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Crédito: Agencia Uno
La que genera más consensos es que el gasto electoral en el plebiscito tiene que ser igual al de las elecciones de senadores. Aunque esto no está cerrado. Esta semana debería quedar zanjado este tema, tras reunirse primero con parlamentarios de Chile Vamos y después con integrantes de la oposición. La fecha límite es el 26 de febrero.
Ya lo había anticipado el presidente del consejo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría: falta definir el presupuesto para el plebiscito del 26 de abril. Y también falta por definir cuál será el límite del gasto electoral para dicha fecha, el que afectará a los partidos y a los independientes que se quieran sumar al «apruebo» o al «rechazo».
Santamaría ya había trazado líneas hace algunos días, asegurando que podrán «recibir aportes de sus afiliados hasta 500 unidades de fomento, y de terceros, hasta 300 unidades de fomento al año», los que deben ser declarados e incorporados en sus balances.
A pesar de esto, el Gobierno, los partidos políticos y el mismo Servel trabajan contrarreloj para poner un margen. La fecha límite es el 26 de febrero, día que comenzará oficialmente el período de campaña. Según reporta el medio Pauta, la Segpres y el Servel han estado evaluándo fórmulas, las que fueron conversadas este lunes en el comité político que lidera el Presidente Sebastián Piñera.
La que genera más consensos es que el gasto electoral en el plebiscito tiene que ser igual al de las elecciones de senadores. Aunque esto no está cerrado. Esta semana debería quedar zanjado este tema, tras reunirse primero con parlamentarios de Chile Vamos y después con integrantes de la oposición.
En el caso de las elecciones senatoriales, el gasto no puede exceder la suma de 1.500 UF, más aquella que resulte de multiplicar por dos centésimos de unidad de fomento por los primeros 200 mil electores; por quince milésimos de unidad de fomento los siguientes 200 mil electores y por un centésimo de unidad de fomento los restantes electores en la respectiva circunscripción o región, según corresponda.
Aún falta por resolver lo del límite a los independientes. La reforma aprobada en diciembre pasado y que habilita el proceso no hizo aplicable la Ley 19.884 que establece las facultades del Servel para fiscalizar, controlar el gasto y aplicar sanciones y solo lo habilitó para aplicar la Ley de Partidos Políticos.
«La idea es evitar la influencia del dinero en el desarrollo de la campaña. Hoy no está regulado para el plebiscito y no se aplican las normas de gastos electorales de otras elecciones. Es necesario establecer mecanismos para fiscalizar el origen de los aportes de arriendos de sedes, servicios audiovisuales, entre otros, para fiscalizar a un grupo de empresarios u ONG que tengan plata y no se conoce su origen», comentó al citado medio el senador Felipe Harboe.
Dicho gasto público tiene que estar fijado en una próxima ley corta que trabaja el Gobierno, la que incluirá también la interpretación del concepto «cuidadanía», lo que permitirá que extranjeros con residencia definitiva en el país puedan votar.
