Acopiadas en un gigantesco galpón de una empresa dedicada a la compra venta de chatarrería en Lampa fueron encontradas 83 toneladas de cable de cobre que fueron robados a empresas eléctricas y de telecomunicaciones en distintas regiones del país. Los primeros antecedentes de la investigación dan cuenta de que este material sería exportado a China, utilizando documentación falsa para estos fines.
Según comentó la fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, Marcela Adasme, “la diligencia se originó el lunes, cuando la Brigada de Robos Metropolitana efectuó la revisión de este recinto y se encontraron estas toneladas de cobre. Los representantes de las empresas pudieran reconocer propiedad del cobre robado, con lo que se pudo establecer el delito de receptación. Hay un detenido, el dueño de la empresa, y tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Colina, quedó en libertad”.
“En estos casos es relevante este tipo de incautaciones, no sólo por la afectación a la propiedad de las empresas, sino también porque lo importante acá es que con estos robos de cable se producen grandes afectaciones a la población, a través de los cortes de energía eléctrica. Entonces, nuestro rol como Ministerio Público está también por velar por el bienestar de la ciudadanía, que queda en una situación de indefensión”, agregó la fiscal Adasme.
El prefecto Jorge Sánchez Sandoval, de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, explicó que junto al Departamento de Mercado de Bienes Robados de la institución, desarrollaron un trabajo coordinado y de análisis de inteligencia criminal, ya que se sabía que había acopio de material de dudosa procedencia y que tendría como destino China.
“Los funcionarios habían recogido información sobre una empresa, en el sector de Lampa, que estaba recibiendo material de cobre robado. En esa dinámica de trabajo, se procesó toda la información, y se coordinó con la Brigada de Robos de la zona Centro Norte para ejecutar la operación. Y en base a la fiscalización desarrollada, se detectó que mucho de este material pertenecía a las empresas Transelec, Enel y Movistar”, informó el jefe policial.
Tras la incautación y formalización del único detenido, la fiscal Marcela Adasme ahondó en detalles sobre la empresa allanada, que “tiene como giro la compra y exportación de este tipo de material al extranjero. Es una empresa de gran magnitud, por lo que es posible que se dedique a comprar a chatarrerías de menor entidad. Esa arista se mantiene en investigación, porque el objetivo de una pesquisa de largo aliento es justamente llegar al comprador final y quien exporta al extranjero. Y el hecho de que sea una empresa legalmente constituida, da antecedentes para verificar si, por ejemplo, existe una asociación ilícita para la comisión de estos delitos”.
Este fenómeno criminal, de robos a tendidos eléctricos y subterráneos, generalmente mantiene una estructura piramidal, y ese es el enfoque con que se están investigando estos ilícitos y las bandas que los provocan, considerando toda la cadena de delitos asociados, así como la trazabilidad del material.
“Esto es la punta del iceberg. Ahora la Brigada de Lavado de Activos, Brilac, de la PDI, verá y monitoreará las exportaciones desarrolladas por esta empresa, desde cuándo está conformada y si está ligada a otras. Pero en términos generales, este es un golpe para efectos de minimizar a los delincuentes que se dedican a este robo de cable de cobre conductor”, aseguró el prefecto Jorge Sánchez.
Este es un tipo delictivo que ha afectado a las empresas del rubro eléctrico, de telecomunicaciones, y de transportes férreo, entre otras, desde hace muchos años.
Jorge Álvarez Arancibia, abogado querellante por las empresas eléctricas, señaló que “en los últimos 15 años Chile ha sufrido una pandemia delictual que está afectando a la seguridad energética del país y, por ende, afecta a la seguridad de las personas. Cada vez que se afecta las líneas de transmisión, distribución o las plantas de generación, se está afectando a la sociedad chilena. Por eso, tenemos una campaña eficaz y eficiente, logrando contener la delincuencia con prevención”.
Sin embargo, dijo, “aquí hay 83 toneladas de conductores eléctricos que iban a ser exportados, y esto proviene de una cantidad innumerables de delitos que han afectado a la Región Metropolitana como a otras regiones del país. Acá no es una persona que exporta, es una organización comercial, con gran patrimonio, y su destino es el mercado extranjero”, planteó el abogado Álvarez, quien agregó que “este es un delito similar a las estrategias que usan los narcotraficantes a nivel mundial, hay operadores, soldados, y otros que van generando diversas figuras para encubrir el robo de cable, y hay organizaciones que conspiran y van generando delitos tributarios, ya que crean sociedades y dan vía legal, mediante facturas, a este material robado. De hecho, la persona detenida alega que tiene facturas, pero en su mayoría son falsas”.