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La institución respondió ante el espionaje realizado, según minutas de esa dirección reveladas por un reportaje, por sospechas de filtraciones de documentos de la Ley Reservada del Cobre y recalcó que el control de las actividades de inteligencia «está entregado a los tribunales de justicia y a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados».
El Ejército se defendió luego de que se diera a conocer la realización de espionaje contra cuatro denunciantes de irregularidades al interior de la institución.
De acuerdo a La Tercera, en 2017, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) llevó a cabo la «Operación Topógrafo», esta tenía por objetivo espiar -durante al menos seis meses- a dos funcionarios activos y dos en retiro. Los «espiados» era denunciantes de filtraciones de secretos militares relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
Frente a esto el Ejército, sin confirmar ni negar el espionaje, aseguró a través de un comunicado que «las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974 (…) contando con la aprobación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los caso que es exigido por la ley».
«Dicho cuerpo legal establece, además, en su artículo 38, que ‘se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal'», añadieron.
Además, sostuvieron que «el control de las actividades de inteligencia está entregado a los tribunales de justicia y a la comisión especial de la Cámara de Diputados, ante la cual comparece y comparecerá, siempre que sea requerido, el director de Inteligencia del Ejército de Chile».
Cabe mencionar que la institución castrense dijo al matutino que no tiene acceso a las labores de inteligencia de la DINE, y que sus actividades son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial.
