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Jorge Pizarro dio por cerrado el caso y acusó falta de objetividad del Ministerio Público. El legislador acusa que se forzó a su hijo a elegir entre un juicio simplificado o ser parte de un juicio oral de larga duración. «Esta última opción es imposible de sostener debido al alto costo laboral y familiar que ello involucra», comentó.
Tras una serie de postergaciones, finalmente el 8° Juzgado de Garantía de Santiago celebró la audiencia en la que condenó al hijo del senador Jorge Pizarro (DC), Sebastián Pizarro Cristi, por delitos tributarios en el marco del caso SQM por financiamiento irregular de la política. Frente a esto, el parlamentario -que también se involucró en una presunta triangulación de platas políticas- dio por finalizada la causa y apuntó sus críticas contra el Ministerio Público.
«Damos por cerrado el caso que involucró a la empresa Ventus S.A. y donde se me acusó de uso de platas políticas. Sin embargo, una vez leído el fallo contra mi hijo Sebastián Pizarro Cristi, no puedo sino advertir la falta absoluta de objetividad respecto del proceder del Ministerio Público, quien llevó a cabo una persecución política por sobre la judicial», señaló el senador a través de una declaración pública.
Pizarro recordó que en octubre 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por amplia mayoría la solicitud de su desafuero al no demostrarse algún comportamiento o antecedente constitutivo de delito, ponderando dicho tribunal todos los antecedentes recogidos por el Ministerio Público en una investigación que se extendió por casi cinco años.
«Con esto fui sobreseído definitivamente de todos los hechos imputados, quedando establecida la falta absoluta de mérito en la imputación formulada por el persecutor, siendo aquello informado al 8vo Juzgado de Garantía de Santiago», argumentó Pizarro.
No obstante, y en el marco del mismo caso -al contrario de las salidas alternativas ofrecidas a otros acusados en idéntica posición- el senador acusa que se forzó a su hijo a elegir entre un juicio simplificado o ser parte de un juicio oral de larga duración. «Esta última opción es imposible de sostener debido al alto costo laboral y familiar que ello involucra», comentó.
Pizarro aclaró que la elección a la que se obligó a Sebastián Pizarro Cristi «no significa en ningún caso aceptar financiamiento irregular de la política, como mañosamente apunta la fiscal a cargo. Sino que responde más bien a la imposibilidad de seguir otro largo período de tiempo en medio de una acusación infundada que la Fiscalía busca mantener para sacar algún tipo de provecho propio ante la opinión pública».
Por último, el legislador lamentó y reprochó las conclusiones que, desde su punto de vista, «convenientemente está tratando de instalar la Fiscalía, las que sólo confirman la infracción del principio de objetividad que ha caracterizado al actuar del Ministerio Público en mi caso, y que a la vez, omite convenientemente los porfiados hechos: en la única instancia en que un tribunal ha revisado su imputación, ésta fue inapelablemente rechazada por manifiesta falta de fundamento».
