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El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó este lunes la disolución «constitucional» del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias.
Horas después, sin embargo, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal». Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país.
El país sudamericano, que ya atravesaba una larga crisis política por la corrupción, quedó así sumido en una crisis institucional por el enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso.
Te explicamos a continuación qué es lo que está pasando en Perú.
Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.
El gobierno había planteado esta cuestión de confianza —la tercera en menos de un año— sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
El argumento gubernamental era que el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación.
El lunes, sin embargo, el Congreso —dominado por la oposición fujimorista y sus aliados— decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.
Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC —uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su periodo—, Vizcarra anunció la disolución de la cámara y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas.
El presidente daba por hecho que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido denegada. Pero cuando ya el presidente había iniciado su intervención pública, el Congreso votó otorgándole la confianza.
Es por esto que argumentan los opositores que el presidente no tenía derecho a disolver la cámara y algunos hablan de «autogolpe».
El actual Congreso fue elegido en 2016 para un periodo que terminaba en 2021.
En un mensaje televisado, Vizcarra declaró que con la disolución del Congreso buscaba «dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades».
Agregó que espera que «esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país».
Tras el anuncio, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente».
La crisis es el reflejo de una abierta división entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria.
Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori —quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero— de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal.
Asimismo se acusa al partido de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.
Otra sombra que se cierne sobre el país es el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.
Vizcarra ante eso promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo han enfrentado con el Congreso.
Y la cámara, a su vez, ha boicoteado varios intentos de tomar medidas contra la corrupción y rechazado los pedidos del mandatario para llevar a cabo elecciones legislativas.
Mientras tanto, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del TC, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el parlamento y convocar elecciones para el 26 de enero.
La última vez que sucedió un hecho similar fue en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
Más allá de ese precendente, la Constitución contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.
Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.
Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, «el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros», se lee en la Constitución.
Pero tras conocerse la disolución de este lunes, los diputados no solo no abandonaron la Cámara sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses.
A continuación, la vicepresidenta Mercedes Aráoz juramentó como «presidenta en funciones» del país de manera temporal.
Pero la Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por «su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso».
Sin embargo, el decreto publicado en el diario oficial del país subraya que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro histórico de Lima y otras ciudades del país fueron escenario de manifestaciones ciudadanas en respaldo al anuncio de Vizcarra.
«Sí se pudo» o «Perú, te quiero, por eso te defiendo» fueron algunas de las proclamas que se escucharon en las marchas.
En el Congreso, sin embargo, las críticas al anuncio fueron contundentes en las bancadas de la oposición.
Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular calificó la decisión de Vizcarra de «golpe a la democracia» y dijo que «tarde o temprano se hará justicia».
El congresista Jorge del Castillo, del partido Aprista del expresidente Alan García, calificó el anuncio de «inconstitucional» y aseguró que Vizcarra y sus ministros deberán «afrontar un juicio penal por haber cerrado el Congreso».
Del Castillo animó a sus colegas parlamentarios a «quedarse en este Congreso» y pidió a policía y miembros de las Fuerzas Armadas «que no se presten en absoluto a este divorcio».
«El pueblo nos puso aquí y solo él nos puede sacar con los votos», aseguró.
También Confiep, el principal gremio de empresarios de Perú, expresó su «enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático» que ha perpetrado Vizcarra, dijo en un comunicado.
Por el contrario, el diputado izquierdista Marco Arana declaró que «este Congreso se ha ganado a pulso el repudio y la falta de legitimidad de nuestros pueblos», en respaldo a la disolución del Parlamento.
Pero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron en Palacio de Gobierno con Vizcarra para reafirmar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente», informó la presidencia de Perú en Twitter.
Mientras, manifestantes a las afueras del Congreso gritaban «desalojo, desalojo» en referencia a los diputados que continuaban en su interior.
Pasada la medianoche, los congresistas comenzaron a salir de la sede parlamentaria por las puertas laterales.
