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Las declaraciones del parlamentario por el distrito 6 se afirman en que, pese al fallo de la Corte Suprema el año pasado, en la bahía de Quintero siguen sufriendo “varios varamientos de carbón y alertas ambientales”. “Asimismo, chocamos con que de la larga lista de tareas encomendadas por la Corte Suprema los avances son poco y nada. No existe un sentido de urgencia ni tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar digno para vivir”, criticó.
A un año del fallo de la Corte Suprema en favor de los afectados por los casos de intoxicación en las comunas de Puchuncaví y Quintero, el diputado por el distrito 6, Diego Ibáñez (Convergencia Social), exigió aplicar mayor sentido de urgencia a las autoridades, ya que en esta “zona de sacrificio” se siguen registrando alertas ambientales.
En esa línea, Ibáñez declaró que “los episodios de intoxicación en Quintero Puchuncaví han entregado uno de los impactos más explícitos de un modelo económico que relegó la vida de las personas a un segundo plano en pos de un desarrollo económico que pasa por encima de la salud de la población y también de nuestro medio ambiente”.
“Por eso el fallo que publicó la Corte Suprema el año pasado fue una noticia alentadora, porque una institucionalidad al debe se intentaba poner al día con un pueblo y un territorio literalmente entregado al sacrificio”, graficó el parlamentario.
No obstante, calificó de “lamentablemente la realidad que este año nos vuelve a golpear”, puesto que la bahía de Quintero “ha sufrido varios varamientos de carbón y las alertas ambientales siguen encendiéndose periódicamente alternándonos de que la cantidad de dióxido de azufre sigue superando el máximo permitido”.
“Asimismo, chocamos con que de la larga lista de tareas encomendadas por la Corte Suprema los avances son poco y nada. No existe un sentido de urgencia ni tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar digno para vivir”, criticó.
Ibáñez también reconoce que hay que entender a las personas, a los niños, niñas y adolescentes, quienes “tienen el derecho a vivir en un lugar libre de contaminación y las instituciones debieran atender esa tarea con premura. La gente no puede seguir esperando”.
Por su parte, Manuel Pizarro Pérez, director del movimiento por la infancia de Quintero y Puchuncaví hizo un llamado a respetar lo señalado por la Corte Suprema: “A un año del fallo vemos que nada ha sido real, porque seguimos viviendo con peak de hidrocarburos. Necesitamos que el Presidente haga valer su palabra, que haya un antes y un después, tal como lo dijo en la ONU”, enfatizó.
Mientras que Marta Aravena, habitante de Puchuncaví y activista de Mujeres en Zonas de Sacrificio sostuvo que al cumplirse un año del fallo, “vemos con mucha desilusión que al día de hoy el cumplimiento ha sido nulo por parte de las autoridades (…) hemos tenido muchos peak de SO2 y vivimos permanentemente con episodios críticos. Somos una comuna muy lastimada en la que no se han hecho los cambios estructurales que necesitamos”.
Hace un año la Corte Suprema emitió un fallo histórico, acogiendo el recurso de protección interpuesto por 12 recurrentes en favor de las personas afectadas a raíz de la emergencia ambiental y sanitaria que, entre los días 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre de 2018, afectó a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.
En aquella oportunidad, la contaminación perjudicó a más de 700 personas –principalmente niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos mayores- quienes resultaron intoxicados por la inhalación de gases provenientes de las industrias que operan en la zona.
En el fallo, la Corte Suprema obligó a diferentes instituciones a implementar 15 medidas para reparar los daños y enmendar el rumbo en los territorios azotados por ser una zona de sacrificio, medida que según el legislador y los representantes no se ha cumplido porque los varamientos de carbón y los peaks de dióxido de azufre siguen siendo una constante para los y las habitantes de Quintero y Puchuncaví.
