CULTURA
Los firmantes dieron a conocer una carta abierta, en respuesta a la misiva publicada recientemente por la autodenominada “Comunidad por el Patrimonio de Chile”, donde se preguntan «si quienes firmaron, habrán leído y analizado en detalle el proyecto de Ley de Patrimonio que se encuentra en el Congreso».
Varias organizaciones sociales llamaron a no aprobar la Ley del Patrimonio, que actualmente se tramita en el Parlamento, bajo el argumento de que fue hecha «entre cuatro paredes».
Los firmantes dieron a conocer una carta abierta, en respuesta a la misiva publicada recientemente por la autodenominada “Comunidad por el Patrimonio de Chile”, donde figuran varias figuras de la ex Concertación, donde se preguntan «si quienes firmaron, habrán leído y analizado en detalle el proyecto de Ley de Patrimonio que se encuentra en el Congreso».
«La duda surge porque sus argumentos no se relacionan con los efectos que tendrá dicho proyecto en caso de ser aprobado», señalan los firmantes.
Entre ellos figuran la académica Nury González, el editor Fernando Pairicán, la Premio Nacional de Humanidades Sonia Montecino, el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner, la cantante Tita Parra, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la Red de Sitios de Memoria, el Colegio de Arqueólogos, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales,la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP), así como los diputados Claudia Mix, Daniel Núñez y Raúl Saldívar, entre otros.
Para los firmantes, «este proyecto, que ha sido elaborado entre cuatro paredes, sin la participación de las comunidades detentoras del patrimonio, las principales artífices de su mantención y salvaguarda, carece por ello de alma».
«Desprotege el patrimonio y la propiedad intelectual del mismo (sobre todo del intangible), centraliza y burocratiza aún más sus mecanismos de protección, fragmenta los niveles de decisión limitando la posibilidad de que la ciudadanía y los y las cultoras puedan influir en la toma de decisiones, desliga a la institucionalidad del sistema de evaluación de impacto ambiental, no integra de forma coherente la institucionalidad patrimonial con otros organismos que inciden en estos ámbitos, no fortalece mecanismos de fiscalización, impide la organización entre trabajadores públicos del patrimonio y crea un organismo totalmente dependiente de los gobiernos, aumentando el riesgo de manipulaciones políticas y de los intereses de turno», acusa.
Para los firmantes, es un proyecto de ley «heredero del espíritu y de las lógicas de la Constitución del 80, las mismas que hoy están siendo cuestionadas de forma transversal en el país».
«Por este motivo, y porque su núcleo se ha construido sobre la base de una epistemología, de una metodología y una ética obsoletas, creemos firmemente que no es posible subsanar el proyecto mediante indicaciones ni esperar que los reglamentos reparen sus falencias, sino que se requiere de un nuevo proceso de redacción», señalan.
«Este proceso debe tener como eje central un profundo respeto hacia los y las cultoras, los pueblos originarios, los y las expertas y conocedores, y la ciudadanía en general, desde la perspectiva de derechos culturales y territoriales de las comunidades y de su participación en lo que serán los destinos de sus acervos», agregan.
«Reducir los problemas del patrimonio a un tema de financiamiento – que por cierto tampoco es fortalecido en el proyecto de ley en cuestión -, significa ignorar la complejidad que presenta, tanto desde sus vertientes materiales como inmateriales, y desconocer las reales amenazas de nuestros acervos culturales. Asimismo, vincular de forma simplista la precariedad histórica de los patrimonios con la intervención y destrucción de monumentos en el contexto del estallido social sugiere, al menos, que en el trasfondo existe un respaldo político hacia el actuar del gobierno y una actitud meramente reactiva, pues la sola aprobación de la ley no impedirá este tipo de acciones. Por lo demás, la coyuntura exige una reflexión profunda respecto a las transformaciones sociales y culturales que hoy se disputan, las que no podemos reducir a lo meramente normativo», señalana.
Según la misiva, la actual crisis social e institucional que enfrenta Chile requiere respuestas apropiadas. «Una de aquellas respuestas es el nunca más sin nosotros. Una Ley de Patrimonio en estos tiempos, no puede hacerse de espaldas a las personas y sin consulta Indígena previa e informada», dicen.
«De este modo, no nos podemos hacer parte de la invitación que nos hace la autodenominada ‘Comunidad por el Patrimonio de Chile» a «avanzar en la construcción de una nueva etapa de nuestra comunidad’, pues es una llamada más bien al olvido, a la homogenización y a la invisibilización de la agencia que históricamente han tenido las comunidades locales respecto de la protección de su patrimonio, así como a la negación de sus derechos culturales», dicen.
«Nosotros y nosotras, por el contrario, invitamos a la realización de un proceso amplio y democrático donde las protagonistas sean las comunidades portadoras del patrimonio tangible e intangible, en su diversidad de actores, quienes diagnostiquen y redacten un borrador que sea transformado en proyecto de ley para que este no sea solo producto de la mirada de un grupo de interés, de una élite y de un gobierno, sino que tenga una visión de Estado y ciudadana. A esta invitación ya han acudido más de 5.000 personas firmantes de la carta ‘Rechazo ciudadano al proyecto de Ley del Patrimonio Cultural’ que presentó el Ejecutivo».
«Estamos de acuerdo en que se necesita una nueva ley, pero requerimos una cuya sostenibilidad y legitimidad radique en haber sido construida en conjunto con la pluralidad de voces que representan a los diferentes pueblos y comunidades que habitan nuestro territorio, y que entregue potentes herramientas a la ciudadanía, pueblos originarios y afrodescendientes, para la efectiva protección y salvaguarda de sus culturas y sus patrimonios», concluye.
