BRAGA
En las primeras dos semanas de 2019, hubo cinco víctimas de feminicidio en Chile, que ahora ya suma siete fallecidas.
La ONG Activa denunció «falta de protección» a las víctimas de violencia de género en Chile en la atención de emergencia o en la asistencia posterior para la víctima, como ocurrió con una mujer atacada por su expareja en un hecho incendiario contra su casa, donde también estaban sus seis hijos.
Esta mujer, quien había solicitado una medida de protección contra su atacante, tuvo que elegir entre quedarse en su casa con su familia después del ataque o acogerse a la opción ofrecida por la autoridades chilenas: marcharse con tres de sus seis hijos -cinco de ellos menores de edad- a una casa de acogida, lo que suponía dividir a su familia.
Este caso, volvió a dejar a la luz las falencias del sistema de atención a las víctimas de violencia de género, como explicó a Efe la abogada defensora de esta causa y directora de la ONG Activa, Gloria Requena.
En ese sentido, indicó que la atención de las autoridades se demoró por cinco días después del ataque, por lo que concretó que «te contestan cuando ya estás muerta».
«Empezamos el año con casi un feminicido por día. El Ministerio de la Mujer impulsó un teléfono más sencillo de atención», dijo Requena.
En las primeras dos semanas de 2019, hubo cinco víctimas de feminicidio en Chile, que ahora ya suma siete fallecidas, situación que propició que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género simplificara a cuatro dígitos el teléfono de orientación a las afectadas para que fuera más sencillo recordarlo.
En esta línea trabajan ocho operadoras durante las 24 horas del día toda la semana, según informó este Ministerio, desde donde aclararon que se trata de una línea de «orientación» y no de «emergencia», ya que en ese caso se debe acudir a la Policía.
En 2018, fueron 42 las mujeres víctimas de feminicidios en Chile y hubo otros 118 casos frustrados.
«En Chile, no toda mujer asesinada por razón de género es víctima de feminicidio. Solo es víctima si es la cónyuge, excóyunge, conviviente o exconviviente del hombre. Si una trabajadora sexual es asesinada, no es feminicidio o si sale por primera vez con un hombre, tampoco», indicó Requena sobre los datos estadísticos.
«La mujer existe en la legislación solo como sujeto de familia», aseveró.
Además, «7 de cada 10 feminicidios en Chile tenían algún tipo de medida cautelar decretada», como en el caso de la última representada por Requena, quien despertó de madrugada el pasado 22 de enero al ver que su expareja intentó prender fuego a su casa con sus seis hijos dentro, a pesar de que el agresor tenía una orden de alejamiento impuesta.
«Una mujer que es amenazada de muerte por su pareja o expareja debería tener una respuesta inmediata del Estado y no la tiene. En el caso de esta señora con seis hijos, cinco de ellos menores de edad y uno de ellos con discapacidad, le propusieron alojarse en una casa de acogida con solo tres de sus hijos», agregó.
Por este motivo, el pasado 24 de enero la ONG Activa envió una misiva a la ministra de la Mujer, Isabel Plá, para que resolviera la situación de esta víctima, quien por el momento no ha recibido respuesta y sigue viviendo en su casa.
Desde el Ministerio afirmaron que están trabajando en el caso, pero que en la actualidad hay un problema de «espacio» en las casas de acogida, que tienen una capacidad «limitada».
«Sigue siendo muy reducido el espacio de atención. Los centros son muy pequeños y con muy poco personal», agregó Requena.
Según información desde la cartera de la Mujer, hay 43 casas de acogida en Chile, con unas 250 plazas disponibles, que son «lugares destinados a proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, expareja o conviviente y a sus hijos e hijas, que se encuentren en situación de riesgo grave y/o vital».
«Es un circuito donde cada organismo -la Policía, la Fiscalía, el Ministerio- cumple un rol. La ministra (Plá) reconoció en su momento que el país no tiene un sistema robusto que pueda dar respuesta a este tema. Por eso estamos trabajando con distintas iniciativas para poder mejorarlo», afirmaron fuentes del Ministerio de la Mujer.
«Tampoco hay una buen control del cumplimiento o seguimiento de las medidas cautelares. Es la mujer la que debe controlar si se cumplen o no. La víctima es víctima y la autoridad debe garantizar que las medidas decretadas son eficaces y eficientes», afirmó Requena.
A pesar de todos estos «fallos», esta abogada reconoce que «existe voluntad de la autoridad» pero que «no hay capacidad técnica todavía para hacer frente a esta realidad».
La ONG Activa hace ocho años que trabaja en el ámbito de la violencia de género y lleva la representación legal gratuita de casos como los descritos.
