PAÍS
Cinco propuestas prioritarias para el proyecto de ley que se tramita en el Senado formularon entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la fundación Pro Bono. Las organizaciones acusan falencias en la nueva política migratoria a un año del anuncio de las medidas aplicadas por el Gobierno.
Una evaluación crítica a la política migratoria del Gobierno, cuando se cumple un año del lanzamiento de las medidas, y del proyecto de ley que se tramita en el Congreso hicieron diversas organizaciones del sector, las cuales propusieron cinco puntos para que sean considerados en la iniciativa legal con el fin de mejorar las condiciones de vida que tienen los extranjeros radicados en nuestro país.
La directora de Fundación Pro Bono, Carolina Contreras, explicó que “la ley actual deja muchos procesos sin regulación”, por lo que el foco está en elaborar una legislación con enfoque de derechos.
Por su parte, el secretario Técnico de la Mesas Temáticas y Sectoriales con la Sociedad Civil del Senado, Ronald Wilson, afirmó que “nuestra intención es mejorar el proyecto desde una mirada de derechos humanos, nosotros creemos que sigue siendo un proyecto de extranjería y no uno de migración”.
De este modo, las peticiones de estas organizaciones apuntan principalmente a la existencia de una visa consular que dé la posibilidad de trabajar a los extranjeros con un plazo de tres meses para encontrar empleo; incorporar un principio de no devolución; que exista equidad en el acceso a seguridad nacional y beneficios de cargo fiscal; y que se permita apelar a una determinada medida de expulsión.
De acuerdo al Ejecutivo, el proyecto de ley que está en el Congreso busca garantizar la “igualdad en el ejercicio de derechos” y “promoverá la debida protección contra la discriminación”. Actualmente está en discusión en la comisión de Gobierno del Senado, tras ser despachado por la Cámara de Diputados en enero.
Por su parte, el director del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, se refirió a las medidas de la nueva política migratoria del Gobierno, asegurando que “lo que vemos es que la respuesta no ha sido la que se esperaba (…) había 300 mil personas en situación irregular, pero se inscribieron 155 mil y, al día de hoy, más del 50% no tiene su visa estampada. Eso quiere decir que se inscribieron menos personas de las que se esperaban”.
A esto se suma que “hay personas que por casi un año todavía no tiene un permiso formal para trabajar, el cual depende de sus respectivos países, pero que acá, no se le ha dado una solución”, indicó.
En relación a lo anterior, la directora de comunicaciones de la Fundación Superación de la Pobreza y Servicio País, María José Rubio, aseguró que “las políticas públicas se están viendo muy rezagadas respecto a lo que está pasando en la realidad. Hoy los profesores y directores de colegios tienen que arreglárselas con lo que tienen para poder dar un buen servicio de educación a los niños, para poder alimentarlos cuando no tienen sus papeles al día. Las escuelas son muchas veces la primera puerta de entrada a las familias migrantes”.
Para finalizar, José Tomás Vicuña comparó la política puertas adentro del Gobierno hacia los migrantes, con la ayuda humanitaria que el Ejecutivo chileno ofreció a Venezuela.
“De nada nos sirve dar una ayuda humanitaria en Cúcuta si no la damos al interior de nuestras fronteras Hay niños y niñas que están siendo víctimas de redes de tráfico producto de que no se está permitiendo entrar con documentación vencida”, aseveró.
