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Entel señaló que una decisión como esta «afecta gravemente la cultura histórica que hemos tenido como un país serio, en que se respeta de manera irrestricta la institucionalidad y legislación vigente».
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tomó la decisión de congelar el uso comercial de la banda 3,5Ghz en Chile debido al inicio del estudio de la red 5G en el país. Noticia que no cayó bien en dos de las principales compañías de telefonía celular, Entel y Claro, quienes calificaron la medida de «arbitraria».
De acuerdo a Emol, Entel aclaró que no ha sido notificada oficialmente al respecto, aunque señalaron que «es una medida inédita en el mercado de las telecomunicaciones chileno, incompresible y arbitraria, que desconoce abiertamente la legalidad vigente en el país, y que afectará el derecho de miles de chilenos a tener un servicio de internet de calidad y a un precio justo».
Una alianza entre esta compañía y el gobierno permite prestar el serviciode manera inalámbrica en barrios que anteriormente no tenían acceso a internet, realizando una adecuación de la banda 3,5Ghz, gracias a una tecnología denominada «Massive Mimo».
«Esta es una expropiación de un espectro que fue licitado por 30 años, sobre el que Entel ha desplegado diversos proyectos de infraestructura, con una inversión consolidada de cientos de millones de dólares, respecto al que ha cumplido todas sus obligaciones. De hecho, ha sido fiscalizada en diversas oportunidades y bajo distintas administraciones, y nunca ha recibido un cargo», aseguró la compañía.
Entel señaló que una decisión como esta «afecta gravemente la cultura histórica que hemos tenido como un país serio, en que se respeta de manera irrestricta la institucionalidad y legislación vigente».
En la misma línea, Claro también aseguro que no han sido notificados, aunque enfatizaron que «una vez que seamos notificados oficialmente podremos analizar esos antecedentes y definiremos qué acciones como empresa llevaremos adelante».
La compañía telefónica, al igual que Entel, también hizo hincapié en el otorgamiento de la concesión a 30 años, algo que «se encuentra sujeto a un sólido marco constitucional y legal».
