. Si miramos la historia de América 42 años hacia atrás, nos vamos a encontrar con la Guerra Fría, los grandes enfrentamientos armados en los países de Centroamérica. Posteriormente, como una consecuencia de eso, vienen los fenómenos guerrilleros en varios países, la respuesta de los Estados, el advenimiento de dictaduras y de persecuciones políticas. Y la Corte siempre fue dictando su jurisprudencia en función de esa realidad cambiante. Hoy están coincidiendo una serie de demandas vinculadas a pueblos indígenas y tribales que generalmente abarcan el derecho a los alimentos, al medio ambiente sano, a la identidad cultural, la conservación de su propio idioma. Igualmente, están generándose muchos casos vinculados ya no solamente con derechos políticos, civiles y políticos, sino también con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
—En el caso de Chile, ¿cuáles son las demandas más frecuentes?
—Respecto de Chile hemos dictado sentencias referidas al derecho a la salud, a la educación, también de pueblos indígenas. Y otro sobre un tema que está permanentemente en la Corte: la libertad de expresión. La última sentencia que al respecto sobre Chile, fue el caso Baraona Bray versus Chile (noviembre 2022). Barahona Bray es un abogado que hace denuncias vinculadas con el tema de tala de alerce y a raíz de eso recibió una denuncia de un senador. La Corte concluyó que Chile es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, al principio de legalidad y a la protección judicial establecidos en los artículos 13.1 y 13.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio del señor Baraona Bray.
Agrega que reciben muchas denuncias sobre amenazas a periodistas. “Hay muchos casos donde el trabajo periodístico pone a las personas en especial situación de vulnerabilidad. Siempre la violencia contra los periodistas tiene por finalidad el silenciamiento de las voces o buscar la autocensura por la vía del miedo”.
También destaca la presentación, por Colombia y Chile, de una solicitud de opinión consultiva a la Corte sobre emergencia climática y derechos humanos. “Trata sobre cuáles son las obligaciones de los Estados en relación a la prevención del cambio climático y a tratar de actuar de manera que esta emergencia vaya paulatinamente atenuándose y esperemos que desapareciendo”.
consultiva sobre responsabilidad de las empresas que fabrican armas en relación a cuestiones de tráfico de armas y aumento de violencia. Esta es una opinión consultiva presentada por México en un tema que es bien, que es distinto, que es diferente, porque evidentemente de algún lugar salen las armas que permiten afectar la seguridad de las personas.
—Se puede hablar del derecho a la estabilidad democrática? Las personas podrían querer tener reguardada la seguridad, estabilidad. Algo que suele verse en nuestros países.
—Ese es un gran tema… Hay dos sentencias recientes sobre México, referidas a dos instituciones mexicanas que son utilizadas como elemento de respuesta criminal. Ahí la Corte deja sentado que, los Estados tienen la obligación de ofrecerle a su ciudadanía las condiciones de seguridad necesarias para que puedan vivir libremente. Y cada Estado resuelve, dentro de su competencia, qué política criminal lleva adelante para combatir la delincuencia. Pero la Corte sostiene que no puede haber políticas criminales que violen los derechos humanos. Entonces, no puedo dar ejemplos, pero hay claramente algunas políticas criminales de algunos Estados que son violatorias de los derechos humanos cuando no respetan, por ejemplo, el principio de inocencia, no se respeta el derecho a un juez imparcial, cuando preceptivamente se decreta la prisión preventiva sin analizar cuáles son las circunstancias concretas en cada caso para determinar si una persona debe ser detenida en prisión preventiva o no. Las garantías que debe ofrecer un sistema penal desde el punto de vista de cómo las personas indagadas o imputadas conservan su derecho, pero también conservan sus derechos las víctimas, etc.
—La Corte, entonces trata temas de seguridad
—Sí, desde hace muchos años. Hay muchas decisiones de la Corte sobre prisión preventiva. La Corte ha tenido, inclusive, una opinión consultiva sobre situación carcelaria, que no es menor. La opinión consultiva es la 27, donde se le pregunta cuáles son las condiciones mínimas conforme a los derechos humanos que se deben adoptar conforme a la normativa internacional, respecto de determinados grupos vulnerables cuando son privados de libertad. Y ahí aparece el tema de las mujeres, los niños que están presos junto a sus madres, los ancianos, la población LGBTQ+ y los indígenas. Cada Estado fija en qué condiciones realiza el combate al delito, pero no puede dar lugar —como pasa en algunos países de la región— al desarrollo de una política que se convierte en puramente represiva, por ejemplo cuando las cárceles no son un factor para resocializar a la persona, porque la propia convención americana dice que los fines de la privación de libertad y de la pena en general no pueden ser otros que la rehabilitación y la reinserción social.
Ante la consulta por el uso de la fuerza en Chile y la ley Naín-Retamal, advierte que no puede pronunciarse sobre algo tan concreto del país, pero decide responder con un caso reciente.
“El caso se llama Casierra versus Ecuador. Se trata de dos hermano que estaban pescando de noche y una patrulla naval los tomó por delincuentes y emprende a tiros contra ellos. Mata a uno de los Casierra, el otro queda herido. Las pericias forenses demuestran que la lancha en que esta gente iba tenía 37 disparos. Entonces ahí La Corte aplica su jurisprudencia sobre el uso de la fuerza letal, que responde a estándares internacionales. La fuerza letal es lo último que se aplica y tiene requisitos de ser necesaria: debe ser proporcional y usada de no haber otra posibilidad de respuesta. Esos principios sobre el uso de la fuerza además están definidos por las Naciones Unidas.
La Corte dice que el Estado no pudo acreditar que realmente hubo un ataque de parte de la persona muerta y de la persona herida. Hay un uso totalmente desproporcionado del uso de la fuerza y la falta de una razón de ataque para esa respuesta.
La Corte ha creado lo que se denomina ejecución extrajudicial, en la cual un uso desmedido de la fuerza y que no responde a un ataque efectivo en contra de un policía o militar, se convierte en una ejecución extrajudicial.
—¿Qué pasa si la respuesta policial o militar es legal en un país legal? ¿No cabe el derecho de ir a la Corte?
—Habría que ver el caso concreto. Y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite el caso y lo presenta ante la Corte, bueno el Estado se defenderá diciendo que tiene su legislación interna y ahí habrá que decidir. Pero de principio digamos que la convención prevé que cuando hay una violación de un derecho humano existe la posibilidad de activar el sistema para que tanto la Comisión como la Corte declaren la violación del derecho y establezcan las reparaciones correspondientes que pueden llegar a pedir cambios de legislación.
La Corte tiene dos opiniones consultivas y varias sentencias sobre migración. Una establece garantías para niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en contexto de inmigración. Y la otra es una opinión consultiva del 2008 sobre trabajadores migrantes. “Entonces, la Corte ahí ha definido una serie de estándares: un migrante no puede ser devuelto de manera inmediata y automática a su país de origen, sin conocer exactamente cuál es la situación, la necesidad de esa persona. Los casos migratorios se deben resolver con toda la garantía del debido proceso, respetar los idiomas, y por supuesto, todo esto sin perjuicio de que el Estado tenga una política migratoria, que debe tener en cuenta el respeto a los derechos humanos”, explica Pérez Manriquez.
—¿Hay países con más violaciones a los derechos humanos que otros dentro de nuestro continente?
—Hace unos días estuve en Washington informando al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Nicaragua es un Estado que viola los derechos humanos, que desoye las decisiones de la Corte. La Corte declaró a Nicaragua en estado de desacato permanente.Informamos a la OEA que allí el gobierno está atacando a las personas, está impidiendo el ejercicio de muchos derechos y le pedimos a La OEA que adopte medidas para situaciones puntuales. Ese Estado hoy nos preocupa muchísimo, antes, Venezuela en esa misma línea, también terminó abandonando el sistema. Y hay un país del cual se habla poco que es Haití. En la OEA hay una gran preocupación, sobre todo en los países del Caribe. Un país donde ha desaparecido el Estado y donde bandas armadas de crimen organizado son las que realmente ejercen el poder. Un caso extremo. Ahí podemos ver el futuro de muchos países de América Latina si no se hace algo urgente.
—El medio de comunicación El Faro tuvo que cambiarse de El Salvador para poder funcionar.
—El Salvador tiene sus propios problemas. No puedo hablar porque no tenemos casos de El Salvador vinculados con esta situación. Hay otros países que preocupan. Es notorio que nuestro continente vive una situación muy compleja desde el punto de vista de los derechos. Por eso, es importante mantener una corte activa, una corte que trabaja, una corte que se involucra con los problemas y que va marcando líneas de jurisprudencia que no solo se aplican a los países que están directamente involucrados, sino que sirven de inspiración para los sistemas judiciales del resto de los países. Esa es nuestra misión, aún en una situación tan complicada como la que vive el continente, justamente es cuando la corte y el sistema en sí resultan más necesarios.
—¿Aunque hay muchos otros factores, esta “complicación” dentro del continente tiene que ver con el crimen organizado?
—Por una parte, vivíamos hasta la pandemia con complicaciones que no habíamos detectado. Como la informalidad económica. De pronto mucha gente que no tenía una vinculación orgánica que le permitiera proteger la salud, sus derechos laborales, etc. La única forma que tenía para subsistir era salir de casa día a día para poder darle de comer a su familia. La pandemia demostró que esa gente encerrada caía indefectiblemente en la peor de las miserias.
Salimos de la pandemia, desde el punto de vista sanitario con un mundo más complejo, por todos esos problemas que se habían dado.
A eso se suma un tema de la guerra en Ucrania, que parece que no nos afecta y nos afecta. Y frente al retiro de los Estados, la aparición de un crimen organizado de manera muy potente. Hoy mismo, viniendo para acá leí cómo el crimen organizado obtiene sus integrantes de las cárceles. Hay países donde las bandas son dueñas del sistema penitenciario y de ahí a cambio de favores, consiguen gente que está dispuesta a todo, primero porque le deben la subsistencia dentro del sistema, pero cuando sale es gente que se convierte en brazo armado de tráfico de drogas, de tráfico de armas… Les permite tener fuerzas con mucha potencia que están disputando el poder a los Estados.
—¿Cómo se combate algo tan fuerte y con tantos tentáculos?
—Todo eso requiere una respuesta democrática más fuerte, una respuesta a derechos humanos más fuerte, pero también requiere políticas que atiendan la problemática vista con el mayor grado de amplitud. Porque puedo cometer el error de combatir exclusivamente efectos y no causas o equivocarme en cuáles efectos y cuáles causas ataco para subsanar esos problemas. Eso ha llevado a un debilitamiento de la política como forma de diálogo, como forma de llegar a acuerdos consensuados en las sociedades y generar grandes líneas de trabajo en políticas de Estado que se llevan adelante más allá de qué gobierno está en el poder. Esos son los desafíos de la región que involucran directamente a los derechos humanos pero que son mucho más amplios.
—Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. La Corte tiene algo programado?
—Con esto estoy anticipando el discurso de la inauguración. Hablaré de esto porque el golpe de Estado en Chile fue emblemático en la región. En mi país también hubo un golpe de estado en el 73, o sea que también se cumplen 50 años. Y compartimos algo que fue tremendo para la región, el llamado Plan Cóndor, en el cual las dictaduras de todos los países actuaron coordinadamente en su política represiva. Este, vaya si esto es importante, esto significó un quiebre, el advenimiento al poder de Nixon fue un factor totalmente negativo para la región. Salimos de un presidente norteamericano que intentaba enfrentar la dictadura, un Carter con una respuesta democrática, y pasamos a un gobierno que empieza a asociarse con todas estas cosas y bueno, fue la línea de acción que se siguió. Entonces, la dictadura de Chile dejó muchísimas víctimas, muchísimo sufrimiento y creo que aun en 2023, Chile sigue teniendo muchos desafíos vinculados y consecuencia de la dictadura. Es una huella que queda hasta hoy.
La Corte estará sesionando de manera pública desde el próximo martes 25 de abril en el Tribunal Constitucional (Huérfanos 1234) con acceso libre y gratuito.
