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La gigante brasileña anunció que busca una indemnización para «preservar sus legítimos derechos» porque Perú «violó sus obligaciones» [ACTUALIZADA]
El primer ministro de Perú, Vicente Zeballos, criticó este miércoles la «frescura» (desvergüenza) que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht al demandar por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Eje de un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos y otros dirigentes latinoamericanos, la gigante brasileña anunció haber acudido al CIADI -Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington- en busca de una indemnización para «preservar sus legítimos derechos» porque, según la empresa, Lima «violó sus obligaciones».
Zeballos recordó que Odebrecht reconoció «graves hechos de corrupción» ante la Fiscalía peruana, con la que firmó un convenio de colaboración. «Resulta irónico poder compartir que, a pesar de estos hechos que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente, y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje», dijo el funcionario.
La demanda fue interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, e indica que Perú «canceló de manera arbitraria» el contrato del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan sus derechos, como la ejecución de la carta fianza correspondiente. También señala que sus admitidos actos de corrupción en diferentes proyectos en el país no abarcan la concesión del GSP.
Aunque la información de la demanda fue revelada por el Ministerio de Economía, Zeballos sostuvo que el Estado peruano todavía no ha sido notificado formalmente, pero «va a acudir, como es su trayectoria, a una defensa irrestricta de sus intereses».
La controversia se originó porque el gobierno canceló, el 24 de enero de 2017, el contrato para la construcción del GSP, del que ya se había hecho un tercio. La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa. El contrato fue cancelado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski después de que la brasileña admitiera que había pagado 29 millones en sobornos a funcionarios y políticos peruanos para conseguir negocios.
Odebrecht, que ha suscrito un acuerdo con la Fiscalía peruana para colaborar en las indagaciones del escándalo, argumentó que la cancelación del contrato fue un «golpe muy fuerte» para la empresa frente a sus acreedores y aseguradores internacionales. Destacó además que Perú no la indemnizó al cancelar el contrato, a pesar de que había gastado más de 1.000 millones de dólares obtenidos en créditos en diversos bancos brasileños y extranjeros. Las obras del gasoducto están paralizadas hasta ahora.
