Meng Hongwei es el otro alto funcionario comunista que cae en un operativo contra la corrupción lanzado en 2013 por el presidente Xi Jinping tras su llegada al poder.
La Fiscalía Popular Suprema de China anunció este viernes (10.05.2019) que el expresidente de Interpol, Meng Hongwei, será juzgado en la localidad nororiental china de Tianjín por aceptación de «una gran cantidad de sobornos».
En un anuncio publicado en su página web, la fiscalía detalló que la Comisión Estatal Suprema había terminado la investigación sobre los presuntos actos corruptos llevados a cabo por Meng, y que su caso se juzgará en el Tribunal Popular Intermedio de Tianjín número 1, aunque no detalló la fecha de inicio. Según el texto, el acusado habría aprovechado su cargo como viceministro de Seguridad Pública y jefe de la Policía Marítima de China para recibir «una gran cantidad de sobornos». «La cantidad de sobornos fue enorme y debería enfrentarse a cargos criminales, conforme a la ley», reza el comunicado.
El pasado 24 de abril, la Fiscalía Popular Suprema de China anunció la emisión de una orden oficial de detención contra Meng, quien se encontraba retenido sin acusación formal y en paradero desconocido en el país asiático desde septiembre. El 26 de marzo trascendió que había sido expulsado del Partido Comunista de China.
El antiguo número uno de la Interpol desapareció misteriosamente tras subir a un avión con destino a China el pasado 25 de septiembre, momento en el que su familia dejó de tener noticias suyas. Tras varios días de silencio y ante la presión de la comunidad internacional, que exigía a China explicaciones sobre su desaparición, la Comisión Nacional de Supervisión (el órgano anticorrupción chino) confirmó su detención a principios de octubre. Poco después, Interpol anunció la dimisión «con efecto inmediato» de su presidente, después de que él mismo renunciara al cargo en una carta.
La legislación china establece que la Policía tiene autoridad para mantener incomunicado y en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, China ha juzgado a numerosos altos funcionarios por recibir sobornos dentro de su campaña anticorrupción.