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Los funcionarios aseguran que la instrucción presidencial es un acto que linda en lo criminal, razón por la cual, además de rechazarla categóricamente, «se hace el deber de anunciar públicamente que se tomarán todas las iniciativas judiciales y políticas que permitan evitar la concreción de una decisión de suyo inhumana e inmoral».
El Presidente Sebastián Piñera a instruyó a sus ministros a ordenar el retorno gradual de las y los funcionarios públicos de la administración del Estado, a sus labores habituales de modo presencial, señalando que se excluyen de dicha orden presidencial a los grupos de riesgo, debiéndose completar dicho retorno, al término de abril del presente. Ante esta decisión presidencial fue calificada como un «total desatino» por parte del Directorio Nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam).
A través de un comunicado, los trabajadores de la salud señalaron que la evidencia disponible respecto del desarrollo de la Pandemia de Covid-19 señala con claridad que Chile no ha alcanzado el peak de contagios que son previsibles en la población general. Y, al contrario, estamos aún en la fase de crecimiento no exponencial del número de contagios y con una baja cifra de personas fallecidas, estimándose para mayo y junio próximos, que se produzca la fase más crítica del problema, momento en el cual pronostican un colapso de los servicios públicos y privados de salud cuyas consecuencias desastrosas ya se han sufrido en países con mayores niveles de desarrollo que el nuestro.
«Pese al Estado de Catástrofe que impera en el país, los servicios públicos han continuado en funcionamiento las 24 horas del día y los 7 días de cada semana, sea de manera presencial o por teletrabajo», aclararon. «Es un hecho que los servicios de salud, además de continuar funcionando de modo permanente, han debido adecuarse a la nueva realidad adoptando distintas modalidades de trabajo a efectos de lograr la mayor eficiencia posible para enfrentar el momento crítico que vive el país junto al mundo entero», añadieron entregando como dato que a la fecha, sin haberse alcanzado el peak de contagios por el coronavirus, «tenemos a cientos de funcionarias y funcionarios contagiados, algunos en estado de gravedad hospitalizados en UCI».
A juicio de la Confusam, la medida anunciada por el Gobierno es una muestra categórica respecto de dónde están las prioridades de las autoridades del Ejecutivo, las que, enfrentadas al dilema entre el resguardo a la salud y la vida de las personas y la salud de la economía, «se inclinan por proteger esta última en desmedro de millones de personas que dada la opción preferencial del Gobierno por el tema económico, se verán expuestas, sobretodo las de los estratos más vulnerables, a sufrir las consecuencias de la Pandemia, tal cual ha ocurrido en otros países que actuaron de manera similar, como Italia, EE UU, Gran Bretaña, Brasil y Ecuador, por mencionar algunos».
Los funcionarios aseguran que la instrucción presidencial es un acto que linda en lo criminal, razón por la cual, además de rechazarla categóricamente, «se hace el deber de anunciar públicamente que se tomarán todas las iniciativas judiciales y políticas que permitan evitar la concreción de una decisión de suyo inhumana e inmoral».
«En lo que a salud municipal se refiere, la Confusam hace un llamado a todas las máximas autoridades municipales a mantener las medidas adoptadas ante la Pandemia de Covid-19, marginando de labores presenciales a personal en condición de riesgo, así como los sistemas de turnos rotativos que permiten una gestión más eficiente de los equipos de salud en esta contingencia», finalizaron.
