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El Poder Ejecutivo resolvió asimismo prorrogar hasta el 12 de abril, cuando terminará el aislamiento social obligatorio en Argentina, el cierre de fronteras a extranjeros aunque decidió flexibilizar un ingreso paulatino y escalonado de argentinos por pasos limítrofes terrestres y por vía aérea y marítima.
El Gobierno argentino dispuso este miércoles la prohibición de los despidos sin justa causa y la suspensión de trabajadores por las causales de falta o disminución de trabajo durante un plazo de 60 días, entre otras medidas para limitar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus en el país sudamericano.
El Poder Ejecutivo resolvió asimismo prorrogar hasta el 12 de abril, cuando terminará el aislamiento social obligatorio en Argentina, el cierre de fronteras a extranjeros aunque decidió flexibilizar un ingreso paulatino y escalonado de argentinos por pasos limítrofes terrestres y por vía aérea y marítima.
Las medidas fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, junto con otras resoluciones vinculadas con la prórroga de la cuarentena total obligatoria hasta después de la Semana Santa dispuesta por el presidente Alberto Fernández para frenar la propagación del COVID-19.
Argentina superó el millar de casos confirmados de coronavirus, con un total de 1.050, de los cuales 27 fallecieron y otros 248 recibieron el alta médica, según informaron esta mañana las autoridades sanitarias.
El decreto presidencial dispone la prohibición por 60 días de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y de las suspensiones por estos mismos motivos, en momentos en que la economía argentina en recesión hace dos años se encuentra ahora casi paralizada por la cuarentena obligatoria y total dispuesta por el Poder Ejecutivo desde el 20 de marzo hasta el 12 de abril.
El Gobierno justificó la medida en el hecho de que «resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras» e «indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social en todos los niveles y no con medidas unilaterales».
La prohibición se conoció días después de que Fernández llamó «miserables» a los empresarios que despiden trabajadores en medio de la cuarentena e instó a la empresa Techint, uno de los principales grupos económicos del país, a reconsiderar la desvinculación de unos 1.400 operarios del sector de la construcción.
Por la cuarentena obligatoria, sólo cerca del 40 % de los sectores económicos sigue funcionando de manera casi normal, entre ellos el agro, la producción y comercialización de alimentos y medicamentos, hidrocarburos, la generación y distribución de luz, agua y gas y la administración pública.
Según un reciente informe de la consultora Analytica, el aislamiento social y obligatorio pondría en riesgo al 64 % de los 19 millones de puestos de trabajo en el país.
En otro decreto, el Gobierno argentino decidió este miércoles prorrogar hasta el 12 de abril la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes «con el fin de minimizar el ingreso al territorio nacional de posibles vectores de contagio».
En cambio, se autorizó la apertura paulatina de las fronteras para los argentinos que quedaron varados en el exterior.
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, explicó en declaraciones al canal noticioso TN que «se habilitarán ocho pasos fronterizos terrestres y podrán ingresar hasta 500 personas por día», con el objetivo de «generar una apertura de las fronteras ordenada, programada y donde se pueda realizar los controles sanitarios».
También será reabierto el ingreso de forma «escalonada» de ciudadanos argentinos y residentes por vía aérea y marítima.
«El único lugar habilitado para aviones será (el aeropuerto internacional que sirve a Buenos Aires) Ezeiza, donde tenemos todos los dispositivos para controlar a las personas y el transporte para trasladarlos a sus provincias», destacó la funcionaria, que precisó que se autorizarán en primer lugar los vuelos desde lugares que no son considerados de alto riesgo.
