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La institución levantó los casos de la población penal que, producto de su situación, ya sea por alguna enfermedad o edad, presentan mayor riesgo de contagio, a fin de lograr el reemplazo de la medida cautelar de prisión por aquella de arresto domiciliario.
La Defensoría Penal Pública revisó más de 150 casos que seleccionó en la Región Metropolitana como parte de la población penal de riesgo producto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19. Y es que según consigna El Mercurio, la institución presentó una iniciativa pronta a convertirse en ley a favor de los condenados: la presentación de una batería de recursos en beneficio de imputados.
«Se ha solicitado la sustitución de la prisión preventiva en la Región Metropolitana de, al menos, 150 casos. Solo en la Defensoría Metropolitana Sur se ha solicitado respecto de 80 personas dicha sustitución, porque consideramos que las personas privadas de libertad constituyen hoy en sí mismas un grupo de especial vulnerabilidad frente a la pandemia covid-19», confirmó la defensora regional metropolitana Sur, Loreto Flores, al matutino.
Flores añadió que dentro de esta vulnerabilidad hay también grupos especialmente sensibles y es por eso que, en coordinación con Gendarmería, «se ha hecho una revisión respecto de personas que son mayores de 60 años, que tienen una enfermedad crónica (…), mujeres que actualmente se encuentran embarazadas y de aquellas que tienen hijos lactantes al interior del penal».
En esos casos, explicó Flores, «consideramos que se puede sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar que es restrictiva de libertad tanto como estar encerrado en la cárcel, esto es el arresto domiciliario total, pero (la persona está) en mejores condiciones».
