PAÍS
En el informe presentado por el INDH se sostienen los estándares del derecho internacional y nacional de los derechos humanos aplicables a la consulta indígena y al concepto de tierras y territorios indígenas, debido a que el Estado chileno es firmante del Convenio 169.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe en derecho ante la Corte Suprema dando cuenta de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que regulan el proceso de consulta indígena, en el contexto de proyectos de inversión.
La central hidroeléctrica Llancalil, que busca emplazarse en Huife alto, comuna de Pucón, fue aprobada por la Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de la Araucanía, a través de una Declaración de Impacto Ambiental, el 17 de julio de 2019.
Frente esta resolución, la comunidad indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que fue rechazado en marzo pasado, y en el que indicaba que la evaluación ambiental no habría tomado en cuenta la visión de la comunidad a través del proceso de consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, además de otras irregularidades.
En el informe presentado por el INDH se sostienen los estándares del derecho internacional y nacional de los derechos humanos aplicables a la consulta indígena y al concepto de tierras y territorios indígenas, debido a que el Estado chileno es firmante del Convenio 169.
En la actualidad se encuentra pendiente un recurso de apelación presentado por la comunidad ante el máximo tribunal.
