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Estas y otras brechas del sistema de justicia penal fueron las que dejó en evidencia el defensor nacional, Andrés Mahnke, en su balance de gestión 2019-2020, el que fue trasmitido en forma virtual vía streaming.
Una población penal desbordada, que supera los 42 mil privados de libertad, sumado a un altísimo hacinamiento en los recintos carcelarios del país, que hacen que un interno tenga 5 veces más posibilidades de contagiarse de coronavirus respecto de una persona en medio libre, son algunas de las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar para quienes son imputados por un delito, y que hoy alcanza a niveles cercanos al existente en la antigua justicia penal que hace 20 años fue reemplazada por la Reforma Procesal Penal.
Estas y otras brechas del sistema de justicia penal fueron las que dejó en evidencia el defensor nacional, Andrés Mahnke, en su balance de gestión 2019-2020, el que fue trasmitido en forma virtual vía streaming.
En el año 2000 el 48,5% de las personas privadas de libertad, eran imputados que esperaban un veredicto. Con la actual justicia penal, que ofrece diversas medidas cautelares, este porcentaje bordeó el 24% en 2007. Sin embargo, distintas modificaciones al Código Procesal Penal -al menos 29- sumados a cerca de 61 iniciativas que han variado los contenidos del Código Penal, han llevado a que hoy el 34,16% de la población penal sean personas imputadas en prisión preventiva.
“Se trata de brechas o espacios que dan pie a la vulneración de derechos o que simplemente se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma de la justicia chilena”, dijo Andrés Mahnke.
Agregó que estas modificaciones “y una creciente y errada percepción ciudadana respecto de un supuesto aumento permanente de la delincuencia han ido dejando en el olvido ciertos equilibrios y criterios de funcionamiento que fueron parte de la esencia inicial de la reforma”.
En su recuento recordó que, en reiteradas oportunidades, la Defensoría Penal Pública ha advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva que ha conllevado una condena anticipada para miles de personas, en circunstancias de que al menos un 50% de estos imputados serán absueltos o bien serán condenados con penas no privativas de libertad.
El Defensor Nacional también se refirió a las movilizaciones sociales iniciadas en octubre pasado, las que se incrementaron durante el último trimestre de 2019. Este hecho, entre otros, llevó a la institución a instaurar los turnos de defensores penales públicos en las comisarías, lo que permitió atender directamente a las personas detenidas en más de 110 cuarteles del país.
Estos turnos permitieron detectar un nuevo foco de inquietud para la Defensoría Penal Pública pues dejaron en evidencia que un número indeterminado de personas detenidas no llegaban al control de detención, quedando fuera del sistema judicial, y su paso por las comisarías tampoco quedaban en algún registro policial.
“Se trata de una brecha urgente de resolver, porque implica una cifra negra de personas que, eventualmente, vieron vulnerados sus derechos, tal como lo advirtieron en su momento distintos organismos internacionales de derechos humanos que visitaron el país”, dijo Andrés Mahnke.
Agregó que la Defensoría trabaja en el diseño de un “modelo de defensa para las primeras horas de detención”, con el respaldo técnico de EUROsocial+, organismo europeo de cooperación internacional y dijo que al alero de la Comisión de Justicia Penal, la Defensoría Penal Pública promovió un trabajo de coordinación entre las instituciones involucradas, básicamente para mejorar el registro de detenidos, de manera de poder asegurar sus derechos.
Como tarea pendiente para el sistema, Andrés Mahnke fue enfático en señalar que se hace necesario un control efectivo de la autoridad sobre las prácticas, protocolos y procedimientos policiales, en lo que -según dijo- “todavía existen demasiados espacios de discrecionalidad y autonomía que provocan efectos muy costosos y contrarios a la vigencia de los derechos de las personas”.
El trabajo desplegado en comisarías, audiencias y cárceles, le valió a la Defensoría el reconocimiento del Presidente Sebastián Piñera, por la labor realizada en materia de Derechos Humanos, destacando su fortalecimiento para enfrentar ese complejo escenario, al igual que lo hicieron diversos organismos internacionales de Derechos Humanos como ACNUDH, CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
La defensa de los derechos fundamentales también ha estado presente en la actual pandemia por Covid-19. Desde su llegada a Chile, los defensores penales públicos han recogido en su gestión las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos internacionales respecto de la obligación del Estado de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad ante la amenaza de contagio por coronavirus.
El 16 de marzo de 2020, la Defensoría adoptó el “Plan de Resguardo Institucional” con el propósito de dar cumplimiento a la defensa pública resguardando la seguridad de sus funcionarios para evitar la propagación del virus sin dejar a un lado la cautela continua del derecho a defensa y el respeto a los derechos humanos de todas las personas que representa.
En esta misión, los defensores se han abocado a la cautela de garantías fundamentales de los grupos más vulnerables a la pandemia, como son los privados de libertad. En este marco, el 1 de abril pasado inició una acción coordinada, simultánea y continua en todo el país tendiente a presentar recursos ante tribunales para que los privados de libertad pertenecientes a grupos vulnerables -mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, personas de la tercera edad y enfermos crónicos- puedan cambiar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.
También apoyó la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de otorgar indultos conmutativos a personas condenadas y pertenecientes a grupos de riesgo sanitaria; y del Ministerio de Salud con quienes instauró los “Operativos de Defensa y Salud” que ya se han realizado en 66 de los 83 centros penitenciarios del país, y en los que se busca entregar información sanitaria y judicial a los internos.
