PAÍS
El Consejo de Defensa del Estado recibió notificación de dos civiles que acusan haber sido heridas por Carabineros.
Una de las cicatrices que quedó en la memoria chilena, tras el estallido social del 18 de octubre, fue la numerosa cantidad de personas que, en el contexto de las manifestaciones, recibió el impacto de las armas de Carabineros.
Emblemáticos son los casos de Gustavo Gatica, quien perdió la visión luego de recibir balines en una protesta, y el de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza policial. Estos y otros casos constatan vulneraciones a los Derechos Humanos por los que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha decidido querellarse.
Según consigna La Tercera, si bien aún no hay demandas civiles por hechos en los que el CDE ha presentado querellas, ya han sido notificados de dos acciones por la afectación de balines en protestas. Una de ellas ya está siendo analizada por la justicia se tramita en el Primer Juzgado de Letras de Arica.
Recordemos que el pasado 28 de abril se acordó por el CDE que todas las causas de esta naturaleza sean derivadas de inmediato al Comité Penal.
De acuerdo al matutino, se trata de una mujer que acusa que el 28 de octubre su hija recibió un perdigón en la cabeza y terminó con una herida cortante en la frente, calificada como grave por el Servicio Médico Legal. La mujer pide $ 250 millones de indemnización. De ese monto, $ 25 millones corresponden a los gastos derivados del tratamiento de la lesión y psiquiátrico y psicológico de la familia, y $ 225 millones por daño moral.
El segundo caso se tramita en el Tercer Juzgado Civil de Concepción y se trata de una mujer que, según la presentación, perdió el 40% de la visión del ojo izquierdo por el impacto de un balín. Pide que se le paguen $ 110 millones ($ 80 millones para ella y otros $ 30 millones para su madre).
«El tribunal debe considerar las circunstancias relativas a la conducta de los demandantes mayores de edad y su colaboración causal en el daño propio sufrido, en el contexto de una protesta (…) que había dejado de ser a todas luces una protesta pacífica, y por consiguiente, fuera de aquellas protegidas por la Constitución», señalan desde el CDE.
«Al menos media hora antes de producirse la herida de la menor, la avenida Comandante San Martín fue bloqueada con barricadas en la esquina (…), violencia que aumentó (…) produciéndose enfrentamientos entre manifestantes y los guardias de la Gobernación Marítima de Arica. Queda en evidencia que la manifestación ya no era pacífica. La permanencia en el lugar de menores de edad aconsejaba a los padres responsables la adopción de medidas que atenuaran aquellos riesgos», añadieron.
El tribunal resolvió el 7 de mayo tener por evacuado el trámite de dúplica y se citó a las partes a una audiencia de conciliación. La notificación de esa resolución se encuentra suspendida, debido a la crisis del Covid-19.
