PAÍS
Ambas instituciones manifestaron su desmarque al plan de retorno anunciado por el presidente Sebastián Piñera. Mientras la entidad fiscalizadora oficializó su postura en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público lo manifestó a través de una email que el fiscal nacional, Jorge Abbott envió internamente.
Por diversos flancos fue criticada la decisión del Presidente Sebastián Piñera de instruir a sus ministros, a través de un oficio firmado por los ministros Blumel y Briones de Interior y Hacienda respectivamente, para que los funcionarios públicos retomen el trabajo presencial desde este lunes.
La decisión sumó detractores a lo largo del día y tanto los empleados públicos como parlamentarios de oposición se han mostrado en negativa al pedido de La Moneda.
Tras el anuncio del Gobierno, la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional manifestaron su desmarque al plan anunciado por el presidente Sebastián Piñera.
El Ministerio Público oficializó su postura a través de una email que el fiscal nacional, Jorge Abbott envió internamente.
«Al ser el Ministerio Público una institución autónoma del Estado, la mencionada instrucción no nos resulta aplicable», dice el correo del fiscal nacional.
Abbott agregó que “como lo hice saber ayer a todos los fiscales regionales y durante el día de hoy a todas las Asociaciones de Fiscales y Funcionarios, he resuelto no innovar en el sistema de trabajo vigente en tanto no disponga de los medios y garantías para resguardar la salud de nuestros fiscales y funcionarios, sistema que se encuentra plasmado en el protocolo respectivo”.
En tanto la Contraloría señaló a través de Twitter que «es efectivo que nuestra institución mantiene su modalidad de trabajo remoto».
«Las razones esgrimidas se basan en que remótamente seguimos manteniendo la continuidad del servicio, aunque manteniendo en primer lugar el cuidado de la salud de funcionarios/as», destacó Contraloria en la red social.
Cabe mencionar que el plan de retorno al trabajo presencial del sector público, anunciado el viernes por el Gobierno, será gradual y resguardando condiciones sanitarias, y excluirá a funcionarios mayores de 70 años y también a los que forman parte del grupo de riesgo.
