CULTURA
Acusan al Ministerio de aprovechar la pandemia para actuaciones contrarias a los intereses de los pueblos originarios, especialmente en relación a la no celebración de la consulta respectiva, en el marco de la tramitación de la modificación de la Ley del Patrimonio.
El Frente del Patrimonio manifestó este lunes su malestar al gobierno de Sebastián Piñera en una carta abierta por actuaciones y declaraciones del subsecretario Emilio de la Cerda en relación a la modificación en curso de la Ley del Patrimonio.
Entre otros, la entidad acusa al gobierno de aprovechar la pandemia para no realizar la consulta indígena requerida para el proyecto en discusión, la creación de una mesa sin representatividad y de aplicar una encuesta on line inválida.
El Frente está integrado, entre otros, por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas de Chile, la Asociación Nacional de Trabajador@s del Patrimonio (ANATRAP), la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), la Red Sitios de Memoria, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (SIDARTE).
«Desde que su gobierno, ingresara el Proyecto que modifica la actual ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales o Ley del Patrimonio, en el mes de junio de 2019, hemos planteado en las más diversas instancias del Ejecutivo, del Parlamento, de las comunidades y de la opinión pública en general, nuestro profundo desacuerdo con este proyecto de ley que, tratándose del Patrimonio, carece de la legitimidad e imprescindible participación amplia del mundo del patrimonio y de las comunidades, como también de los actores, organizaciones e instituciones», alertó la entidad.
Particularmente en relación al patrimonio indígena afecto por este proyecto de ley, no está considerada la realización de la consulta indígena, en conformidad con una obligación del Estado de Chile establecida en el Convenio N° 169 de la O.I.T, señala la carta.
«Chile y sus comunidades necesitan una nueva ley de patrimonio, pero ésta debe ser expresión legítima de la participación de las comunidades culturales y patrimoniales, que son en definitiva los sujetos y actores vivos del patrimonio. Nosotros no sólo queremos una nueva ley del patrimonio. Tenemos propuestas y hemos trabajado arduamente en ellas, sin que hasta ahora hayan sido consideradas por el Ejecutivo. Y hemos planteado también que esas y otras propuestas, deben ser abiertas a la participación de todos los actores del mundo del patrimonio en un proceso democrático, incluyente y legítimo», dicen.
Como resultado de la acción social del Frente con las comunidades en todo Chile, con la opinión pública y en el marco del primer trámite legislativo del proyecto de ley del patrimonio, -y después de exponer sus planteamientos centrales sobre el tema-, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el Frente logró un «bien valorado acuerdo» en el mes de febrero del presente año.
«Con la voluntad y acuerdo de la unanimidad de los H. Diputados que integran la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y con el compromiso formal ante la misma, por parte del señor Subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, acordamos que se constituiría una mesa de trabajo integrada por los parlamentarios y sus asesores, por el Ejecutivo y por el Frente por el Patrimonio, cuyo objetivo sería abrir una amplia y abierta participación con la comunidades y actores patrimoniales cuyo horizonte era el año 2020, con el fin de generar participativamente una Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley del Patrimonio, incluyendo la consulta indígena con todos sus procedimientos».
Ese fue el estado en que se encontraba el proyecto de ley del patrimonio, al inicio de la pandemia del COVID-19 que significó la adopción de medidas sanitarias de confinamiento que afectaron la labor legislativa.
«La semana pasada, la Subsecretaría del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, envió a los funcionarios públicos de las dos Subsecretarías de dicho Ministerio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, una ‘Encuesta on line’, sobre diversos aspectos del Proyecto de ley del Patrimonio, intentando una vez más, en forma ilegítima, espuria y sin participación en este caso de los trabajadores, aplicar un instrumento no validado conjuntamente, para legitimar una falsa participación de los trabajadores», acusa el Frente.
«Y además sostiene que esto, es parte del proceso participativo y del trabajo parlamentario, como también de los encuentros institucionales regionales del patrimonio realizados anteriormente».
En el marco de la misma encuesta, el Subsecretario del Patrimonio anunció que “hemos decidido ingresar próximamente una indicación sustitutiva que reemplazará al proyecto de ley original, para incorporar buena parte de estas propuestas y continuar así la tramitación legislativa”.
Si esta decisión fuera efectiva, por parte del gobierno, entonces esta vez, todos los diputados de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados serán testigos directos de la absoluta falta a la ética pública y al cumplimiento de su palabra del subsecretario del Patrimonio Emilio de la Cerda, la cual está debidamente registrada en la sesión donde se plasmó el acuerdo ya referido, alertó el Frente.
El Frente por el Patrimonio, además de oponerse a esta medida y de organizar todo cuanto impida a su concreción, solicitará formalmente en las instancias que corresponda, que el gobierno y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio asuman la responsabilidad política por este grave hecho.
«Y solicitamos a Ud., se deje sin efecto este anuncio del Subsecretario del Patrimonio», pidió el Frente a Piñera.
«Con este anuncio, no sólo se trasgrede la ética y la credibilidad de las autoridades superiores del gobierno, sino que también se transgrede gravemente el cumplimiento de tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile como el Convenio N° 169 sobre la consulta indígena», continúa la carta.
«Como bien es de vuestro conocimiento, el Convenio 169 de la OIT, consagra para los Pueblos Indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada de cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte directamente. Las organizaciones ciudadanas que forman el Frente del Patrimonio hemos solicitado al Ejecutivo la realización de la Consulta Nacional indígena, previa e informada».
Una de las razones más importantes que fundamenta la realización de la Consulta Indígena en este Proyecto de Ley, tiene relación con entender que el denominado “Patrimonio Indígena” (denominación no existente como concepto en los Pueblos), no tiene una división entre lo material e inmaterial, constituyen un todo indivisible.
«Esto no se resuelve ni se aborda correctamente en el proyecto de ley, sino que perpetúa una mirada occidental y academicista», dice la misiva.
Sin embargo, se ha desarrollado una jurisprudencia internacional que permite la comprensión de lo anteriormente señalado, reconociendo «la Comunidad Indígena como un sujeto colectivo de protección de derechos fundamentales, que trasciende la sola idea de los sujetos individualmente considerados. La comunidad aparece, así como dotada de una singularidad propia, lo que se considera el presupuesto del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural que se consagra”.
Entonces, la Consulta aparece como un derecho fundamental “pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”, según el Frente.
«Por lo tanto, si no se llevan adelante este tipo de procesos, el Estado incurre eventualmente en una responsabilidad doble: (a) internacional, ya que incumple compromisos vinculantes que han sido suscritos siguiendo los procedimientos debidos, y (b) constitucional, en tanto la omisión de un requisito en la tramitación legislativa podría ocasionar la declaración de nulidad de dicha declaración por parte de un tribunal del fondo, dado que la norma sobre consulta supuso la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional», dice.
En este marco de la pandemia del COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ha recibido y ha tomado nota de la preocupación manifestada por los Pueblos Indígenas, debido a múltiples situaciones que los afectan, entre las que se encuentran permisos de explotación en territorios indígenas; tratamiento legislativo de normativas que afectan directamente la vida material y espiritual de estos colectivos; e implementación de procedimientos de consulta y consentimiento previo vía plataformas digitales.
La resolución 1-20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indica en su artículo 57 que los Estados debieran abstenerse, en el marco de la Pandemia del COVID -19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (considerando las recomendaciones de la OMS de mantener medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
Dado todo lo anterior, avanzar el proyecto de ley del patrimonio sin realizar en forma y fondo la consulta indígena, sería contradecir lo determinado por la Comisión Interamericana que señala que “no se pueden realizar medidas legislativas establecidas o propuestas debido a la situación existente, como también, implica una doble responsabilidad jurídica internacional”, señala la carta.
«En un acto que atenta contra la dignidad de los Pueblos Indígenas, el pasado 14 de mayo, el Subsecretario del Patrimonio, invitó a los Consejeros regionales y nacionales indígenas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a integrar una Mesa Técnica que colabore o aporte a la redacción de una ley especial de Patrimonio Indígena. Dicha ley estaría fuera o en forma apartada del proyecto de ley del patrimonio, sin respetar los acuerdos señalados anteriormente y ofendiendo la dignidad y representatividad de los pueblos originarios, pues dichos representantes no se encuentran facultados para ejercer dicha representación», acusa el Frente.
«Llamamos la atención sobre este tipo de conductas poco respetuosas del Subsecretario, considerando el sensible tema del trato histórico que han tenido nuestros Pueblos Indígenas desde el Estado. Nada garantiza que esto sea así. Y es muy probable que sea solo un intento más del Subsecretario para evitar realizar como corresponde, en el marco de la ley del patrimonio, la consulta indígena como un proceso genuinamente participativo y de buena fe. Y también separar el patrimonio indígena del patrimonio de las comunidades en general, puede constituir también otro acto discriminatorio, que se quiera imponer», alerta.
«Esperamos que el gobierno que usted dirige considere y atienda todos nuestros planteamientos expuestos en relación al proyecto de ley del patrimonio», concluye.
Firmantes
• Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas de Chile A.G., CAARCH • Asociación Nacional de Trabajador@s del Patrimonio, ANATRAP • Fundación Aldea • Fundación APUS • Centro de Estudios e Investigación Mapuche-Comunidad de Historia Mapuche • Sociedad de Escritores de Chile, SECH • Red Sitios de Memoria • Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ANFUPATRIMONIO. • Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de Cultura y las Artes, ANFUCULTURA. • Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP. • Asociación Gremial del Consejo de Monumentos Nacionales, A.G. CMN • Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales • Asamblea Originaria por la Descolonización y Plurinacionalidad, ASODEPLU • Asamblea Autoconvocada del Archivo Nacional • SIDARTE, Sindicato de Actores y Actrices de Chile.
