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La investigación fue aprobada con los votos de los legisladores fujimoristas Rosa María Bartra, Héctor Becerril, Esther Saavedra y Marco Miyashiro, así como del parlamentario del partido Aprista Mauricio Mulder y del congresista izquierdista del Frente Amplio Hernando Cevallos.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú aprobó investigar al consorcio Conirsa, que construyó la carretera Interoceánica sur con Odebrecht, por la contratación de una compañía del actual mandatario peruano.
La investigación fue aprobada con los votos de los legisladores fujimoristas Rosa María Bartra, Héctor Becerril, Esther Saavedra y Marco Miyashiro, así como del parlamentario del partido Aprista Mauricio Mulder y del congresista izquierdista del Frente Amplio Hernando Cevallos.
Votaron en contra los parlamentarios Roberto Vieira (no agrupado) y Yonhy Lescano (Acción Popular), en tanto que la oficialista Janet Sánchez, de Peruanos por el Kambio, se abstuvo.
Lescano dijo, a Canal N, que «en el fondo, la investigación que se está aprobando es contra Vizcarra» porque su empresa de ingeniería «no interesa mucho», y como políticos «sabemos cuál es la intencionalidad en estos pedidos».
En su opinión, fujimoristas y apristas pretenden la destitución de Vizcarra por haber emprendido la lucha contra la corrupción en el ámbito político y judicial.
El parlamentario señaló que «este es un acuerdo inconstitucional» porque la Constitución Política no permite una acusación al mandatario por un tema de este tipo, dado que sólo puede ser denunciado por traición a la patria, impedir los comicios o el funcionamiento de otros poderes del Estado.
«Si no respetamos la ley y utilizamos mayorías arbitrarias en el Congreso -el fujimorismo y aliado del Apra, y algunos otros que no han tenido clara la situación- solamente por cuestiones políticas, estamos perdidos», expresó Lescano.
Sin embargo, los legisladores que aprobaron la investigación sostienen que la Constitución no les prohíbe abrir una pesquisa contra el mandatario por un presunto acto de corrupción.
El programa de televisión Panorama denunció el domingo pasado que la empresa del mandatario, CyM Vizcarra, contrató con Conirsa entre 2006 y 2008, cuando ese consorcio obtuvo la licitación para construir la carretera Interoceánica sur con Odebrecht y otras compañías peruanas.
Vizcarra dijo inicialmente que su empresa nunca había contratado con Odebrecht, inmensa en un grave caso de corrupción en la región, pero luego se corrigió diciendo que su vínculo fue con Conirsa y que al inicio no se conocía quiénes integraban el grupo.
Este miércoles, el mandatario peruano afirmó que «(el pueblo) sabe que hay intención de confundir, no de investigar, porque si investigan van a ver que no hay nada absolutamente irregular, porque cuando se dio los servicios el 2006, 2007 y el 2008 yo no tenía ningún cargo político».
Vizcarra añadió que «si alguien cree que tiene algo de duda y de base, que proceda. No tememos nada en absoluto».
El jefe de Estado comentó que el hecho de que «algún político cuestione nuestro accionar, nos tiene absolutamente sin cuidado, porque nosotros tenemos la solidez de un trabajo correcto y honesto».
La investigación contra Vizcarra se aprobó en momentos que la Fiscalía investiga a la lideresa opositora Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a su campaña electoral de 2011 y al exmandatario Alan García por los sobornos de esa empresa para ganar la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.
La carretera Interoceánica Sur atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil, y fue una obra licitada durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Precisamente, Toledo es investigado por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerlo en la licitación de varios tramos de la Interoceánica sur, a través del consorcio Conirsa.
El exmandatario, quien reside en Estados Unidos, es imputado por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, por lo que la Justicia peruana ha solicitado su extradición para que cumpla una orden de prisión preventiva por 18 meses.
