MUNDO
Crédito: EFE
La reforma superó la mayoría de dos tercios que necesitaba, al ser respaldada por todas las formaciones en el Parlamento menos el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).
El Bundestag (cámara baja alemana) aprobó un cambio constitucional para permitir que el Gobierno central pueda aportar financiamiento a los colegios, algo que hasta ahora no se podía porque la educación es competencia exclusiva de los estados federados.
La reforma ha superado la mayoría de dos tercios que necesitaba, al ser respaldada por todas las formaciones en el Parlamento menos el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD): los conservadores y socialdemócratas en la gran coalición gobernante, así como Los Verdes, La Izquierda y los liberales del FDP, que se sientan en las bancadas de la oposición.
Este cambio permitirá que el Gobierno alemán destine los 5.000 millones de euros que había previsto en esta legislatura para la digitalización de los colegios, un plan que incluye desde conexiones inalámbricas de internet a pizarras electrónicas, pasando por ordenadores, tabletas y programas de formación para alumnos y profesores.
El cambio llegó al Bundestag después de que en la tarde de este jueves se alcanzase un acuerdo sobre la reforma en la comisión de mediación entre esta cámara y el Bundesrat, donde están representados los 16 «Länder». La cámara alta tiene prevista la ratificación de este cambio para el 15 de marzo.
El intento previo de sacar adelante la reforma topó con la oposición de cinco estados federados -uno liderado por Los Verdes y otros cuatro por conservadores- que temían que el cambio permitiese al Gobierno central inmiscuirse en una competencia de los «Länder».
La Ley Fundamental alemana ha sido reformada en más de 60 ocasiones desde su aprobación en 1949 para cambiar parte de su articulado y añadir o eliminar algún elemento.
Entre los últimos cambios se cuentan el que incorporó el «freno de la deuda» al texto constitucional y el que el hace dos años reformó el sistema de reparto financiero entre el Gobierno central y los estados federados.
