Con llamado de atención de la ONU al Gobierno, entran en vigencia la controvertida Ley “Antisaqueos” y las sanciones para “el que baila pasa”

Este jueves apareció en el Diario Oficial la Ley N°21.208, más conocida como “antisaqueos”, “antibarricadas” y que incluye sanciones a “el que baila pasa”. Con su publicación, esta norma que modifica el Código Penal ya entró en plena vigencia, lo que fue celebrado por el Gobierno.

“Hoy entró en vigencia la ley fue publicada en el Diario Oficial, y la Fiscalía y los tribunales de justicia tendrán más herramientas para sancionar estos gravísimos delitos de desórdenes públicos. No va a haber impunidad”, destacó temprano por la mañana el ministro del Interior Gonzalo Blumel, uno de los principales promotores de la nueva legislación.

Sin embargo, lo que pasa por alto el Ejecutivo es el llamado de atención que recibió el Gobierno desde la ONU. El pasado 23 de enero, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet– envió un documento reservado de tres páginas donde se expresa a La Moneda su preocupación por la promulgación de esta ley, revela Radio Bio Bio.

El documento del Relator Especial del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), Clement Nyaletsossi Voule, critica la modificación del artículo 268 del Código Penal, argumentando que atenta contra el derecho de libre reunión y asociación.

“Si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción (…) durante las manifestaciones”, se lee en el documento.

Y agrega: “Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado (…) ni tampoco (…) los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”, señala el documento .

Según el relator especial, la falta de claridad deja un amplio margen de interpretación legal e iría contra la “expresión legítima del derecho a libertad de reunión pacífica y asociación”.

Luego, Nyaletsossi Voule, asegura que la Ley Antisqueos es preocupante “tomando en cuenta el contexto local que ha caracterizado el país desde el octubre pasado (…) por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes)”.

Por eso, el alto funcionario solicitó a La Moneda que explicara en un informe al ACNUDH, cómo la autoridad pretendía adecuar el marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile y “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.

Cabe recordar que no es la primera vez que una institución de la ONU critica el accionar del Gobierno en relación al estallido social. Hace unas semanas, Jan Jarab, el representante regional para América del Sur de la ACNUDH, envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresó su preocupación por la denominada “agenda de seguridad” impulsada por el Gobierno, y asegura que «la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y «la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio».

La respuesta de La Moneda

El 27 de enero, desde La Moneda enviaron una respuesta al documento de Ginebra señalando enfáticamente que “no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.

En el informe de 6 páginas publicado también por Radio Bío Bío, el Ejecutivo se indicó que durante la tramitación legislativa del proyecto, fueron considerados “cuidadosamente” esos preceptos constitucionales. Para ejemplificar, se citó la explicación que entregó el senador PPD Felipe Harboe en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

“En efecto, tal como se señaló por senadores que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: “(…) si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle (…) no queda sancionada por esta disposición”, señala el documento.

La respuesta oficial defiende que la nueva legislación permite “que las personas manifiesten sus opiniones en la vía pública, perturbando e incluso interrumpiendo el tráfico, siempre que lo hagan de manera pacífica (…) pero que no lo hagan usando barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general, ya que este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.