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El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso este lunes, después de que el legislativo le negara un voto de confianza ligado a una reforma del cuestionado procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
La OEA y la Iglesia Católica llamaron a evitar la violencia en Perú, después que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, con el rechazo de la cúpula empresarial y apoyo de ciudadanos, militares y gobernadores regionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró deseable que las partes en Perú «realicen gestos que propicien la calma ante la crisis» y vio como «un paso constructivo» que las elecciones se hayan convocado «conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación».
«Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura», indicó la entidad en un comunicado
En ese contexto, la Secretaría General de la OEA consideró «que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas», o sea, evaluar la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición, y convocar nuevas elecciones parlamentarias.
«Llamamos a que cada uno de ellos (los líderes del Gobierno y del Parlamento) considere a la par el reclamo de sus atribuciones con el respeto al adversario, dado que seguirá siendo un actor político», declaró, por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Héctor Miguel Cabrejos, en un comunicado fechado en el Vaticano.
«Urge la definición, cuanto antes, de una política estable, que perdure por lo menos hasta las próximas elecciones, dada su gran importancia», agregó Cabrejos en alusión a los comicios legislativos anticipados convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero.
El popular presidente peruano disolvió el Congreso este lunes, después de que el legislativo le negara un voto de confianza ligado a una reforma del cuestionado procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El Congreso respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien se había distanciado del gobernante.
La Conferencia Episcopal dijo además, que deben continuar los esfuerzos para combatir la corrupción en Perú, uno de los argumentos de Vizcarra para disolver el Congreso, después de que éste se negara a suspender la cuestionada designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
«A pesar de la crisis política, creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña», dijo Cabrejos, quien también es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).
En tanto, la organización de la cúpula empresarial peruana, la Confiep, expresó su «enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional».
Para Confierp, «la decisión del Presidente (…) ha sumergido al país en una grave incertidumbre». Pero esta es una postura que miles de ciudadanos, la cúpula militar y los gobernadores regionales ya señalaron ayer que no comparten.
La víspera, coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la medida de Vizcarra se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras. Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.
Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Poco después, Aráoz, economista y exministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea.
Casi a la misma hora en que juraba Aráoz las Fuerzas Armadas y la Policía expresaban su lealtad a Vizcarra. «El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra», dijo el gobierno en Twitter con una fotografía de la reunión.
También expresaron su apoyo a Vizcarra una decena de gobernadores regionales, algunos de los cuales participaron en las celebraciones para festejar la disolución.
Los jefes parlamentarios habían convocado un plenario para la madrugada de este martes, pero lo suspendieron en el último minuto sin dar razones. Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 18 miembros, la mayoría opositores. El mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra. Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
La crisis política se gestó hace tres años en Perú cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori, quien ahora está en prisión preventiva por el escándalo de Odebrecht.
Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018. Fue sustituido por Vizcarra, quien era su primer vicepresidente. La segunda era Mercedes Aráoz.
Vizcarra ha ganado popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht. A diferencia de su antecesor, Vizcarra se enfrentó enérgicamente al Congreso.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un «autogolpe» y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.
