MUNDO
El exmandatario se ha disparado mortalmente este miércoles en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Sobre el político retirado pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país. El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron a su casa para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.
La de Odebrecht y el poder en América Latina es una historia de amor que se antoja interminable. El último capítulo peruano de la saga más ilustre de los escándalos de corrupción con la marca de la constructora brasileña se ha empezado a escribir con sangre: la del expresidente Alan García.
El exmandatario se ha disparado mortalmente este miércoles en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Sobre el político retirado pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país. El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron a su casa para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.
DW ha recuperado la cronología del caso Odebrecht en Perú, una trama que ha hecho temblar a los poderosos en prácticamente toda la geografía latinoamericana y cuyas consecuencias incluso han hecho caer a algunos de ellos.
Los primeros síntomas judiciales del terremoto político y social que supusieron las confesiones de Marcelo Odebrecht en diciembre de 2016 tardaron un mes en materializarse. El 20 de enero de 2017, la Justicia peruana realizó la primera detención de un involucrado en el caso: Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima. El exviceministro Jorge Cuba huyó a Estados Unidos, pero volvió un día antes de pasar la hoja del calendario, siendo inmediatamente detenido.
El cambio de mes trajo un nuevo escenario en el contexto de un escándalo que ya se revelaba mayúsculo. Un escenario demoledor para la credibilidad del poder en Perú. El 3 de febrero se conoció que el expresidente Alejandro Toledo había recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. El Ministerio Público ordenó su captura y la prisión preventiva para el exmandatario, pero Toledo optó por escapar a EE. UU., donde se encuentra prófugo desde entonces.
Otro antiguo presidente presuntamente implicado. Un juez dictó prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, su mujer. Ambos fueron acusados de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña del Partido Nacionalista en 2011.
El 19 de septiembre de 2017, el diario español El País reveló que Odebrecht había depositado 1,3 millones de dólares al exvicepresidente de Perú-Petro, Miguel Atala, en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra, para que la filial de la constructura (Braskem) lograse un acuerdo con la estatal peruana para un estudio de instalación de una petroquímica por valor de 3 millones.
El año tuvo un final agrio para el entonces mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski. El 13 de diciembre se conoció que Odebrecht había realizado pagos de consultoría a las empresas del presidente cuando este era ministro de Economía y premier en el Ejecutivo de Toledo. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el mandatario y el escándalo motivó una primera moción de vacancia de la que la carrera de Kuczynski consiguió salir ileso.
A lo largo de 2018, los procesos judiciales abiertos continuaron avanzando y a través de los interrogatorios se fueron revelando más detalles de las oscuras maniobras de Odebrecht y la clase política y empresarial peruana. La constructora quiso en este momento mostrar una faceta colaboradora con las autoridades.
Debido a denuncias de irregularidades durante el proceso de juicio político al que se enfrentó en el congreso, Kuczynski acabó renunciando a su cargo el 21 de marzo de 2018.
El equipo especial del caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc del mismo caso firmaron un acuerdo de colaboración con Odebrecht por el que la empresa entregaría sin restricciones información y documentación sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles. La otra cara del asunto: la fiscalía peruana, por su parte, se comprometió a no utilizar las pruebas entregadas por la constructora brasileña en virtud de dicho acuerdo para iniciar acciones penales en su contra. Una concesión que como era de esperar suscitó duras críticas.
La firma del documento estaba prevista para el 11 de enero, pero acabó retrasándose por los vaivenes políticos en el seno de las partes negociadoras. Finalmente fue sellado el 15 de febrero en el consulado de Perú en Sao Paulo, Brasil.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo a algunos removerse en su silla cuando dijo ser de la «opinión personal” de que el monto de reparación civil incluido en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debería haber sido mayor. Eso sí, no quiso ir más allá porque «tengo que respetar las instancias e independencia de poderes”.
García fue presidente de Perú en los períodos 1985-1990 y 2006-2011. La policía judicial había entrado en su domicilio hacia las 06:30 hora local (11:30 GMT), pero el exmandatario se encerró en su habitación y fue entonces cuando se escuchó el disparo del arma, según la versión de los agentes. Eligió no escuchar el veredicto.
