Las más de 200 agrupaciones dijeron que entienden la aprobación como una «continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera». Los dirigentes agregan que con el proyecto de ley, se penaliza con cárcel manifestaciones tales como paros, tomas, interrupción del tránsito y «el derecho a la autodefensa frente a la acción policial».
Con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas. Luego, con 33 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó en general la iniciativa del gobierno durante la noche del miércoles.
La iniciativa establece sanciones de hasta cinco años para quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, “tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”.
El proyecto avanza y hoy la mesa de Unidad Social rechazó su aprobación, la que denominaron “Agenda Represiva del Gobierno”.
A través de una declaración pública, Unidad Social aseguró “el proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación:
Además, castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de «una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos» ya señalados.
La organización acusa además que los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y siguen sin hacerse cargo del estallido y la demanda social.
«No se entiende que habiéndoseles dicho que rechazaran la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno que tiene menos del 10% de aprobación, continúen votando y peor aún aprobando sus proyectos en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social. En los hechos le dan oxígeno a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”, añadieron.
En ese sentido, señalaron que entienden la aprobación de este proyecto como una «continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro Derecho a la Protesta, a la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano».
Finalmente, convocaron a rechazar esta «agenda represiva y frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la ‘oposición».
«Además llamamos a seguir movilizados, a no ceder a las políticas de terror del Gobierno y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes que hemos puesto sobre la mesa. Nos organizamos contra la impunidad de los verdaderos criminales que son los responsables materiales y políticos de la violación sistemática a los DDHH, exigimos juicio y castigo, reparación a la víctimas y liberación inmediata de los más de mil presos y presas políticos del Chile que despertó», concluyeron.